Este 8M circularon fotografías y videos de algunas feministas entregando flores y abrazando a mujeres policías. Es difícil no alzar las cejas ante ello si recordamos las imágenes de otras manifestantes en agosto de 2019, rompiendo la puerta del Búnker, como se le conocía a la entonces Procuraduría General de Justicia de la capital del país, porque cuatro policías fueron acusados de violar a una mujer menor de edad en Azcapotzalco. Desde entonces y hasta ahora, ¿qué ha estado pasando entre feministas y policías en la Ciudad de México?

Empecemos por recapitular los hechos. En aquel agosto de hace tres años se dieron a conocer por lo menos tres denuncias de violencia sexual perpetrada por policías en contra de mujeres. Esto generó una indignación tal entre feministas que se convocó a una manifestación frente a la entonces Secretaría de Seguridad Ciudadana, un día lunes. ¿El hashtag de la convocatoria? #NoMeCuidanMeViolan. Los reclamos y exigencias feministas fueron contundentes y quedó claro que la violencia de los policías no se limitaba a esas denuncias: nótense todas las veces que han revictimizado a las mujeres que acuden al sistema de justicia tras vivir alguna forma de violencia o, sencillamente, toda la violencia que se ha vivido porque el Estado ha fallado en su deber de garantizarnos una vida libre de ella.

Lo que fue –y sigue siendo– interesante de dicho conflicto es que a quienes hemos estado protestando nos ha tocado reunirnos con las autoridades del gobierno, que son también mujeres y que incluso se llegan a nombrar feministas: la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, la fiscala general de Justicia Ernestina Godoy e Ingrid Gómez, quien ahora es secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México (también correspondería hablar, como mínimo, con el secretario de Seguridad Ciudadana, pero no lo vi en ninguna de las numerosas reuniones en las que tuve la oportunidad de participar). Ernestina Godoy mostró mucha disposición con el proceso y, como resultado, se han publicado reportes acerca del número de carpetas de investigación abiertas contra policías de la Ciudad de México por delitos sexuales.

Las cifras son terribles: sabemos que en casi tres años, desde el inicio de la actual administración hasta agosto de 2021, se abrieron 531 carpetas, la gran mayoría (402) por delitos sexuales presuntamente cometidos por policías de la ciudad; hasta el 31 de mayo de 2021, 90% de las carpetas seguían en trámite o habían sido archivadas. Además es importante advertir que 444 carpetas (81% del total) se abrieron después de esas manifestaciones de 2019 y, aunque podríamos considerar que son un efecto de ellas –es decir, podría deberse a que más víctimas están animándose a denunciar gracias a un contexto más favorecedor–, queda claro que no se le ha puesto fin a esta violencia. Todo esto, claro, tratándose de los casos que llegaron a denunciarse ante el propio Estado agresor.

El problema de la violencia policiaca es grave; las reacciones llenas de rabia de las feministas se entienden por la incapacidad del Estado no sólo de garantizar una vida libre de violencia, sino de impedir que sus propios agentes no violenten a las mujeres. Pero la 4T no lo vio de la misma manera.

La segunda manifestación de agosto de 2019 se llevó a cabo el viernes de la misma semana bajo el hashtag #ExigirJusticiaNoEsProvocación, pues Claudia Sheinbaum hizo declaraciones infames al caracterizar el actuar de las feministas como “provocaciones”. Su discurso estaba, finalmente, alineado con el de AMLO: condenaba las manifestaciones por ser “violentas”. ¿Cómo no enfurecerse más ante un gobierno que, encima, reprueba a quienes le exigen que cumpla con sus obligaciones? Hay que subrayar que, pese a que en esa segunda manifestación el Ángel de la Independencia resultó célebremente pintado y una estación de policía fue incendiada, los motivos originales de la protesta siguen sin ser debidamente atendidos. ¿Qué hay que hacer entonces para que el Estado haga su trabajo?

Regresemos a las flores y los abrazos con las policías en el pasado 8 de marzo. A la luz de lo anterior, en realidad no sorprende que quienes reconocen haber sido parte de esa iniciativa –un grupo autodenominado Mujeres en resistencia pacífica– sean feministas militantes de la así llamada Cuarta Transformación. La jefa de Gobierno lleva casi tres años martilleando un discurso en el que pueda reivindicarse como feminista y, a la vez, condenar las protestas que se han dado desde 2019, lamentando, en especial, que las manifestantes agredan a las policías mujeres, a quienes ponen en la primera línea, ante toda protesta feminista (¿a modo de carne de cañón, de escudo para el gobierno o como medida para desescalar conflicto? Es difícil decirlo).

En paralelo vemos violencia institucional machista durante las manifestaciones con encapsulamientos, abuso de polvo de extintor y uso de gas lacrimógeno, piedras y balas de gotcha, como sucedió el 8M de 2021. Un análisis detallado de estas agresiones entre policías y manifestantes amerita otro texto, pero lo central es que las confrontaciones continúan y siguen escalando. Llama la atención que, de plano, la Marina estuvo blindando el Palacio Nacional este año (de manera muy congruente con el militarismo de AMLO).

El hashtag promovido por ese grupo de feministas deja las cosas muy claras: lo que ellas quieren es un #8MPacífico, uno con el que el gobierno esté de acuerdo. Encarnan, por fin, a esas buenas feministas a las que han estado buscando y exhortando las cabezas del Poder Ejecutivo nacional y local: tan no confrontan a la policía que la abrazan, la festejan y le dan flores. Podríamos aventurarnos a pensar que esta acción tuvo una doble función (intencional o no): por un lado, demostrar que sí se puede protestar por las causas feministas “sin violencia” y que, por ende, las reacciones del Estado ante las malas y violentas feministas están justificadas; por otro, probar ante AMLO que las manifestaciones feministas pueden ser legítimas y merecen ser escuchadas, que a lo mejor no están compuestas de puras “infiltradas del conservadurismo de derecha”. Sheinbaum, en todo caso, hizo pública su aprobación de la acción de las Mujeres en resistencia pacífica hacia las policías.

No quiero ser injusta con las Mujeres en resistencia ni con las que son parte del movimiento. Conozco a unas tantas y, para empezar, sé que su diversidad de posturas y maneras de actuar dificulta ponerlas en un mismo saco. Creo firmemente que muchas tienen la intención genuina de construir un México libre de violencia y de injusticia, incluyendo las que se cometen contra las mujeres. En lo que a la policía concierne, entiendo la estrategia de las Mujeres en resistencia pacífica tanto de regalarles flores a modo de reconocimiento de su trabajo, como de apostarle a que las fuerzas armadas del Estado funcionen para bien. No comparto su perspectiva, pero la cuestión de cómo lograr justicia –especialmente, sin recurrir a intervenciones estatales basadas en el uso de la fuerza y el castigo– es muy complicada y no se ha discutido lo suficiente, al igual que en otros movimientos. Sí: platiquemos y reflexionemos acerca de las realidades de las mujeres que ejercen como policías (de las carpetas que cité antes, en veintiún casos ellas mismas son víctimas), incluso sobre las formas de manifestación feministas, pero también sobre la violencia institucional machista, el reconocimiento de la digna rabia, sobre cómo conceptualizamos la violencia y la resistencia, y la necesidad de medidas más contundentes y eficaces que desafortunadamente la actual administración sigue sin establecer.

México vive una situación crítica desde… siempre. No es muy razonable esperar que un gobierno logre, en tan sólo unos años, erradicar la precariedad, la violencia y cualquier otra forma de injusticia. Entiendo y respeto la lucha de las feministas que están aprovechando este momento de evolución para generar cambios dentro el Estado: definitivamente es un periodo más fértil y esperanzador que bajo otras administraciones. He visto cómo se han impulsado esfuerzos muy valiosos desde ahí, con las mejores intenciones; también he visto, desafortunadamente, cómo se enfrentan a obstáculos que se salen de sus manos. Uno de ellos es, a mis ojos, el liderazgo de AMLO, que si bien tiene cualidades de las que otros presidentes carecieron, no me parece un aliado genuino de los movimientos sociales relativos al género y a la diversidad sexual, y creo que la influencia que tiene sobre la Cuarta Transformación es capaz de impedir avances significativos en estos ejes. Conforme se acerque el 10 de abril, fecha en la se consultará a la población mexicana sobre si revocar al presidente o no, seguramente estaremos viendo más discusiones desde los movimientos progresistas sobre si vale la pena continuar dándole chance o si mejor nos la jugamos con un cambio de mandato.