Una colaboración del VIF

Desde la actividad de los piratas en la zona durante el siglo XVII hasta las cuentas bancarias de Al Capone en las Bahamas, las aguas del Caribe han pasado a la historia, entre anécdotas y leyendas, como terreno fértil para la opacidad. Sin embargo, hoy no son piratas los que ocultan sus tesoros en las paradisíacas islas, sino gente como Leo Messi, el hermano de Pedro Almodóvar o Vladimir Putin quienes resguardan su fortuna a través de empresas que muchas veces sólo existen en papel. En todo el mundo hay países y territorios donde las élites han aprovechado los incentivos fiscales, no como una moda extravagante, sino como una forma de conservar su poder. ¿Cómo surgieron estos mecanismos?, ¿qué dice de nuestra sociedad su existencia? y, más importante aun, ¿deberían seguir existiendo? 

Las respuestas comienzan por entender qué son estos lugares. “‘Paraíso fiscal’ es la manera coloquial con la que se nombra a las jurisdicciones que ofrecen tasas tributarias muy bajas o inexistentes y que facilitan la secrecía de la información financiera”, explica Iván Benumea Gómez, coordinador del programa de Justicia Fiscal de Fundar, una organización mexicana de la sociedad civil que se dedica a la incidencia en políticas e instituciones públicas. Esta combinación de secrecía y una tasa tributaria baja ha sido aprovechada por criminales para proteger su dinero. Por ejemplo, en abril de 2016, cuando se publicaron los Panama papers, una investigación que reveló que élites de todo el mundo poseían empresas de papel gestionadas por la firma Mossak Fonseca, se dio a conocer también prestanombres ligados a narcotraficantes mexicanos y colombianos que hacían uso de estos mecanismos para lavar dinero. 

“Normalmente, las personas o empresas que utilizan paraísos fiscales son políticos, deportistas, artistas, banqueros… gente con mucho poder adquisitivo, en general, y lo hacen para tomar ventaja de los regímenes de estos países para minimizar el impacto fiscal en sus países de origen”, dice Sergio Hernández Weber, director general de Grupo Administrategia y especialista en impuestos. Sin embargo, matiza, son menos los casos donde los paraísos fiscales están ligados a actividades ilegales. “Sí es legal tener una cuenta en un paraíso fiscal, no tiene nada de malo una cuenta en el extranjero. Se vuelve ilegal cuando no se informa en las declaraciones del país en donde se es residente, ya que normalmente se pide informar a las autoridades si tienes ingresos en el extranjero”. Los paraísos fiscales son legales y ofrecen ventajas a quienes los usan siguiendo las reglas.

¿Cuántos paraísos fiscales hay en el mundo? Es difícil cuantificarlo, porque todo depende de la referencia; es decir, un estado como Morelos, donde no hay impuesto sobre la tenencia, se puede ver como un paraíso fiscal comparado con la Ciudad de México. Los paraísos fiscales son territorios y no necesariamente países enteros. “Estados Unidos, por ejemplo, tiene algunos estados que se podrían considerar paraísos fiscales, como Delaware y Dakota del Sur”, señala Hernández Weber. 

El Observatorio Europeo de los Impuestos reconoce diecisiete paraísos fiscales en el mundo: Bahamas, Bermudas, Islas Vírgenes, Islas Caimán, Guernsey, Gibraltar, Hong Kong, Irlanda, Isla de Man, Jersey, Kuwait, Luxemburgo, Macao, Malta, Mauritania, Panamá y Catar. Por otro lado, The Tax Justice Network publicó en 2021 la versión más actualizada de su Índice de Paraísos Fiscales (Corporate Tax Haven Index) donde enlista los setenta países que tienen mayor peso y responsabilidad en el abuso corporativo fiscal, es decir, en qué naciones y territorios del mundo las empresas están colocando el dinero que no tributan como deberían. Los tres países más proclives están en el Caribe: Islas Vírgenes, Islas Caimán y Bermudas. Más aun, 25% del dinero asociado al abuso fiscal empresarial, según este índice, se encuentra en el Caribe (ver Tabla 1). 

Tabla 1. Fuente: elaboración propia con información del Índice de Paraísos Fiscales de la Tax Justice Network

¿Por qué en esa región? La respuesta se remonta a mediados del siglo XX y tiene como protagonistas a los Estados Unidos y el Reino Unido. En los años sesenta el Reino Unido promovió que sus colonias tuvieran tasas bajísimas de impuestos a empresas para atraer y conservar grandes fortunas y consolidarse como el centro financiero del mundo, de acuerdo con Carlos Brown Solà, especialista en justicia económica y fiscal de Instituto del Sur Urbano. Durante la década siguiente, conforme se independizaron algunas de estas colonias —como las Bahamas en 1973—, los bancos estadounidenses se acercaron a estas nuevas naciones para negociar tasas de impuestos bajas a cambio de llevarles inversiones, como fue el caso de las Islas Caimán. Susan Roberts, investigadora de la Universidad de Kentucky, documentó este proceso en un artículo académico de 1995 titulado “Small place, big money: the Cayman Islands and the international financial system”, donde señala que en 1972 había tres mil compañías registradas y para 1992 eran veinticinco mil, de las cuáles más de 55% eran entidades offshore, creadas sólo para eludir impuestos. Actualmente hay más de cien mil empresas que operan así en las Islas Caimán. Este acelerado crecimiento sucedió gracias a las operaciones a distancia que permitió el internet a partir de los noventa. 

“¿Qué sería de Panamá si no tuviera el canal y esa política fiscal?”, se pregunta Brown Solà para responder si un paraíso fiscal puede traer desarrollo a la población que vive ahí. “Ser un paraíso fiscal genera beneficios en tanto que genera empleos. Pero ese dinero no va a las arcas públicas en esos países, eso es lo importante que hay que recordar: es de los ricos y de las élites y lo que se traslada es como la ‘colita’ en esta visión de economía del goteo que dice ‘mira, están llegando empleos, tienen un ingreso y eso es mejor que no tener nada’. Si ésa es la visión de desarrollo, es insostenible”, analiza. 

Más aun, estos recursos difícilmente permiten que las actividades económicas se diversifiquen, porque se trata de dinero que sólo llega a cuentas bancarias, pero no se usa. Para Benumea Gómez, “los recursos que llegan representan un riesgo para las economías porque son, de algún modo, ficticios, en el sentido de que no reflejan las verdaderas condiciones de trabajo y de inversión en un país y, por lo tanto, se mueven aparte de la economía real”. 

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No es fácil medir si la decisión del Caribe de no cobrar impuestos (y quedarse con los empleos que la industria financiera derramaba) fue acertada porque no hay información suficiente ni un patrón claro. Tomemos, por ejemplo, el caso de los territorios británicos de ultramar que se encuentran en el Índice de Paraísos Fiscales de la Tax Justice Network. De entrada, éstos no han actualizado su información estadística desde hace diez años ni tampoco figuran en las bases de datos del Banco Mundial. La información disponible no logra tomar en cuenta los efectos de la crisis de 2008 ni, mucho menos, los del cambio climático y la pandemia. 

Ahora bien, asumiendo este punto de partida, los resultados son muy disímiles incluso entre territorios del Reino Unido. Por ejemplo, las Islas Vírgenes Británicas reportan tener 11% de su población debajo de la línea de pobreza, mientras que en las Islas Caimán el porcentaje es de tan sólo 1.9% y otros territorios como Islas Turcas y Caicos o Anguila llegan casi a 30%. Aun así, ver sólo las cifras de pobreza no es suficiente para entender la realidad entera y el caso de las Islas Caimán lo deja claro. Susan Roberts advirtió en su investigación, desde mediados de los noventa, que la mayoría de los nuevos empleos era para hombres y, sobre todo, extranjeros, y casi tres décadas después la situación parece ser la misma. Wayne Panton, el líder del gobierno de las Islas Caimán, ha señalado, según el Cayman Compass, que su país enfrenta un problema de desigualdad que es potenciado por la falta de acceso a la vivienda y que se debe a la destrucción que ha provocado el aumento de huracanes —resultante del cambio climático— y a la especulación inmobiliaria, que se beneficia de la falta de impuestos en este rubro. En promedio, los precios de las viviendas se han duplicado en los últimos diez años, según datos de la Cayman Islands Real Estate Brokers Association.

El coeficiente de Gini, uno de los indicadores para medir la desigualdad —un intervalo que va del cero al uno, donde cero es completamente igualitario y uno es lo más desigual— presenta con mayor claridad lo antes descrito; éste marca 0.4 en las Islas Caimán, un coeficiente similar al de Estados Unidos. Sin embargo, no es tan sencillo como decir que un país o territorio que elige ser un paraíso fiscal automáticamente va a tener mayor desigualdad, porque los datos disponibles, con sus fallas mencionadas, no muestran un patrón. Tomemos por ejemplo el caso de las Islas Vírgenes Británicas y el de las Bermudas. Ambos territorios tenían hace diez años 11% de su población por debajo de la línea de pobreza, pero sus coeficientes de Gini son completamente distintos. Mientras que las Islas Vírgenes Británicas tienen un coeficiente de 0.23, similar al de Noruega, las Bermudas tienen uno de 0.63, como el de Sudáfrica, el país más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (ver Tabla 2).

Tabla 2. Fuente: elaboración propia con información de la Tax Justice Network, las Naciones Unidas y el Banco Mundial.

Así que, al ampliar la mirada y ver la región de pequeños estados del Caribe, algo parece no estar funcionando. En 2019 la OCDE lanzó un reporte especial sobre las islas del Caribe y muestra preocupación porque el desarrollo humano crece por año a la mitad de la velocidad que en Latinoamérica. Además, entre 2010 y 2017, su PIB creció a un ritmo de 0.8%. Parte de lo que puede explicar este estancamiento regional es la naturaleza de su estrategia de desarrollo fincada en atraer fortunas, al ofrecer menos impuestos, que no se traduce en inversión económica real, es decir, no se convierte en fábricas o tecnología. Por otra parte, los grandes capitales pueden hacer que estos territorios compitan entre sí y bajen sus tasas de impuestos, pues circulan sus fortunas, de uno a otro, porque de todos modos ya tienen dinero en estos países con políticas de secrecía.

Por ejemplo, nueve de cada diez empresas, de las doscientas más importantes del mundo, tienen presencia en paraísos fiscales y pueden sin reparo mover su capital de una isla a otra para mejorar su rendimiento, porque estos territorios se vuelven más laxos en sus normas y contratos para ser más competitivos y, además, porque los bancos obtienen ganancias de estos procesos. Según el Observatorio Fiscal Europeo de los impuestos, una cuarta parte de las ganancias de los bancos de Europa viene de estos lugares. Este tipo de prácticas termina por agravar la desigualdad, porque el dinero que no se tributa en el país de origen deja un hueco en el dinero público, que se traduce en ausencia o escasez. Por otro lado, los países desarrollados que tienen una mayor base tributaria pueden lidiar mejor con esa ausencia, mientras que en un país con una base tributaria pequeña lo que deja, más que hueco, es un socavón. 

“México, por ejemplo, a pesar de ser la quinceava economía más grande del mundo, está en el lugar 136 en recaudación. Somos una gran economía de desarrollo medio que recauda como país pobre. Cuando las élites mexicanas utilizan los paraísos fiscales para pagar menos impuestos, afectan aún más a un país que recauda muy poco dinero público”, dice Brown Solà. 

¿Qué permite que se propaguen los paraísos fiscales? Para Hernández Weber la respuesta está en los intereses de los propios países que, por un lado, pueden tener un discurso en contra de los paraísos fiscales pero, por otro, buscan atraer inversionistas dándoles beneficios. Un ejemplo es la posición de la Unión Europea en contraste con Irlanda, que ofrecía a las empresas de tecnología una tasa de impuestos de 12.5%, casi diez puntos menos que el promedio mundial, y por eso empresas como Facebook o Apple buscaban pagar sus impuestos en Irlanda y no en Estados Unidos. Hernández Weber señala, además, que muchas veces los gobernantes de los países que son paraísos fiscales se pueden beneficiar de esas políticas de secrecía, sobre todo si incurren en actos de corrupción. Como ocurrió con Porfirio Lobo Sosa, que fue presidente de Honduras entre 2010 y 2014, a quien le descubrieron cuentas en Panamá y que el gobierno de Estados Unidos ha señalado por haber recibido sobornos del narcotráfico.

No sólo es un tema de intereses encontrados. El poder de las grandes empresas de tecnología también ha puesto en jaque un modelo de tributación que, según explica Benumea Gómez, fue creado hace cien años, cuando la existencia de corporaciones como Google era impensable: “¿Cómo le haces para que Netflix, que está en Ámsterdam, pero que obtiene recursos de consumidores mexicanos, pague impuestos?”, se pregunta sobre el hecho de que estas empresas, aunque hagan una transacción en México, ofrezcan una factura de otro país. Algunas de las respuestas se han empezado a dibujar en la agenda mundial con la BEPS (Base Erosion Public Shifting). Ésta busca que las empresas paguen impuestos donde realizan las transacciones. La BEPS arrancó discusiones en 2013 entre los países que forman parte de la OCDE y del G20 sobre cómo detener la evasión y elusión de impuestos. El año pasado, como parte de un proyecto llamado BEPS 2.0., se logró un acuerdo para una tasa mínima internacional de 15% para fijar la residencia de las transacciones. Con una tasa mínima, los países que operan en esta competencia de paraísos fiscales tendrían menos margen y recaudarían más dinero, lo que podría ayudar a mejorar las condiciones de su población.

Sin embargo, este acuerdo global debe tomarse con cautela. Brown Solà señala que el proceso de implementación requiere cambios en las legislaciones de los países que se espera tomen hasta tres años. Por otro lado, señala que la tasa de 15% está por debajo de lo exigido por las organizaciones de la sociedad civil en el mundo, como Oxfam, que pugnaba por una tasa mínima de 25%. 

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Es irónico que algo llamado paraíso termine existiendo en un área tan gris. No son ilegales, pero sus efectos sí resultan éticamente cuestionables. Habrá quien vea en este tipo de espacios un bastión de libertad, la de poder colocar su dinero donde le plazca, aprovechando la integración y tecnificación del sistema bancario internacional, pero que sea posible ¿basta para justificar que operen así? 

Si los gobiernos de las islas del Caribe fueran más fuertes y pudieran adquirir más presupuesto público, quizás tendríamos mejor información sobre estos territorios y más actualizada. Hoy, en este mercado fiscal que ofrece las tasas tributarias más bajas al mejor postor, no podemos saber con certeza qué efectos está teniendo esto en la población. Lo que sí podemos intuir con la información disponible es que no estamos viendo la película completa. La falta de inversión puede terminar por erosionar la democracia en estos países, como señala Brown Solà: “Parece una enorme paradoja para las élites, pero si quieren proteger su patrimonio, deben fortalecer la democracia a través del dinero público y pueden empezar por pagar lo que tienen que pagar de impuestos”. 

El fin de los paraísos fiscales no se ve cerca. Para Hernández Weber, éstos nunca van a desaparecer, pero cambiará su carácter. Serán cada vez más relevantes por la posibilidad de ofrecer secrecía, pero los incentivos de tasas bajas irán desapareciendo con el tiempo y quizás eso se traduzca en mejores condiciones de vida para los habitantes de estas naciones caribeñas. “Como dice el dicho, de lo único que no nos vamos a salvar es de morir y de pagar impuestos”.

Luis Mendoza Ovando. (Guadalajara, México, 1994). Suele mentir y afirmar que es de Monterrey. En esa ciudad del noreste mexicano estudió Ingeniería Química en el ITESM porque, aún hoy, tiene un amor por los números que no puede ocultar, aunque su verdadera vocación sea escribir. Corrigió su rumbo en la Ciudad de México cuando entró a la Maestría en Periodismo en Políticas Públicas en el CIDE. Actualmente escribe con un pie en Monterrey, en el periódico El Norte y la revista Contextual, y otro en la capital del país, en las revistas Gatopardo y Este País.

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