I. “Nosotros sabemos”

Siguiendo la lógica de los partidarios del “No” –quienes defienden su posición diciendo que votaron “No contra la paz, sino contra las FARC”– se desprende que quienes votaron por el “Sí” lo hicieron a favor de las FARC, y esto incluiría, paradójicamente a las víctimas. ¿O de qué otra forma se explica que las regiones que más han sufrido el conflicto armado hayan votado masivamente por el “Sí”? ¿O qué no el “Sí” ganó masivamente en el Chocó (79%), Valupés (77%), Cauca (67%), Putumayo (65%), Nariño (64%) y La Guajira (61%)?

Es decir, en la lógica de los seguidores de los expresidentes Álvaro Uribe (famoso por su política de “Seguridad Democrática” que no fue sino un baño de sangre) y Andrés Pastrana (quien no pudo alcanzar la paz con los diálogos en San Vicente del Caguán), de algún modo, esa clase media y alta, civil, urbana y las élites agrarias se convencieron a sí mismas –tal y como buscan convencer al mundo con su voz y con su voto– de que ellos articulan mejor los intereses y necesidades de quienes más han sufrido la violencia, de los deudos y de los desplazados, de aquellos a quienes la guerra arrebató todo.

¿Tiene lógica? No, no la tiene: es una estupidez.

Pero no es raro: es fácil estar a favor de los baños de sangre cuando no es uno el que los padece.

II. Poderes fácticos

Al inicio de los diálogos de paz, consigné mis dudas respecto de los alcances del proceso con una conclusión: “Sin tocar el imperio de los poderes fácticos en la ciudad y en el campo, en la política y en la sociedad, la paz en Colombia es imposible.” (Ver Montiel T, Fernando. “Colombia: La paz de los oligarcas.” Gatopardo. Oct. 20, 2012).

A cuatro años de distancia y tras una revisión de los contenidos alcanzados en la negociación de La Habana, se puede entender el por qué se movilizaron estructuras para echar abajo lo logrado: los acuerdos, efectivamente, tocaban el imperio de los poderes fácticos.

La oposición en Colombia –teniendo como eje el partido Centro Democrático– pregona urbi et orbi que la sustancia de los acuerdos tenía que ver con la impunidad de los integrantes de las FARC-EP. Eso es una falsedad.

Los acuerdos alcanzados fueron producto de seis puntos de discusión: 1) Política de desarrollo agrario integral, 2) Participación política, 3) Fin del conflicto, 4) Solución al problema de las drogas ilícitas, 5) Víctimas del conflicto armado, 6) Mecanismos de refrendación de los acuerdos. Reducir el acuerdo a lo estipulado a un solo punto (2. Participación política) y condenarlo en su totalidad –sacrificando los otros 5 puntos– es un engaño.

Es un truco y un engaño efectivamente, pero tiene razón de ser: en un país que se constituye como el imperio de los oligarcas, no es de extrañar que los interesados operen en contra de contenidos alcanzados como el siguiente:

“Que una verdadera transformación estructural del campo requiere adoptar medidas para promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular la formalización, restitución y distribución equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan en el campo y en particular de las mujeres rurales y la población más vulnerable, regularizando y democratizando la propiedad y promoviendo la desconcentración de la tierra, en cumplimiento de su función social.”

¿O es que quienes integran ese 0.4% de la población colombiana que es dueña del 61% de la propiedad rural estarían a favor de algo así? Ese es el fondo real de su oposición a los acuerdos de paz: la amenaza contra un régimen de privilegios e inequidades peores de los que existían en tiempos de la colonia.

III. Palabra clave: Transicional

Si un primer truco utilizado por los opositores al Acuerdo consistió en erigirse como los voceros de todas las víctimas, y si un segundo truco consistió en reducir la cantidad de puntos contenidos a sólo uno, y si un tercer truco consistió en desparecer de la discusión pública los intereses que serían trastocados con la implementación de lo negociado, el cuarto truco fue igualar el acuerdo a una garantía de impunidad para las FARC-EP descontextualizando el proceso.

Tomando en consideración que el resultado de los cuatro años de negociación se inscribe dentro de los marcos de lo que se conoce como Procesos de Justicia Transicional, decir que el Acuerdo es una garantía de impunidad a la FARC-EP es una mentira.

¿De qué van y a qué se refieren estos procesos? Los procesos de justicia transicional tienen lugar ante la ausencia de un estado de normalidad social y/o democrática, particularmente, cuando se busca poner fin a situaciones de conflicto armado o para alcanzar el fin de regímenes autoritarios (p.e. dictaduras) y dar paso a gobiernos democráticos. Se trata de arreglos político-administrativos transitorios que buscan funcionar como puentes para salir de una situación de anormalidad (como lo sería más de medio siglo de guerra en el caso de Colombia) y entrar a una de normalidad. Evidentemente, sin un andamiaje provisional como el que ofrecen los procesos de justicia transicional, este tránsito de lo anormal a lo normal es imposible: no ocurrió en Centroamérica tras las guerras civiles de los ochenta, no ocurrió en Sudáfrica tras el régimen del Apartheid y no ocurrirá en Afganistán, Irak o México como no ha ocurrido nunca en esos términos. En Colombia el proceso de justicia transicional no es opcional: es parte fundamental del fin de la violencia.

Si la guerra habrá de terminar en Colombia será, inevitablemente, mediante un proceso de justicia transicional, éste que se ha rechazado en el plebiscito u otro. A esto no hay alternativa. Y este no es un argumento político, es un argumento técnico.

¿No gusta lo definido para el desarme, desmovilización y reintegración de los integrantes de las FARC-EP? Bien, recuérdese que es un proceso de justicia transicional –y aquí la palabra clave es transicional– que tiene doble filo: para que Pinochet aceptara un proceso de democratización en Chile tuvo que ser investido, transitoriamente, como senador vitalicio –cargo que en principio le garantizaba impunidad, aquí sí, absoluta–… y luego, ya en una situación de normalidad democrática, fue juzgado. En el caso del acuerdo para la paz en Colombia se pide mucho –muchísimo– menos para las FARC-EP.

No deja de ser interesante que los defensores del “No” son más o menos los mismos que apoyaron la farsa de las “desmovilizaciones”, camuflaje y conversión bajo diferentes nombres de los autores de las mayores y más importantes masacres en la tragedia colombiana: las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), luego rebautizadas como “Cooperativas de Vigilancia (CONVIVIR), Águilas Negras, o como quiera llamárseles.

¿Por qué los indignados de hoy no se desgarraron entonces las vestiduras en contra de la impunidad en ese ayer?

IV. La guerra de los oligarcas

Si la paz es compatible con los intereses de las víctimas ¿con qué intereses es compatible la guerra?