La entrada de los cuatro nuevos consejeros del INE, incluida la presidenta Guadalupe Taddei, transcurrió tranquilamente. Pero el árbitro electoral aún debe librar su batalla más importante. Más allá de los discursos inaugurales, veremos si los nuevos integrantes asumen lo que es prioritario: defender al INE de los rasgos destructivos del plan B.
Es difícil no sentir cierta tranquilidad después de la sesión solemne en la que tomaron protesta la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, la consejera Rita Bell López y los consejeros Arturo Castillo y Jorge Montaño. Se trató de un evento genuinamente histórico. Por primera vez, una mujer presidió un Consejo General integrado mayoritariamente por mujeres. Y, por segunda vez, los integrantes del máximo órgano de dirección pudieron terminar su encargo sin que se atravesara una reforma constitucional que alterara su composición —el último Consejo General que pudo presumir esto fue el IFE encabezado por José Woldenberg entre 1996 y 2003.
En esta sesión, además, privó una atmósfera de cordialidad e institucionalidad. Los nuevos inquilinos del INE hablaron de la necesidad de restablecer el diálogo con los partidos, de incrementar la confianza en el árbitro, de mantener la calidad en la organización electoral y de buscar la manera de abatir los costos de la democracia. Se trató, para decirlo pronto, de discursos pertinentes y atinados para un contexto de normalidad democrática.
Sucede, sin embargo, que la calma que se vive en el INE es solo aparente. Bien vista, la normalidad que hoy parece vivir el instituto se sostiene con alfileres. Por eso, sería un error pensar que los cambios en el Consejo General producirán, por sí mismos, un ambiente más propicio para los árbitros electorales. A continuación, ofrezco una breve reflexión sobre lo que se dijo y se omitió en la sesión solemne, así como del frágil equilibrio que permitió contar con una sesión sospechosamente pacífica.
Diálogo, colegialidad e historia: los mensajes de las nuevas consejerías y de la presidencia
La primera en hablar fue la consejera Rita Bell López. En su intervención, enfatizó uno de los grandes pendientes del sistema electoral: la democracia interna de los partidos políticos. Sobre este tema —que brilla por su ausencia en la reforma electoral de 2023, también conocida como “plan B”—, dijo que era tiempo de que los partidos establecieran mecanismos más participativos para que la ciudadanía acceda al poder. Luego habló sobre el tema central de su intervención: la lucha de las mujeres, especialmente las indígenas, que ha podido acompañar desde Oaxaca. Subrayó, en este sentido, que era necesario seguir trabajando en la erradicación y la sanción de la violencia política contra las mujeres. Terminó su discurso con la consigna “menos burocracia, más diálogo y más ciudadanía”.
Jorge Montaño fue el segundo nuevo integrante en tomar la palabra. Su discurso fue tradicional en las formas y difuso en su contenido. Señaló que la suerte había jugado del lado de los nuevos cuatro integrantes, pero solo en la etapa del sorteo. “Ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va”, dijo citando a Séneca. Señaló, además, que era necesaria “la cancelación de confrontaciones que solo dividen y aplazan las soluciones”. Luego de una cita a Benito Juárez, Montaño pronunció la parte más memorable y más enigmática de su discurso, cuando recitó un poema de su paisano, el escritor y político Carlos Pellicer: “Agua de Tabasco vengo / y agua de Tabasco voy. / De agua hermosa es mi abolengo / y es por eso que aquí estoy / dichoso con lo que tengo”.
Inmediatamente después habló el consejero Arturo Castillo. Su intervención fue breve pero clara. Inició en clave comparada y recordó que las y los mexicanos formamos parte de ese afortunado 30% de la población mundial que vive en un régimen democrático. Sin embargo, alegó que México tenía una democracia cara, en buena medida porque tenemos un sistema construido a partir de la desconfianza. “Si en verdad queremos reducir el costo de nuestra democracia, además de atender aspectos evidentemente presupuestales y operativos, necesitamos volver a confiar en ella”. Finalizó su breve intervención reconociendo el profesionalismo y la entrega de todo el personal del INE. “Gracias a ustedes es posible, al final del día, la organización de elecciones libres, auténticas y periódicas”, dijo.
La última en hablar fue la nueva consejera presidenta, Guadalupe Taddei. Prácticamente no leyó su intervención y mostró que tiene experiencia en la conducción de órganos colegiados. Agradeció el trabajo del Comité Técnico de Evaluación e hizo una reivindicación histórica de la democracia mexicana. Recordó, por ejemplo, que la credencial para votar con fotografía fue “el primer acto de gran confianza que ganó el Instituto Federal Electoral” y que el padrón electoral fue lo que permitió que los muertos dejaran de votar. Enfatizó la importancia de la labor de los funcionarios que pertenecen tanto a la estructura territorial del INE como a los institutos electorales estatales, e hizo hincapié en la relevancia de mantener el diálogo con todas las fuerzas políticas y de reforzar la colegialidad en la toma de decisiones. Finalmente, señaló que la excelencia en la técnica electoral es lo que legitima al árbitro y llamó a abrir una discusión sobre cómo abaratar los costos sin perder la calidad de los procesos electorales.
Si para ser hay que parecer, Taddei pasó esta primera prueba. Durante la sesión solemne, vimos a una experimentada funcionaria electoral que habló, se vio y se comportó como presidenta del INE.
La engañosa calma antes de la tormenta judicial
Más allá de algunos guiños y ambigüedades, los discursos de los nuevos integrantes del INE transmitieron una extraña sensación de normalidad. Daba la sensación de que era posible, sin más, dar una vuelta a la página y terminar con la confrontación que durante meses ha existido entre el gobierno federal y el árbitro electoral. Como si la crisis generada por los embates contra la autonomía del INE fueran simplemente un tema de personajes y personalidades o como si la salida de cuatro integrantes y la llegada de los nuevos pudiera generar, en automático, el fin de uno de los mayores conflictos institucionales de la historia democrática.
La realidad, sin embargo, es bastante más compleja. Esta sensación de normalidad es un espejismo. Si hoy el INE puede pensar en cómo mejorar la organización de las elecciones, en cómo tender puentes con los partidos o en cómo generar ahorros sin perder la calidad de los comicios, es gracias a una decisión judicial. En semanas pasadas, el ministro Javier Laynez dictó una resolución que tuvo como efecto la suspensión total del llamado plan B. La reforma electoral más destructiva de la historia de la democracia mexicana, la que podría poner en riesgo la organización y validez de las elecciones, y la que pretende desmantelar las garantías del voto libre, hoy está en pausa gracias a la determinación de un ministro sólido en lo jurídico e independiente en lo político.
Pero esta batalla judicial no está, ni de cerca, ganada. La resolución del ministro Laynez fue impugnada y, si las presiones desde el poder son efectivas, podría ser revertida o modificada. La última palabra sobre la validez del plan B estará en manos de los once integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La aparente calma que vivimos podría dar paso, más pronto que tarde, a un caos en la organización de las elecciones.
Mal harían los nuevos inquilinos del INE en asumir una actitud pasiva frente a un riesgo de proporciones históricas. La suspensión fue posible en buena medida por esa dura pelea que dio el árbitro en contra del plan A (la reforma constitucional) y luego contra el plan B (la reforma legal). Ciertamente, el protagonismo de esta batalla cívica ha estado en la ciudadanía, las organizaciones sociales y las agrupaciones políticas. Pero el INE, en general, y su anterior presidente, en particular, jugaron un papel clave, desde explicar los efectos más nefastos de la reforma hasta presentar impugnaciones sólidas que han sido bien recibidas en la sede judicial.
Y es ahí, en el terreno de los hechos, las decisiones y las impugnaciones, en donde estarán las verdaderas pruebas de fuego para las nuevas consejerías y, especialmente, para la presidenta Guadalupe Taddei. De ellas y ellos, así como de sus pares, dependerá que el diálogo no se traduzca en claudicación, que los recortes no deriven en desmantelamiento y que la prudencia no sea pretexto para no defender la autonomía del árbitro. Si el nuevo INE desea dedicarse a organizar elecciones —y no a administrar la destrucción institucional—, en el corto plazo no puede tener otra prioridad más apremiante que reforzar la batalla jurídica contra el plan B.
Al mismo tiempo, la presidenta y los nuevos integrantes deberán generar las condiciones necesarias para una nueva gobernanza interna. Entre otras cosas, la presidenta Guadalupe Taddei deberá proponer y acordar con las consejerías un importante número de vacantes, entre las que se encuentran la titularidad de la Secretaría Ejecutiva y de varias direcciones ejecutivas. ¿Quién sucederá a Edmundo Jacobo Molina?, ¿quiénes serán las nuevas directoras y directores?, ¿se apostará por perfiles de casa que sean imparciales, independientes y profesionales? En suma: ¿podrá mantener el INE su autonomía? Pronto lo sabremos, cuando el nuevo INE pase de los dichos a los hechos.
