Debe haber pocos trabajos más importantes que el suyo en el país. Nidia es policía municipal en Chihuahua y jefa de la Unidad Especializada en Delitos por Razones de Género, que existe hace once meses. Con 15 años de servicio, es además licenciada en psicología; empezó sus estudios universitarios al año de ingresar a la Dirección de Seguridad Pública de la capital de su estado. Hoy, en coordinación con la fiscalía estatal, investiga casos de feminicidio, de personas ausentes o no localizadas y delitos sexuales. La jefa Nidia sabe perfectamente cuál es su papel como policía de investigación. Yo, como analista de políticas de seguridad, construí mi propia noción de la importancia de su trabajo lejos de la operación, a través de estudios sobre la impunidad y la lectura de leyes y códigos. Fue después de varios años de mantener contacto directo con las personas que operan el sistema de justicia que un hecho poco conocido se me volvió evidente: son muy pocas las policías (estatales o municipales) con unidades dedicadas a investigar delitos, ya no digamos los de género. Me aventuro a decir que se pueden contar con los dedos de una mano. En México nueve de cada 10 homicidios no se resuelven. Aun así, los titulares de las fiscalías generales de los estados –con contadas excepciones– consideran que la investigación criminal es tarea reservada para las policías que están subordinadas al Ministerio Público (MP) −conocidas durante muchos años como policías ministeriales−, y solo por excepción les toca a las estatales y municipales. Aunque esa limitación debió quedar en el pasado con la reforma penal de 2008, doce años después solo en un puñado de ciudades, como Chihuahua, se van creando condiciones para que policías como Nidia hagan el trabajo que les corresponde. Para quienes se resisten, todas las policías locales son poco más que vigilantes de semáforos o de tiendas de conveniencia. Esta limitante tiene implicaciones serias. En términos prácticos, ¿cuál es la diferencia entre la policía de una y otra institución?, es decir, entre la que tienen bajo su mando las fiscalías y las de seguridad pública. Las primeras –a diferencia de las estatales o las municipales– no cuentan con personal dedicado a recorrer todos los días las calles para conocer los problemas de seguridad y convivencia a ras de suelo. Tampoco atienden las llamadas de emergencia de víctimas o testigos. Muy rara vez son las primeras en llegar a donde acaba de ocurrir un delito. Todas estas acciones (identificadas por muchos como “preventivas”) son parte del trabajo de las policías municipales y estatales, y generan información que, ordenada y sistematizada, se traduce en respuestas a preguntas como ¿qué delitos ocurren con mayor frecuencia y en qué calles se concentran?, ¿qué tienen en común las víctimas?, ¿cómo son los victimarios?, ¿cómo operan? Sin embargo, como nuestra Constitución le otorga al MP el superpoder de conducir y mandar toda investigación habida y por haber, para que las investigaciones que se hacen en unidades como las de Nidia sean válidas en un juicio, es obligatorio que un agente del MP las haya solicitado y que conste en un oficio firmado. Entre las formalidades para conseguir el dichoso oficio de investigación, la denuncia de la víctima ante el MP y que este último decida recibirla, la mayoría de las instituciones de seguridad pública opta por actuar solo cuando el delito ya ocurrió. Chihuahua es el estado donde un hombre asesinó en 2010 a Marisela Escobedo, la enfermera que tuvo que resolver el feminicidio de Rubí, su hija. El estado con una tasa de 14 homicidios de mujeres por cada 100 mil habitantes, que supera por más del doble a la tasa nacional, que es de seis, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Pero también en Chihuahua los procesos de investigación criminal fluyen con mayor agilidad desde 2019. Nidia sabe que es parte de su trabajo proteger a las mujeres de la violencia. Hace falta que se sepa lo que ha logrado en poco tiempo para que se replique en el resto del país: a ella y a su equipo, coordinadas con la fiscalía de la zona centro, les tomó únicamente dos meses que se vinculara a proceso a un agresor sexual de niñas y mujeres con un récord de por lo menos cuatro ataques. El primer reporte llegó al conocimiento de la policía municipal en febrero de 2020 mediante la línea de emergencias. La víctima fue una niña de 13 años de edad. La central despachó a la patrulla más cercana (su tiempo promedio de respuesta es de seis minutos) y casi enseguida llegó la jefa Nidia con su compañera. De inmediato comenzaron a indagar por medio de tareas que no requieren de un oficio del MP ni de la orden de un juez. No era la primera vez que el perpetrador actuaba, pero en el caso anterior a éste la denuncia se presentó ante la fiscalía. La unidad de Nidia dio con un testigo que describió un vehículo involucrado en el hecho. Ya en la comandancia de la policía municipal, la Unidad de Análisis, que procesa la información recabada por las cámaras de videovigilancia de la ciudad, corroboró que ese automóvil estuvo cerca del lugar del segundo delito. Por supuesto, faltaban muchas más piezas del rompecabezas. Al poco tiempo, supieron de otra violación. La descripción de la víctima coincidía con el modus operandi de los dos casos previos y, más aún, muy cerca del sitio estaba aquel vehículo. Era, entonces, el tercer caso y el agresor seguía en acción. El siguiente fin de semana, una llamada de emergencia alertó a la policía municipal. Un hombre trató de privar de su libertad a una joven. Operaba de esta manera: ubicaba a una posible víctima, forcejeaba con ella y la subía a su vehículo para abusarla sexualmente. Pero en esta ocasión la mujer logró escapar y, con la información que proporcionó vía telefónica a la autoridad local, se dedujo que muy posiblemente se trataba del agresor que tenían en la mira. El mismo auto y el mismo modus operandi que en los casos anteriores. Las cámaras registraron el momento: el tipo golpea a la víctima y ella cae al suelo, pero logra huir. La investigación se afinaba y la detención se veía cada vez más cerca. Con la información del carro y el trabajo de escritorio de la Unidad de Análisis, la policía municipal dio con un domicilio. Al ir, localizaron el vehículo. Nidia y su equipo presentaron toda esa información al Ministerio Público del Centro de Justicia para la Mujer de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, donde se completó la investigación con una denuncia más. Por lo tanto, en buena medida a partir del trabajo de la policía municipal, un juez concedió al ministerio la orden de aprehensión contra el presunto agresor sexual. Después de que se calificó de legal la detención, se le vinculó a proceso. Gracias a dos meses de investigación liderada por Nidia. Los silencios que anteceden a sus respuestas son desconcertantes al principio. El mundo de los que sueltan la frase más filosa o estridente no es el de ella. Se desenvuelve con una profundidad difícil de explicar. Y, sin embargo, su trabajo de todos los días impacta el destino de su ciudad. Lo hace aun pese a que algunas reglas que debe seguir no tengan sentido en la operación. Lo hace pese a ciertas narrativas que –ocasionadas por delitos y abusos cometidos por miembros perfectamente identificables de la policía– denigran la función policial en el sentido amplio. Una mañana entro a su casa mientras se prepara para salir a la comandancia. Se alista –su cabello y uniforme impecables– mientras su hijo, un niño de 12 años en piyama, le ayuda a calentar el agua para el café. Es sábado antes de las siete y está helado afuera. Nidia deja su hogar en marcha: lavadora funcionando e instrucciones claras para su segundo al mando, en ropa de cama. Esta es su rutina. Sale de casa y entrega todas sus capacidades para contribuir, por medio de su trabajo, a que víctimas directas e indirectas accedan a la justicia. Es un proceso: el problema de seguridad no terminará de un día al otro ni solamente con el trabajo de la policía. Tampoco ocurrirá sin ellas y ellos. El cambio profundo hacia un país más justo y con mejores policías requiere de ejemplos a seguir. Casos que, como el de la unidad de Nidia, reconstruyan los cimientos de la confianza en que la justicia para las mujeres es posible en México.