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Fotografía de Carlos Jasso / REUTERS. Paciente sentado en una cama dentro del hospital militar provisional del Campo Militar No. 1, que atiende a pacientes con síntomas de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en la Ciudad de México. Foto tomada 9 de junio de 2020.
La empresa queretana Alfaxa, dirigida por Jair Enoc Libni Alfaro Rosales, tiene al menos once contratos falsos firmados con la Sedena, por un monto de más de mil millones de pesos, según advierte la propia Secretaría en un documento filtrado por Guacamaya. El teniente coronel José Alfredo Carrillo Ríos, quien firmó estos contratos, está involucrado presuntamente en una red de corrupción.
Debido a su recurrencia y gravedad, pues el monto asciende por lo menos a 1,368 millones de pesos, una posible serie de fraudes llegó hasta los oídos del general Luis Cresencio Sandoval, quien encabeza la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Hace dos años y medio, el 22 de mayo de 2020, el general recibió un documento de dos páginas para informarle acerca de varias irregularidades entre la empresa Alfaxa y el teniente coronel José Alfredo Carrillo Ríos. De por medio hay mínimo once contratos falsos a nombre de la Sedena.
El documento dirigido al titular de la Defensa, que forma parte de los que filtró el colectivo de hacktivistas Guacamaya, detalla varias anomalías de un oficio que supuestamente firmó el 19 de abril de 2019 la Dirección General de Sanidad, que se dedica a coordinar la atención médica del personal militar. El oficio pretendía que la Sedena regularizara unos pagos pendientes a Alfaxa. Sin embargo, el documento que recibió el general Sandoval advierte que el oficio sospechoso ubica a la Dirección de Sanidad en un domicilio incorrecto (en específico, dice que se encuentra en el Campo Militar I-J, en Reforma, aunque esa Dirección se mudó a Lomas de Tecamachalco en 2018). La segunda anomalía es que el oficio en cuestión fue firmado por el general brigadier Eduardo Sirahuén Neri Ruz, quien para entonces ya se había dado de baja del servicio militar porque había alcanzado la edad para retirarse.
Después de explicar estas anomalías, el documento afirma que el oficio que ordena el pago a Alfaxa es “posiblemente apócrifo”.
Según el Registro Público de Comercio, la empresa Alfaxa se constituyó en 2011 en Santiago de Querétaro. El presidente de su Consejo de Administración y dueño del 99 % de las acciones es Jair Enoc Libni Alfaro Rosales (también aparece mencionada Cynthia Yael Díaz Osegueda, con 1 % de las acciones y en calidad de secretaria de dicho Consejo). Ambos dijeron ser originarios de la Ciudad de México. Su empresa, según esta acta constitutiva, se dedica a la “venta, renta y compra al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio”, así como a la exportación, importación y compraventa de “materiales quirúrgicos, medicamentos, aparatos y maquinaria” propias de su objeto social, a la “fabricación y/o [sic] laboratorio de medicamentos para uso humano y veterinario”, y a otras actividades afines.
La misma Sedena reconoce que no es la primera vez que Alfaxa ha sido denunciada. El documento que se le envió al general Sandoval menciona que otra empresa, Unifin Financiera, una prestamista mexicana, alertó en 2019 que Alfaxa utilizó documentos falsos en once contratos (juntos suman el monto de 1,368,325,007 pesos del que se habla al principio de este texto). Estas contrataciones se hicieron, supuestamente, para “la instalación y operación de equipos médicos de alta especialidad en diversos hospitales militares”. El documento filtrado no precisa de qué equipos médicos se trata ni en qué hospitales militares debían haberse instalado. Pero sí especifica que estos once contratos fueron firmados por el teniente coronel Carrillo Ríos en representación de la Sedena.
El documento añade que otra empresa, De Lage Landen, una prestamista internacional, ha denunciado a Alfaxa por el mismo motivo.
Finalmente, se afirma que la Sedena no tiene ningún contrato con Alfaxa desde 2015 (y hasta 2020, pues ese es el año del documento filtrado), por lo que “se evidencia un fraude entre particulares” a nombre de la Secretaría y se concluye que Alfaxa utilizó documentos apócrifos para solicitar créditos, con el argumento falso de tener contratos con el Ejército.
El teniente coronel José Alfredo Carrillo Ríos ya ha estado involucrado en otros casos de corrupción dentro del Ejército. En 2013 un grupo de empresarios presentó una denuncia ante el órgano interno de control de la Sedena para advertir que existía una red de militares que pedían comisiones o “moches” a cambio de la asignación de contratos millonarios, como documentó El País. El teniente coronel Carrillo Ríos, cuyo nombre aparece en el oficio apócrifo mencionado en esta nota, y el coronel intendente José Luis Lua Tatuado, trabajaban en la Dirección General de Administración de la Sedena y fueron señalados de operar esta red de corrupción.
De acuerdo con la misma nota de El País, el órgano interno de control de la Sedena hizo una auditoría que en 2015 reveló un daño patrimonial de casi un millón de pesos por estas últimas contrataciones que debían suministrar alimentos de aplicación intravenosa al Hospital Central Militar y a la Clínica de Especialidades de la Mujer. La auditoría concluyó que hubo sobrecostos de 10%. El único sancionado fue el teniente coronel Carrillo Ríos, encargado de adjudicar el contrato: solamente recibió una “amonestación privada”.
Por su parte, Alfaxa se describe como una empresa mexicana que lleva quince años dedicada a la comercialización de instrumental y equipo médico. Según su propio sitio web, entre sus clientes están el ISSSTE, el IMSS, Banjército. Un documento del DIF de Querétaro menciona como contratista a Alfaxa, a cargo de Jair Alfaro Rosales; la compañía también es proveedora de la Secretaría de Salud estatal y del Poder Ejecutivo queretano.
Según el columnista de El Financiero Darío Celis, el modus operandi de Alfaxa consiste en solicitar créditos millonarios mediante contratos inexistentes firmados con dependencias gubernamentales y hospitales privados, como sucedió con la Sedena. Pero la polémica contra Alfaro Rosales no termina ahí: él también es socio de Malecón Corregidora junto con Javier Rodríguez Borgio Acosta, hijo del “zar de los casinos”. Su padre estuvo involucrado en el caso Oceanografía, que se benefició por tener contratos millonarios con Pemex durante los gobiernos federales del PAN, de acuerdo con la revista Proceso. Jair Alfaro Rosales y Borgio Acosta crearon Malecón Corregidora en 2017 junto con Humberto Palacios Alcocer, hermano del priista Mariano Palacios Alcocer, exgobernador de Querétaro, según consta en su acta constitutiva.
Gatopardo solicitó una entrevista con la Sedena para saber en qué etapa se encuentra la investigación contra el teniente coronel Carrillo Ríos y la empresa Alfaxa, sin que hasta el momento de esta publicación haya obtenido respuesta. Sin embargo, en el documento filtrado la Sedena misma alerta que “en los documentos que exhibe la empresa Alfaxa a sus inversionistas se asientan nombres de personal militar activo y retirados, por lo que se considera que algún servidor público de esta Secretaría podría estar involucrado con las conductas fraudulentas de la citada empresa”.
¡Gracias!
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La empresa queretana Alfaxa, dirigida por Jair Enoc Libni Alfaro Rosales, tiene al menos once contratos falsos firmados con la Sedena, por un monto de más de mil millones de pesos, según advierte la propia Secretaría en un documento filtrado por Guacamaya. El teniente coronel José Alfredo Carrillo Ríos, quien firmó estos contratos, está involucrado presuntamente en una red de corrupción.
Debido a su recurrencia y gravedad, pues el monto asciende por lo menos a 1,368 millones de pesos, una posible serie de fraudes llegó hasta los oídos del general Luis Cresencio Sandoval, quien encabeza la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Hace dos años y medio, el 22 de mayo de 2020, el general recibió un documento de dos páginas para informarle acerca de varias irregularidades entre la empresa Alfaxa y el teniente coronel José Alfredo Carrillo Ríos. De por medio hay mínimo once contratos falsos a nombre de la Sedena.
El documento dirigido al titular de la Defensa, que forma parte de los que filtró el colectivo de hacktivistas Guacamaya, detalla varias anomalías de un oficio que supuestamente firmó el 19 de abril de 2019 la Dirección General de Sanidad, que se dedica a coordinar la atención médica del personal militar. El oficio pretendía que la Sedena regularizara unos pagos pendientes a Alfaxa. Sin embargo, el documento que recibió el general Sandoval advierte que el oficio sospechoso ubica a la Dirección de Sanidad en un domicilio incorrecto (en específico, dice que se encuentra en el Campo Militar I-J, en Reforma, aunque esa Dirección se mudó a Lomas de Tecamachalco en 2018). La segunda anomalía es que el oficio en cuestión fue firmado por el general brigadier Eduardo Sirahuén Neri Ruz, quien para entonces ya se había dado de baja del servicio militar porque había alcanzado la edad para retirarse.
Después de explicar estas anomalías, el documento afirma que el oficio que ordena el pago a Alfaxa es “posiblemente apócrifo”.
Según el Registro Público de Comercio, la empresa Alfaxa se constituyó en 2011 en Santiago de Querétaro. El presidente de su Consejo de Administración y dueño del 99 % de las acciones es Jair Enoc Libni Alfaro Rosales (también aparece mencionada Cynthia Yael Díaz Osegueda, con 1 % de las acciones y en calidad de secretaria de dicho Consejo). Ambos dijeron ser originarios de la Ciudad de México. Su empresa, según esta acta constitutiva, se dedica a la “venta, renta y compra al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio”, así como a la exportación, importación y compraventa de “materiales quirúrgicos, medicamentos, aparatos y maquinaria” propias de su objeto social, a la “fabricación y/o [sic] laboratorio de medicamentos para uso humano y veterinario”, y a otras actividades afines.
La misma Sedena reconoce que no es la primera vez que Alfaxa ha sido denunciada. El documento que se le envió al general Sandoval menciona que otra empresa, Unifin Financiera, una prestamista mexicana, alertó en 2019 que Alfaxa utilizó documentos falsos en once contratos (juntos suman el monto de 1,368,325,007 pesos del que se habla al principio de este texto). Estas contrataciones se hicieron, supuestamente, para “la instalación y operación de equipos médicos de alta especialidad en diversos hospitales militares”. El documento filtrado no precisa de qué equipos médicos se trata ni en qué hospitales militares debían haberse instalado. Pero sí especifica que estos once contratos fueron firmados por el teniente coronel Carrillo Ríos en representación de la Sedena.
El documento añade que otra empresa, De Lage Landen, una prestamista internacional, ha denunciado a Alfaxa por el mismo motivo.
Finalmente, se afirma que la Sedena no tiene ningún contrato con Alfaxa desde 2015 (y hasta 2020, pues ese es el año del documento filtrado), por lo que “se evidencia un fraude entre particulares” a nombre de la Secretaría y se concluye que Alfaxa utilizó documentos apócrifos para solicitar créditos, con el argumento falso de tener contratos con el Ejército.
El teniente coronel José Alfredo Carrillo Ríos ya ha estado involucrado en otros casos de corrupción dentro del Ejército. En 2013 un grupo de empresarios presentó una denuncia ante el órgano interno de control de la Sedena para advertir que existía una red de militares que pedían comisiones o “moches” a cambio de la asignación de contratos millonarios, como documentó El País. El teniente coronel Carrillo Ríos, cuyo nombre aparece en el oficio apócrifo mencionado en esta nota, y el coronel intendente José Luis Lua Tatuado, trabajaban en la Dirección General de Administración de la Sedena y fueron señalados de operar esta red de corrupción.
De acuerdo con la misma nota de El País, el órgano interno de control de la Sedena hizo una auditoría que en 2015 reveló un daño patrimonial de casi un millón de pesos por estas últimas contrataciones que debían suministrar alimentos de aplicación intravenosa al Hospital Central Militar y a la Clínica de Especialidades de la Mujer. La auditoría concluyó que hubo sobrecostos de 10%. El único sancionado fue el teniente coronel Carrillo Ríos, encargado de adjudicar el contrato: solamente recibió una “amonestación privada”.
Por su parte, Alfaxa se describe como una empresa mexicana que lleva quince años dedicada a la comercialización de instrumental y equipo médico. Según su propio sitio web, entre sus clientes están el ISSSTE, el IMSS, Banjército. Un documento del DIF de Querétaro menciona como contratista a Alfaxa, a cargo de Jair Alfaro Rosales; la compañía también es proveedora de la Secretaría de Salud estatal y del Poder Ejecutivo queretano.
Según el columnista de El Financiero Darío Celis, el modus operandi de Alfaxa consiste en solicitar créditos millonarios mediante contratos inexistentes firmados con dependencias gubernamentales y hospitales privados, como sucedió con la Sedena. Pero la polémica contra Alfaro Rosales no termina ahí: él también es socio de Malecón Corregidora junto con Javier Rodríguez Borgio Acosta, hijo del “zar de los casinos”. Su padre estuvo involucrado en el caso Oceanografía, que se benefició por tener contratos millonarios con Pemex durante los gobiernos federales del PAN, de acuerdo con la revista Proceso. Jair Alfaro Rosales y Borgio Acosta crearon Malecón Corregidora en 2017 junto con Humberto Palacios Alcocer, hermano del priista Mariano Palacios Alcocer, exgobernador de Querétaro, según consta en su acta constitutiva.
Gatopardo solicitó una entrevista con la Sedena para saber en qué etapa se encuentra la investigación contra el teniente coronel Carrillo Ríos y la empresa Alfaxa, sin que hasta el momento de esta publicación haya obtenido respuesta. Sin embargo, en el documento filtrado la Sedena misma alerta que “en los documentos que exhibe la empresa Alfaxa a sus inversionistas se asientan nombres de personal militar activo y retirados, por lo que se considera que algún servidor público de esta Secretaría podría estar involucrado con las conductas fraudulentas de la citada empresa”.
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Fotografía de Carlos Jasso / REUTERS. Paciente sentado en una cama dentro del hospital militar provisional del Campo Militar No. 1, que atiende a pacientes con síntomas de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en la Ciudad de México. Foto tomada 9 de junio de 2020.
La empresa queretana Alfaxa, dirigida por Jair Enoc Libni Alfaro Rosales, tiene al menos once contratos falsos firmados con la Sedena, por un monto de más de mil millones de pesos, según advierte la propia Secretaría en un documento filtrado por Guacamaya. El teniente coronel José Alfredo Carrillo Ríos, quien firmó estos contratos, está involucrado presuntamente en una red de corrupción.
Debido a su recurrencia y gravedad, pues el monto asciende por lo menos a 1,368 millones de pesos, una posible serie de fraudes llegó hasta los oídos del general Luis Cresencio Sandoval, quien encabeza la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Hace dos años y medio, el 22 de mayo de 2020, el general recibió un documento de dos páginas para informarle acerca de varias irregularidades entre la empresa Alfaxa y el teniente coronel José Alfredo Carrillo Ríos. De por medio hay mínimo once contratos falsos a nombre de la Sedena.
El documento dirigido al titular de la Defensa, que forma parte de los que filtró el colectivo de hacktivistas Guacamaya, detalla varias anomalías de un oficio que supuestamente firmó el 19 de abril de 2019 la Dirección General de Sanidad, que se dedica a coordinar la atención médica del personal militar. El oficio pretendía que la Sedena regularizara unos pagos pendientes a Alfaxa. Sin embargo, el documento que recibió el general Sandoval advierte que el oficio sospechoso ubica a la Dirección de Sanidad en un domicilio incorrecto (en específico, dice que se encuentra en el Campo Militar I-J, en Reforma, aunque esa Dirección se mudó a Lomas de Tecamachalco en 2018). La segunda anomalía es que el oficio en cuestión fue firmado por el general brigadier Eduardo Sirahuén Neri Ruz, quien para entonces ya se había dado de baja del servicio militar porque había alcanzado la edad para retirarse.
Después de explicar estas anomalías, el documento afirma que el oficio que ordena el pago a Alfaxa es “posiblemente apócrifo”.
Según el Registro Público de Comercio, la empresa Alfaxa se constituyó en 2011 en Santiago de Querétaro. El presidente de su Consejo de Administración y dueño del 99 % de las acciones es Jair Enoc Libni Alfaro Rosales (también aparece mencionada Cynthia Yael Díaz Osegueda, con 1 % de las acciones y en calidad de secretaria de dicho Consejo). Ambos dijeron ser originarios de la Ciudad de México. Su empresa, según esta acta constitutiva, se dedica a la “venta, renta y compra al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio”, así como a la exportación, importación y compraventa de “materiales quirúrgicos, medicamentos, aparatos y maquinaria” propias de su objeto social, a la “fabricación y/o [sic] laboratorio de medicamentos para uso humano y veterinario”, y a otras actividades afines.
La misma Sedena reconoce que no es la primera vez que Alfaxa ha sido denunciada. El documento que se le envió al general Sandoval menciona que otra empresa, Unifin Financiera, una prestamista mexicana, alertó en 2019 que Alfaxa utilizó documentos falsos en once contratos (juntos suman el monto de 1,368,325,007 pesos del que se habla al principio de este texto). Estas contrataciones se hicieron, supuestamente, para “la instalación y operación de equipos médicos de alta especialidad en diversos hospitales militares”. El documento filtrado no precisa de qué equipos médicos se trata ni en qué hospitales militares debían haberse instalado. Pero sí especifica que estos once contratos fueron firmados por el teniente coronel Carrillo Ríos en representación de la Sedena.
El documento añade que otra empresa, De Lage Landen, una prestamista internacional, ha denunciado a Alfaxa por el mismo motivo.
Finalmente, se afirma que la Sedena no tiene ningún contrato con Alfaxa desde 2015 (y hasta 2020, pues ese es el año del documento filtrado), por lo que “se evidencia un fraude entre particulares” a nombre de la Secretaría y se concluye que Alfaxa utilizó documentos apócrifos para solicitar créditos, con el argumento falso de tener contratos con el Ejército.
El teniente coronel José Alfredo Carrillo Ríos ya ha estado involucrado en otros casos de corrupción dentro del Ejército. En 2013 un grupo de empresarios presentó una denuncia ante el órgano interno de control de la Sedena para advertir que existía una red de militares que pedían comisiones o “moches” a cambio de la asignación de contratos millonarios, como documentó El País. El teniente coronel Carrillo Ríos, cuyo nombre aparece en el oficio apócrifo mencionado en esta nota, y el coronel intendente José Luis Lua Tatuado, trabajaban en la Dirección General de Administración de la Sedena y fueron señalados de operar esta red de corrupción.
De acuerdo con la misma nota de El País, el órgano interno de control de la Sedena hizo una auditoría que en 2015 reveló un daño patrimonial de casi un millón de pesos por estas últimas contrataciones que debían suministrar alimentos de aplicación intravenosa al Hospital Central Militar y a la Clínica de Especialidades de la Mujer. La auditoría concluyó que hubo sobrecostos de 10%. El único sancionado fue el teniente coronel Carrillo Ríos, encargado de adjudicar el contrato: solamente recibió una “amonestación privada”.
Por su parte, Alfaxa se describe como una empresa mexicana que lleva quince años dedicada a la comercialización de instrumental y equipo médico. Según su propio sitio web, entre sus clientes están el ISSSTE, el IMSS, Banjército. Un documento del DIF de Querétaro menciona como contratista a Alfaxa, a cargo de Jair Alfaro Rosales; la compañía también es proveedora de la Secretaría de Salud estatal y del Poder Ejecutivo queretano.
Según el columnista de El Financiero Darío Celis, el modus operandi de Alfaxa consiste en solicitar créditos millonarios mediante contratos inexistentes firmados con dependencias gubernamentales y hospitales privados, como sucedió con la Sedena. Pero la polémica contra Alfaro Rosales no termina ahí: él también es socio de Malecón Corregidora junto con Javier Rodríguez Borgio Acosta, hijo del “zar de los casinos”. Su padre estuvo involucrado en el caso Oceanografía, que se benefició por tener contratos millonarios con Pemex durante los gobiernos federales del PAN, de acuerdo con la revista Proceso. Jair Alfaro Rosales y Borgio Acosta crearon Malecón Corregidora en 2017 junto con Humberto Palacios Alcocer, hermano del priista Mariano Palacios Alcocer, exgobernador de Querétaro, según consta en su acta constitutiva.
Gatopardo solicitó una entrevista con la Sedena para saber en qué etapa se encuentra la investigación contra el teniente coronel Carrillo Ríos y la empresa Alfaxa, sin que hasta el momento de esta publicación haya obtenido respuesta. Sin embargo, en el documento filtrado la Sedena misma alerta que “en los documentos que exhibe la empresa Alfaxa a sus inversionistas se asientan nombres de personal militar activo y retirados, por lo que se considera que algún servidor público de esta Secretaría podría estar involucrado con las conductas fraudulentas de la citada empresa”.
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La empresa queretana Alfaxa, dirigida por Jair Enoc Libni Alfaro Rosales, tiene al menos once contratos falsos firmados con la Sedena, por un monto de más de mil millones de pesos, según advierte la propia Secretaría en un documento filtrado por Guacamaya. El teniente coronel José Alfredo Carrillo Ríos, quien firmó estos contratos, está involucrado presuntamente en una red de corrupción.
Debido a su recurrencia y gravedad, pues el monto asciende por lo menos a 1,368 millones de pesos, una posible serie de fraudes llegó hasta los oídos del general Luis Cresencio Sandoval, quien encabeza la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Hace dos años y medio, el 22 de mayo de 2020, el general recibió un documento de dos páginas para informarle acerca de varias irregularidades entre la empresa Alfaxa y el teniente coronel José Alfredo Carrillo Ríos. De por medio hay mínimo once contratos falsos a nombre de la Sedena.
El documento dirigido al titular de la Defensa, que forma parte de los que filtró el colectivo de hacktivistas Guacamaya, detalla varias anomalías de un oficio que supuestamente firmó el 19 de abril de 2019 la Dirección General de Sanidad, que se dedica a coordinar la atención médica del personal militar. El oficio pretendía que la Sedena regularizara unos pagos pendientes a Alfaxa. Sin embargo, el documento que recibió el general Sandoval advierte que el oficio sospechoso ubica a la Dirección de Sanidad en un domicilio incorrecto (en específico, dice que se encuentra en el Campo Militar I-J, en Reforma, aunque esa Dirección se mudó a Lomas de Tecamachalco en 2018). La segunda anomalía es que el oficio en cuestión fue firmado por el general brigadier Eduardo Sirahuén Neri Ruz, quien para entonces ya se había dado de baja del servicio militar porque había alcanzado la edad para retirarse.
Después de explicar estas anomalías, el documento afirma que el oficio que ordena el pago a Alfaxa es “posiblemente apócrifo”.
Según el Registro Público de Comercio, la empresa Alfaxa se constituyó en 2011 en Santiago de Querétaro. El presidente de su Consejo de Administración y dueño del 99 % de las acciones es Jair Enoc Libni Alfaro Rosales (también aparece mencionada Cynthia Yael Díaz Osegueda, con 1 % de las acciones y en calidad de secretaria de dicho Consejo). Ambos dijeron ser originarios de la Ciudad de México. Su empresa, según esta acta constitutiva, se dedica a la “venta, renta y compra al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio”, así como a la exportación, importación y compraventa de “materiales quirúrgicos, medicamentos, aparatos y maquinaria” propias de su objeto social, a la “fabricación y/o [sic] laboratorio de medicamentos para uso humano y veterinario”, y a otras actividades afines.
La misma Sedena reconoce que no es la primera vez que Alfaxa ha sido denunciada. El documento que se le envió al general Sandoval menciona que otra empresa, Unifin Financiera, una prestamista mexicana, alertó en 2019 que Alfaxa utilizó documentos falsos en once contratos (juntos suman el monto de 1,368,325,007 pesos del que se habla al principio de este texto). Estas contrataciones se hicieron, supuestamente, para “la instalación y operación de equipos médicos de alta especialidad en diversos hospitales militares”. El documento filtrado no precisa de qué equipos médicos se trata ni en qué hospitales militares debían haberse instalado. Pero sí especifica que estos once contratos fueron firmados por el teniente coronel Carrillo Ríos en representación de la Sedena.
El documento añade que otra empresa, De Lage Landen, una prestamista internacional, ha denunciado a Alfaxa por el mismo motivo.
Finalmente, se afirma que la Sedena no tiene ningún contrato con Alfaxa desde 2015 (y hasta 2020, pues ese es el año del documento filtrado), por lo que “se evidencia un fraude entre particulares” a nombre de la Secretaría y se concluye que Alfaxa utilizó documentos apócrifos para solicitar créditos, con el argumento falso de tener contratos con el Ejército.
El teniente coronel José Alfredo Carrillo Ríos ya ha estado involucrado en otros casos de corrupción dentro del Ejército. En 2013 un grupo de empresarios presentó una denuncia ante el órgano interno de control de la Sedena para advertir que existía una red de militares que pedían comisiones o “moches” a cambio de la asignación de contratos millonarios, como documentó El País. El teniente coronel Carrillo Ríos, cuyo nombre aparece en el oficio apócrifo mencionado en esta nota, y el coronel intendente José Luis Lua Tatuado, trabajaban en la Dirección General de Administración de la Sedena y fueron señalados de operar esta red de corrupción.
De acuerdo con la misma nota de El País, el órgano interno de control de la Sedena hizo una auditoría que en 2015 reveló un daño patrimonial de casi un millón de pesos por estas últimas contrataciones que debían suministrar alimentos de aplicación intravenosa al Hospital Central Militar y a la Clínica de Especialidades de la Mujer. La auditoría concluyó que hubo sobrecostos de 10%. El único sancionado fue el teniente coronel Carrillo Ríos, encargado de adjudicar el contrato: solamente recibió una “amonestación privada”.
Por su parte, Alfaxa se describe como una empresa mexicana que lleva quince años dedicada a la comercialización de instrumental y equipo médico. Según su propio sitio web, entre sus clientes están el ISSSTE, el IMSS, Banjército. Un documento del DIF de Querétaro menciona como contratista a Alfaxa, a cargo de Jair Alfaro Rosales; la compañía también es proveedora de la Secretaría de Salud estatal y del Poder Ejecutivo queretano.
Según el columnista de El Financiero Darío Celis, el modus operandi de Alfaxa consiste en solicitar créditos millonarios mediante contratos inexistentes firmados con dependencias gubernamentales y hospitales privados, como sucedió con la Sedena. Pero la polémica contra Alfaro Rosales no termina ahí: él también es socio de Malecón Corregidora junto con Javier Rodríguez Borgio Acosta, hijo del “zar de los casinos”. Su padre estuvo involucrado en el caso Oceanografía, que se benefició por tener contratos millonarios con Pemex durante los gobiernos federales del PAN, de acuerdo con la revista Proceso. Jair Alfaro Rosales y Borgio Acosta crearon Malecón Corregidora en 2017 junto con Humberto Palacios Alcocer, hermano del priista Mariano Palacios Alcocer, exgobernador de Querétaro, según consta en su acta constitutiva.
Gatopardo solicitó una entrevista con la Sedena para saber en qué etapa se encuentra la investigación contra el teniente coronel Carrillo Ríos y la empresa Alfaxa, sin que hasta el momento de esta publicación haya obtenido respuesta. Sin embargo, en el documento filtrado la Sedena misma alerta que “en los documentos que exhibe la empresa Alfaxa a sus inversionistas se asientan nombres de personal militar activo y retirados, por lo que se considera que algún servidor público de esta Secretaría podría estar involucrado con las conductas fraudulentas de la citada empresa”.
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Fotografía de Carlos Jasso / REUTERS. Paciente sentado en una cama dentro del hospital militar provisional del Campo Militar No. 1, que atiende a pacientes con síntomas de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en la Ciudad de México. Foto tomada 9 de junio de 2020.
La empresa queretana Alfaxa, dirigida por Jair Enoc Libni Alfaro Rosales, tiene al menos once contratos falsos firmados con la Sedena, por un monto de más de mil millones de pesos, según advierte la propia Secretaría en un documento filtrado por Guacamaya. El teniente coronel José Alfredo Carrillo Ríos, quien firmó estos contratos, está involucrado presuntamente en una red de corrupción.
Debido a su recurrencia y gravedad, pues el monto asciende por lo menos a 1,368 millones de pesos, una posible serie de fraudes llegó hasta los oídos del general Luis Cresencio Sandoval, quien encabeza la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Hace dos años y medio, el 22 de mayo de 2020, el general recibió un documento de dos páginas para informarle acerca de varias irregularidades entre la empresa Alfaxa y el teniente coronel José Alfredo Carrillo Ríos. De por medio hay mínimo once contratos falsos a nombre de la Sedena.
El documento dirigido al titular de la Defensa, que forma parte de los que filtró el colectivo de hacktivistas Guacamaya, detalla varias anomalías de un oficio que supuestamente firmó el 19 de abril de 2019 la Dirección General de Sanidad, que se dedica a coordinar la atención médica del personal militar. El oficio pretendía que la Sedena regularizara unos pagos pendientes a Alfaxa. Sin embargo, el documento que recibió el general Sandoval advierte que el oficio sospechoso ubica a la Dirección de Sanidad en un domicilio incorrecto (en específico, dice que se encuentra en el Campo Militar I-J, en Reforma, aunque esa Dirección se mudó a Lomas de Tecamachalco en 2018). La segunda anomalía es que el oficio en cuestión fue firmado por el general brigadier Eduardo Sirahuén Neri Ruz, quien para entonces ya se había dado de baja del servicio militar porque había alcanzado la edad para retirarse.
Después de explicar estas anomalías, el documento afirma que el oficio que ordena el pago a Alfaxa es “posiblemente apócrifo”.
Según el Registro Público de Comercio, la empresa Alfaxa se constituyó en 2011 en Santiago de Querétaro. El presidente de su Consejo de Administración y dueño del 99 % de las acciones es Jair Enoc Libni Alfaro Rosales (también aparece mencionada Cynthia Yael Díaz Osegueda, con 1 % de las acciones y en calidad de secretaria de dicho Consejo). Ambos dijeron ser originarios de la Ciudad de México. Su empresa, según esta acta constitutiva, se dedica a la “venta, renta y compra al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio”, así como a la exportación, importación y compraventa de “materiales quirúrgicos, medicamentos, aparatos y maquinaria” propias de su objeto social, a la “fabricación y/o [sic] laboratorio de medicamentos para uso humano y veterinario”, y a otras actividades afines.
La misma Sedena reconoce que no es la primera vez que Alfaxa ha sido denunciada. El documento que se le envió al general Sandoval menciona que otra empresa, Unifin Financiera, una prestamista mexicana, alertó en 2019 que Alfaxa utilizó documentos falsos en once contratos (juntos suman el monto de 1,368,325,007 pesos del que se habla al principio de este texto). Estas contrataciones se hicieron, supuestamente, para “la instalación y operación de equipos médicos de alta especialidad en diversos hospitales militares”. El documento filtrado no precisa de qué equipos médicos se trata ni en qué hospitales militares debían haberse instalado. Pero sí especifica que estos once contratos fueron firmados por el teniente coronel Carrillo Ríos en representación de la Sedena.
El documento añade que otra empresa, De Lage Landen, una prestamista internacional, ha denunciado a Alfaxa por el mismo motivo.
Finalmente, se afirma que la Sedena no tiene ningún contrato con Alfaxa desde 2015 (y hasta 2020, pues ese es el año del documento filtrado), por lo que “se evidencia un fraude entre particulares” a nombre de la Secretaría y se concluye que Alfaxa utilizó documentos apócrifos para solicitar créditos, con el argumento falso de tener contratos con el Ejército.
El teniente coronel José Alfredo Carrillo Ríos ya ha estado involucrado en otros casos de corrupción dentro del Ejército. En 2013 un grupo de empresarios presentó una denuncia ante el órgano interno de control de la Sedena para advertir que existía una red de militares que pedían comisiones o “moches” a cambio de la asignación de contratos millonarios, como documentó El País. El teniente coronel Carrillo Ríos, cuyo nombre aparece en el oficio apócrifo mencionado en esta nota, y el coronel intendente José Luis Lua Tatuado, trabajaban en la Dirección General de Administración de la Sedena y fueron señalados de operar esta red de corrupción.
De acuerdo con la misma nota de El País, el órgano interno de control de la Sedena hizo una auditoría que en 2015 reveló un daño patrimonial de casi un millón de pesos por estas últimas contrataciones que debían suministrar alimentos de aplicación intravenosa al Hospital Central Militar y a la Clínica de Especialidades de la Mujer. La auditoría concluyó que hubo sobrecostos de 10%. El único sancionado fue el teniente coronel Carrillo Ríos, encargado de adjudicar el contrato: solamente recibió una “amonestación privada”.
Por su parte, Alfaxa se describe como una empresa mexicana que lleva quince años dedicada a la comercialización de instrumental y equipo médico. Según su propio sitio web, entre sus clientes están el ISSSTE, el IMSS, Banjército. Un documento del DIF de Querétaro menciona como contratista a Alfaxa, a cargo de Jair Alfaro Rosales; la compañía también es proveedora de la Secretaría de Salud estatal y del Poder Ejecutivo queretano.
Según el columnista de El Financiero Darío Celis, el modus operandi de Alfaxa consiste en solicitar créditos millonarios mediante contratos inexistentes firmados con dependencias gubernamentales y hospitales privados, como sucedió con la Sedena. Pero la polémica contra Alfaro Rosales no termina ahí: él también es socio de Malecón Corregidora junto con Javier Rodríguez Borgio Acosta, hijo del “zar de los casinos”. Su padre estuvo involucrado en el caso Oceanografía, que se benefició por tener contratos millonarios con Pemex durante los gobiernos federales del PAN, de acuerdo con la revista Proceso. Jair Alfaro Rosales y Borgio Acosta crearon Malecón Corregidora en 2017 junto con Humberto Palacios Alcocer, hermano del priista Mariano Palacios Alcocer, exgobernador de Querétaro, según consta en su acta constitutiva.
Gatopardo solicitó una entrevista con la Sedena para saber en qué etapa se encuentra la investigación contra el teniente coronel Carrillo Ríos y la empresa Alfaxa, sin que hasta el momento de esta publicación haya obtenido respuesta. Sin embargo, en el documento filtrado la Sedena misma alerta que “en los documentos que exhibe la empresa Alfaxa a sus inversionistas se asientan nombres de personal militar activo y retirados, por lo que se considera que algún servidor público de esta Secretaría podría estar involucrado con las conductas fraudulentas de la citada empresa”.
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