El canciller Marcelo Ebrard anunció el miércoles 4 de agosto, una demanda contra once compañías armamentistas en la Corte de Distrito de Massachusetts. El argumento detrás de la demanda es que, al no poner suficientes controles en la fabricación de pistolas, rifles y metralletas, al no verificar el destino de sus productos y al hacer publicidad dirigida hacia el público mexicano, las empresas norteamericanas tienen responsabilidad en la violencia y el crimen organizado que se vive en el territorio mexicano. A pesar de que la noticia tuvo un gran impacto mediático, hubo muy poca información al respecto. En Semanario Gatopardo nos dimos a la tarea de investigar más a fondo el tema.
Consultamos a Carlos Pérez Ricart uno de los mayores expertos en nuestro país sobre comercio de armas, política de drogas, crimen organizado, y seguridad en la relación entre México y Estados Unidos. Carlos nos ayudó a comprender que no es una demanda contra el gobierno de Estados Unidos como tal, aunque esta lleva una crítica implícita a las legislaciones del país norteamericano. También, conversamos con Alejandro Celorio, el consultor jurídico de la Cancillería mexicana, quien nos explica que las productoras de armas incumplen con las leyes, de por sí laxas, del gobierno de su país y que hay publicidad dirigida específicamente a los mexicanos.
La senadora panista Gina Cruz, quien además es presidenta de la comisión legislativa de América del Norte, nos compartió sus reservas respecto a la demanda. La senadora enfatizó la importancia de involucrar al gobierno mexicano en la lucha contra la venta de armas al crimen organizado. Por otro lado, considera que el proceso de litigio podría tardar años, incluso décadas, en lo que coincide Carlos Pérez. A pesar del debate, la propuesta es un paso relevante en el tratamiento de la violencia en México.
Como cada semana, te compartimos las noticias más relevantes del momento:
- El informe del Coneval sobre el incremento de la pobreza en México. (Si quieres leer más al respecto, te compartimos un artículo que publicamos sobre el tema).
- La crisis política en el Tribunal Electoral tras la renuncia de José Luis Vargas y el magistrado Reyes Rodríguez.
- La aprobación de los desafueros de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo por abuso sexual a un menor de edad y enriquecimiento ilícito, respectivamente.
