El caso más reciente en Ciudad Juárez muestra, una vez más, que la política migratoria del país está definida por el despliegue de la Guardia Nacional, por redadas y retenes contrarios a los derechos humanos, por la austeridad y por extraños “acuerdos políticos” de alto nivel que inhiben la rendición de cuentas.
La noche del 27 de marzo de 2023, alrededor de las 22:00 horas, se gestó un incendio en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, Chihuahua. Como resultado, se han confirmado hasta ahora cuarenta muertes de migrantes privados de su libertad por el gobierno federal, además de otros veintiocho con lesiones. A la mañana siguiente, en su conferencia, el presidente dedicó apenas un par de minutos al tema, refiriendo que la situación se había debido a “una protesta que [los migrantes] iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del ‘albergue’ [sic] pusieron colchonetas del ‘albergue’ [sic], y les prendieron fuego y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia”. Con esto responsabilizó a los migrantes de los hechos y, acto seguido, cambió de tema. Esa misma tarde, emergió un video que presuntamente muestra al personal de la estancia evacuando las instalaciones y dejando a los migrantes encerrados.
Tras mediatizarse el caso, las autoridades reaccionaron de diversas maneras. El propio INM lamentó con eufemismos los “fallecimientos”. El canciller y el presidente (este último ya el miércoles 29) caracterizaron la situación como una “tragedia” “dolorosa y triste”. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, apuntó a las investigaciones que se espera que realicen la Fiscalía General y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El secretario de Gobernación buscó evadir cualquier responsabilidad. La persona al mando de dar seguimiento al tema es ahora la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que además de expresar su “coraje” y sin facultad alguna en materia migratoria, el mismo 29 notificó la detención de ocho personas —ninguna de alto mando, lo cual desató protestas de los funcionarios del INM.
¿A qué se debió esta situación a la que centenares de activistas, redes y organizaciones de la sociedad civil, además de legisladores de oposición, se han referido como un crimen de Estado? A lo largo de este texto propongo que, más que tratarse de un incidente aislado, un “accidente” o una “tragedia” individual, este es el resultado directo de la política migratoria que México actualmente sostiene. A pesar de enmarcarse en una narrativa de respeto a los derechos humanos, en realidad esta política se caracteriza por tres factores: un control migratorio militarizado y racista, la austeridad en cualquier labor relevante para proteger los derechos de los migrantes y mecanismos de toma de decisión al margen de la ley que impiden la adecuada coordinación interinstitucional, la transparencia y la rendición de cuentas.
El control migratorio militarizado y racista
Durante el periodo de transición en 2018, el actual presidente de México aseguró que su administración promovería visas de trabajo para personas centroamericanas, inversiones concertadas con Estados Unidos y Canadá para el desarrollo de sus vecinos al sur, y una política de protección plena a la integridad de las y los migrantes. “No se puede estar enfrentando [la migración] solo con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas. Hay que garantizar los derechos humanos […] Nada de maltrato a los migrantes centroamericanos”, sostuvo mes y medio antes de acceder al cargo.
Casi cinco años después, la realidad es completamente distinta. Si bien al inicio de la administración actual la Secretaría de Gobernación (Segob) articuló una “nueva política migratoria” con los derechos humanos al centro y con propuestas (más discursivas que concretas) para el respeto a los migrantes que ingresan al país, factores como el rechazo de Estados Unidos a la migración condujeron pronto a un cambio de rumbo. Desde 2018, por ejemplo, el gobierno de Donald Trump presionó a México para que empezara a alojar a las personas que tuvieran procesos migratorios pendientes en Estados Unidos. Asimismo, para contrarrestar las amenazas arancelarias directas en mayo de 2019, México accedió a tomar acciones agresivas contra la migración irregular, incluido el despliegue masivo de la Guardia Nacional, un cuerpo que desde sus orígenes es primordialmente militar.
Ello ha dado pie a una política de redadas a cargo del INM y de las autoridades de seguridad, que sistemáticamente comunican sus detenciones como “rescates” e incluso como “asistencia humanitaria”. El saldo es inédito: por ejemplo, en 2021, el número de aprehensiones de migrantes alcanzó su máximo en la historia del país (más de 300 mil). En 2023, tan solo en Ciudad Juárez, el instituto detuvo a casi cuatro mil personas en las pocas semanas del 6 de enero al 15 de febrero. A lo largo de todo el territorio se han documentado redadas y revisiones cerca de albergues, en aviones, en hoteles y en espacios públicos, además de retenes en las carreteras. El gobierno incluso ha impulsado que, para comprar un boleto de autobús, las personas presenten una identificación oficial y documentos que acrediten su estancia legal en el país.
La Suprema Corte ha determinado que todas estas revisiones migratorias (salvo en los lugares que explícitamente se destinan al tránsito internacional de personas) son inconstitucionales porque, como enfatizan estudios recientes de instituciones académicas y organizaciones civiles, suelen guiarse por un perfilamiento racista. En otras palabras, el actuar de las autoridades usualmente obedece a criterios como el tono de piel, la lengua o la apariencia de quienes, a juicio de las y los agentes, “parecen” no ser de aquí (incluso si lo son). Además, frecuentemente se caracteriza por un alto grado de violencia, con casos documentados en los que las autoridades han agredido, golpeado e incluso abierto fuego contra migrantes, con desenlaces fatales.
La austeridad en las labores que afectan los derechos de quienes migran
El flujo de migrantes en México no solamente implica a personas en tránsito; de hecho, año con año, cada vez más personas extranjeras buscan quedarse en nuestro país cuando ingresan. Así lo demuestran las cifras crecientes de trámites para residencias temporales o permanentes, visitas por razones humanitarias y solicitudes oficiales de refugio. Sin embargo, a raíz de la política actual de austeridad pública, esas crecientes tasas de movilidad humana no se han traducido en un fortalecimiento presupuestal de las instituciones relevantes. Ello ha actuado en detrimento de los derechos de los migrantes en múltiples dimensiones.
El ejemplo de quienes solicitan refugio puede ilustrarlo mejor. A finales de 2018, cuando arrancaba este sexenio, se contabilizó un total de 29 mil solicitantes de refugio en México en todo el año. Para diciembre de 2021, la cifra anual de solicitantes ya se había más que cuadruplicado, ascendiendo a un total de 130 mil. Sin importar la evidente tendencia, el gobierno federal no ha incrementado sustancialmente el presupuesto de la agencia encargada del proceso de refugio —la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), otro órgano de la Segob—. De hecho, en comparación con 2021, la Comar tuvo en 2022 un recorte en términos reales del 0.58%. Hoy en día, dos de cada tres pesos que gasta la Comar ni siquiera vienen del erario público: son proporcionados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Como resultado, tanto por la magnitud como por la diversidad de personas que buscan refugiarse en México, el personal y la presencia nacional de esta agencia son claramente insuficientes para atender sus solicitudes y asistirlas en el proceso de integrarse paulatinamente al país —o siquiera para gestionarles un sitio de albergue.
Esta misma austeridad afecta a todas las instituciones relacionadas con la migración: a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, encargada de promover soluciones a los problemas de las y los migrantes y refugiados; al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que debería contar con personal y recursos para combatir la xenofobia; e incluso a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que legalmente se encarga de otorgar asilo político y —como se verá a continuación— tiene otras funciones que el actual gobierno le ha asignado al margen de la ley. Por supuesto, también afecta al INM, principal encargado de operar la política en esta materia y responsable de las estancias migratorias. Como resultado, no sorprende que dichas instalaciones se caractericen por sus condiciones insalubres y un hacinamiento meritorio incluso de recomendaciones de la CNDH. Valga decir que parte de la sobrepoblación en estas estancias proviene además de los periodos extensos de privación de la libertad a los que el gobierno somete a quienes aprehende, aunque la Suprema Corte los declaró inconstitucionales este mismo año.
Los mecanismos de decisión al margen de la ley
Finalmente, en casos como el de Ciudad Juárez, las instituciones presuntamente responsables deberían ser evidentes: el INM (encargado de la estancia migratoria provisional) y la Segob (que coordina la política migratoria y tiene bajo su mando al instituto). Esto obedece a las competencias que dictan los artículos 18, 19 y 20 de la Ley de Migración, el 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como los artículos 114, 115 y 125 del Reglamento Interior de la Segob. No obstante, a menos de un año de iniciar la presente administración, el presidente de la República publicó un decreto por el cual creó una Comisión Intersecretarial encabezada por la SRE, a la cual transfirió la coordinación de todas las acciones del gobierno en materia migratoria.
Este decreto genera al menos tres graves problemas. Primero, la comisión está claramente al margen de la ley, pues contradice la facultad legal de la Segob como la instancia que formula y dirige la política migratoria. Incluso implica el desplazamiento del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, que existe desde 2012 y que aún sesiona esporádicamente —solo siete veces en lo que va del sexenio—, sin ser el sitio de las decisiones de coordinación.
Segundo, la comisión dirigida por la SRE excluye de su seno a muchos actores relevantes en materia migratoria. No solamente deja de lado a los gobiernos locales, al poder legislativo y a instancias federales como la SEP (entre varias otras): tampoco considera a organismos internacionales, a la academia ni a organizaciones ciudadanas. Ello también se aparta de la normatividad, pues el artículo 2 de la Ley de Migración obliga a que la política migratoria tome en cuenta a la sociedad civil y a otros poderes y órdenes de gobierno. Esta situación, aunada a que las reuniones de la comisión no son públicas, mina la posibilidad de exigir cuentas en torno a las decisiones que se toman.
Tercero, como resultado de su contrariedad con la ley, la comisión impide que la sociedad pueda identificar responsabilidades con certeza. Este “acuerdo al interior del gobierno” fue justamente la base para que el secretario de Gobernación insinuara que, a pesar de sus atribuciones por ley, no tenía por qué responder por el caso de los migrantes de Ciudad Juárez. Textualmente dijo: “es Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores, quien se encarga del tema migratorio”. Por varios años, la sociedad civil ha expresado dudas precisamente sobre esta distribución poco clara de competencias.
Todo lo anterior muestra que los cuarenta migrantes muertos y los veintiocho heridos en Ciudad Juárez, así como la ausencia de sanciones de alto nivel, no son una anomalía; por el contrario, constituyen el resultado de las decisiones conscientes del gobierno en turno. En ese sentido, más allá de las investigaciones y eventuales castigos por este caso en concreto —ya de suyo suficientemente importantes—, la encrucijada frente a las instituciones públicas es más profunda. En pocas palabras, prevenir otra debacle similar exige cambiar el rumbo de la política migratoria.
Por ahora, el panorama al respecto no es alentador. “No somos iguales, mi amor. No nos confundas”, respondió el presidente a los reclamos ciudadanos que recibió el 31 de marzo en su visita a Ciudad Juárez. “Qué se me hace que te mandó [la gobernadora] Maru [Campos, del Partido Acción Nacional], mi amor”, afirmó desde su camioneta. Luego continuó sin titubeos su camino.
