AMLO y el nuevo secretario de Hacienda: un contraste - Gatopardo

AMLO y el nuevo secretario de Hacienda: un contraste

Rogelio Ramírez de la O cree que la política económica debe guiarse por la evidencia y que las transferencias de dinero a los más pobres son insuficientes para remediar la pobreza, aunque coincide con el presidente en mantener el balance en el presupuesto. Con todo, el cambio de secretario no anticipa un cambio de rumbo en el gobierno federal.

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“Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia […] y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco”. Esas fueron las palabras de Carlos Urzúa en su carta de renuncia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el 9 de julio de 2019. Es una declaración muy importante para entender cómo funciona el gobierno presidido por Andrés Manuel López Obrador, porque la escribió la persona que en ese momento tenía más y mejor información sobre la situación de la política fiscal mexicana, es decir, sobre los ingresos y gastos del sector público nacional.

Un secretario de Hacienda debe “proponer, dirigir y controlar” la política financiera y fiscal del gobierno federal. Se debe hacer cargo de que los ingresos, el gasto y la deuda se manejen correctamente para que la población reciba los bienes y servicios públicos en aspectos fundamentales, como la salud, la educación, la seguridad; también se encarga de que las personas los reciban en un ambiente estable, de crecimiento económico sustentable, confianza y transparencia. La Secretaría de Hacienda tiene que hacer que los ingresos sean los máximos posibles y que cada peso rinda. Por eso, quien ocupa ese puesto siempre debe ser una persona con conocimientos técnicos y con mucha claridad sobre la multitud de necesidades sociales a la que el gobierno hace frente con recursos bastante escasos. La SHCP elige entre proyectos que compiten entre sí por financiamiento y, por lo tanto, debe priorizar los que tengan más beneficios para la gente.

Nada de lo anterior significa que hay una sola respuesta para organizar las finanzas públicas: hay distintos enfoques y orientaciones políticas, pero que el entonces secretario Urzúa haya señalado la falta de evidencia con que se tomaron decisiones como cancelar el aeropuerto en Texcoco, construir la refinería en Dos Bocas y algunas claves en el plan de negocios de Pemex, como aislar más a esta empresa de las asociaciones estratégicas con el sector privado, nos permite ver que el presidente quería un secretario que se limitara a ejecutar sus visiones, y no uno con iniciativa y propuestas o un conductor de la política fiscal.

Sería ingenuo imaginar que los presidentes no interfieren, por motivos políticos, en la conducción de la política económica, y es habitual que tengan una perspectiva distinta a la de los miembros de su gabinete. Lo extraño es que estas diferencias se ventilen públicamente y que, en ello, el presidente aparezca como un censor de sus colaboradores. Así ocurrió el 11 de marzo de 2019. El secretario de Hacienda Arturo Herrera dijo que se retrasaría el inicio de la construcción de la refinería en Dos Bocas y que se usarían esos recursos para impulsar la producción de crudo. Al día siguiente, el presidente negó lo dicho por él. Poco menos de un mes más tarde, el 8 de abril, el mismo Arturo Herrera expuso que para aumentar los ingresos que el gobierno recauda con impuestos, la SHCP estaba estudiando la posibilidad de que el cobro de la tenencia de los automóviles fuera federal –y no por entidad federativa–. Una vez más, el presidente lo refutó enseguida.

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