Ley de Seguridad Ciudadana: criminalizar la protesta tras el Paro Nacional

Colombia endurece la criminalización de la protesta

El presidente Iván Duque está orgulloso de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana –recién aprobada por el Congreso– que aumenta las sanciones penales contra quienes participen en protestas sociales. Abogados y organizaciones de derechos humanos preparan demandas en contra de estas reformas al código penal.

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En la rueda de prensa del 2 de febrero, los concejales de Bogotá Susana Muhamad, del partido Colombia Humana-UP, y Diego Cancino, de Alianza Verde, denunciaron lo que han denunciado desde hace nueve meses: durante el paro nacional de 2021 la fuerza pública utilizó dos estaciones de cabecera del sistema de transporte TransMilenio, el Portal Américas y el Portal Suba, para retener sin justificación a manifestantes y agredirlos. En este contexto, el presidente Iván Duque promovió la Ley de Seguridad Ciudadana, recién aprobada por el Congreso, que incrementa la criminalización de la protesta social.

Al teléfono, la concejala Muhamad hace un recuento de las detenciones ilegales que han podido constatar: ocho, el 29 de abril de 2021; diez, el 3 de mayo, a partir de un video grabado por una víctima; cinco, el 11 de mayo. Todas en el Portal Américas y cuatro más en el Portal Suba. La denuncia, que en su momento negaron las autoridades –TransMilenio incluso pidió una retractación por parte de los concejales–, contó esta vez con el testimonio de Cristian Cabrera, psicólogo y excontratista del distrito capital que en las movilizaciones desempeñó una labor de verificación de derechos humanos. Según declaró, el 29 de abril –un día después del comienzo del paro nacional– funcionarios de la alcaldía recibieron una alerta. “Yo me dirigí a ese punto”, contó Cabrera en la rueda de prensa, refiriéndose al Portal Américas. “Llegué a las 8:00 p.m. y me di cuenta de que tenían a jóvenes encerrados dentro de la caseta del guardia de seguridad. Es una caseta pequeñita, sin ventilación alguna, y allí tenían a ocho jóvenes. […] El vigilante no nos dejaba entrar. […] Después de que nos dejaron entrar pudimos constatar que ocho jóvenes estaban allí, entre los cuales había un menor de edad, y nos dijeron que habían sido gaseados y golpeados dentro de ese cuarto”.

“En la alcaldía aún no responden a la pregunta clave de la denuncia: ¿por qué siguió ocurriendo eso en el Portal Américas a pesar de que sabían, desde el 29 de abril, que había detenciones ilegales y torturas dentro del portal?”, lanza la concejala Muhamad. Ese día, agrega, el acta del Puesto de Mando Unificado (PMU) –la instancia convocada durante emergencias distritales que reúne a distintas instituciones públicas, incluidas la Policía Metropolitana y organizaciones de derechos humanos– reporta una lista de personas retenidas. “La Policía Metropolitana le tira la pelota al gobierno y dice que el gobierno tomó medidas y que eso ya está denunciado”, continúa Muhamad. “Vamos a pedirles una rendición de cuántos agentes están investigados y por cuáles hechos. Por parte de TransMilenio no hay ninguna respuesta y quedan preguntas importantes sobre la relación de la empresa de vigilancia privada con la policía y sobre una infraestructura civil que termina siendo usada como centro de operaciones de la policía y para prácticas totalmente fuera del Estado social de derecho”.

“A la gente la están ahogando allá en una de las habitaciones con gas, están separando a los hombres de las mujeres. Les pegan hasta que les dicen: ‘¿Se van a quedar callados o qué?’ y les siguen pegando”, dice el joven Diego Luna en el video que grabó el 3 de mayo de 2021 y con el que los concejales inauguraron la rueda de prensa. En su denuncia solicitan a la Alcaldía Mayor de Bogotá que haga una relatoría independiente y a la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación que emprendan investigaciones contextuales y no sólo de casos individuales. En opinión de la concejala Muhamad, así lo ha escuchado en la calle, durante las manifestaciones y entre los vecinos de la enorme y compleja localidad de Kennedy, donde está el Portal Américas: “Esto va más allá de la protesta social. Hay un conflicto entre la policía y la juventud popular en sectores con situaciones fuertes de orden público, como Kennedy. La tensión lleva a que el abuso policial contra la juventud sea cotidiano en esos barrios. Las manifestaciones exacerbaron [esa] práctica”.

Aunque algunos jóvenes que fueron víctimas de estas detenciones ilegales en el Portal Américas de TransMilenio manifestaron su intención de denunciar lo sucedido de manera formal, la mayoría se retractó, afirma la concejala Muhamad, por temor a las represalias.

El 25 de enero, sólo siete días antes de la rueda de prensa de Susana Muhamad y Diego Cancino, el presidente Iván Duque firmó la ley 2197 de 2022, conocida como Ley de Seguridad Ciudadana. “Pudimos sacar una norma novedosa, precisa y que cierra las brechas de la criminalidad”, aseguró el presidente Duque sobre la ley que incluye reformas a cuatro códigos, incluido el Código Penal, y entre cuyas medidas están aumentar las penas de los delitos, en particular, aquellos que se cometan contra la fuerza pública, crear nuevos tipos penales y regular la legítima defensa. Además, penaliza el porte de armas blancas y a quien atente contra la infraestructura pública. La ley, impulsada con el mensaje de “Quien la hace la paga”, fue debatida y aprobada por el Congreso en menos de un mes y en un momento atípico: en plena campaña electoral y con el presidente Duque de salida. Sin embargo, tras su sanción, ha sido señalada por diferentes sectores que preparan demandas en su contra por su inconstitucionalidad y porque supone una reacción del gobierno a la protesta social.

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