Tiempo de lectura: 7 minutosEn la rueda de prensa del 2 de febrero, los concejales de Bogotá Susana Muhamad, del partido Colombia Humana-UP, y Diego Cancino, de Alianza Verde, denunciaron lo que han denunciado desde hace nueve meses: durante el paro nacional de 2021 la fuerza pública utilizó dos estaciones de cabecera del sistema de transporte TransMilenio, el Portal Américas y el Portal Suba, para retener sin justificación a manifestantes y agredirlos. En este contexto, el presidente Iván Duque promovió la Ley de Seguridad Ciudadana, recién aprobada por el Congreso, que incrementa la criminalización de la protesta social.
Al teléfono, la concejala Muhamad hace un recuento de las detenciones ilegales que han podido constatar: ocho, el 29 de abril de 2021; diez, el 3 de mayo, a partir de un video grabado por una víctima; cinco, el 11 de mayo. Todas en el Portal Américas y cuatro más en el Portal Suba. La denuncia, que en su momento negaron las autoridades –TransMilenio incluso pidió una retractación por parte de los concejales–, contó esta vez con el testimonio de Cristian Cabrera, psicólogo y excontratista del distrito capital que en las movilizaciones desempeñó una labor de verificación de derechos humanos. Según declaró, el 29 de abril –un día después del comienzo del paro nacional– funcionarios de la alcaldía recibieron una alerta. “Yo me dirigí a ese punto”, contó Cabrera en la rueda de prensa, refiriéndose al Portal Américas. “Llegué a las 8:00 p.m. y me di cuenta de que tenían a jóvenes encerrados dentro de la caseta del guardia de seguridad. Es una caseta pequeñita, sin ventilación alguna, y allí tenían a ocho jóvenes. […] El vigilante no nos dejaba entrar. […] Después de que nos dejaron entrar pudimos constatar que ocho jóvenes estaban allí, entre los cuales había un menor de edad, y nos dijeron que habían sido gaseados y golpeados dentro de ese cuarto”.
“En la alcaldía aún no responden a la pregunta clave de la denuncia: ¿por qué siguió ocurriendo eso en el Portal Américas a pesar de que sabían, desde el 29 de abril, que había detenciones ilegales y torturas dentro del portal?”, lanza la concejala Muhamad. Ese día, agrega, el acta del Puesto de Mando Unificado (PMU) –la instancia convocada durante emergencias distritales que reúne a distintas instituciones públicas, incluidas la Policía Metropolitana y organizaciones de derechos humanos– reporta una lista de personas retenidas. “La Policía Metropolitana le tira la pelota al gobierno y dice que el gobierno tomó medidas y que eso ya está denunciado”, continúa Muhamad. “Vamos a pedirles una rendición de cuántos agentes están investigados y por cuáles hechos. Por parte de TransMilenio no hay ninguna respuesta y quedan preguntas importantes sobre la relación de la empresa de vigilancia privada con la policía y sobre una infraestructura civil que termina siendo usada como centro de operaciones de la policía y para prácticas totalmente fuera del Estado social de derecho”.
“A la gente la están ahogando allá en una de las habitaciones con gas, están separando a los hombres de las mujeres. Les pegan hasta que les dicen: ‘¿Se van a quedar callados o qué?’ y les siguen pegando”, dice el joven Diego Luna en el video que grabó el 3 de mayo de 2021 y con el que los concejales inauguraron la rueda de prensa. En su denuncia solicitan a la Alcaldía Mayor de Bogotá que haga una relatoría independiente y a la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación que emprendan investigaciones contextuales y no sólo de casos individuales. En opinión de la concejala Muhamad, así lo ha escuchado en la calle, durante las manifestaciones y entre los vecinos de la enorme y compleja localidad de Kennedy, donde está el Portal Américas: “Esto va más allá de la protesta social. Hay un conflicto entre la policía y la juventud popular en sectores con situaciones fuertes de orden público, como Kennedy. La tensión lleva a que el abuso policial contra la juventud sea cotidiano en esos barrios. Las manifestaciones exacerbaron [esa] práctica”.
Aunque algunos jóvenes que fueron víctimas de estas detenciones ilegales en el Portal Américas de TransMilenio manifestaron su intención de denunciar lo sucedido de manera formal, la mayoría se retractó, afirma la concejala Muhamad, por temor a las represalias.
El 25 de enero, sólo siete días antes de la rueda de prensa de Susana Muhamad y Diego Cancino, el presidente Iván Duque firmó la ley 2197 de 2022, conocida como Ley de Seguridad Ciudadana. “Pudimos sacar una norma novedosa, precisa y que cierra las brechas de la criminalidad”, aseguró el presidente Duque sobre la ley que incluye reformas a cuatro códigos, incluido el Código Penal, y entre cuyas medidas están aumentar las penas de los delitos, en particular, aquellos que se cometan contra la fuerza pública, crear nuevos tipos penales y regular la legítima defensa. Además, penaliza el porte de armas blancas y a quien atente contra la infraestructura pública. La ley, impulsada con el mensaje de “Quien la hace la paga”, fue debatida y aprobada por el Congreso en menos de un mes y en un momento atípico: en plena campaña electoral y con el presidente Duque de salida. Sin embargo, tras su sanción, ha sido señalada por diferentes sectores que preparan demandas en su contra por su inconstitucionalidad y porque supone una reacción del gobierno a la protesta social.
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“Se [debió haber tramitado] de manera diferente, no como una ley ordinaria, sino como una estatutaria con un trámite más largo y con mayor profundidad. Eso frente a lo formal”, dice Alejandro Lanz, director de Temblores ONG, una organización cuyo trabajo de registro y verificación de hechos de violencia policial ha visibilizado lo que ocurrió en el paro nacional de 2021. Ese año registró 5,808 casos de violencia policial, de los cuales 5,048 ocurrieron en el paro: 80 corresponden a violencia homicida, 47 a violencia sexual y 1,991 a violencia física, entre otros. Temblores ONG prepara una demanda contra dos puntos de la Ley de Seguridad Ciudadana. El primero es la “criminalización de la protesta social”: “Muchos de los comportamientos descritos crean tipos penales que se enmarcan dentro de la protesta; es una herramienta que le permite a la policía judicializar a las personas que están participando con capucha, por ejemplo”, explica Lanz.
El segundo punto es el artículo sobre el Traslado por Protección, una figura que ya existe y mediante la cual un agente de la Policía Nacional puede trasladar a alguien cuando su vida o la de un tercero corra riesgo, cuando deambule en estado de indefensión o alteración de conciencia o cuando esté involucrado en una riña, y entregar a esa persona a un pariente o a un centro de salud. “En ningún caso a sitios destinados a la privación de la libertad”, dice la norma y el traslado –que significa estar bajo custodia policial– no podrá exceder las doce horas. Comenta Lanz: “En la práctica es una herramienta que permite a la policía llevarse a quien participa pacíficamente en una protesta. […] Vamos a probarle a la Corte Constitucional cómo esta figura se ha prestado para irregularidades y para la criminalización de ciertos grupos. Las personas a las que usualmente trasladan son quienes salen a la calle a protestar o habitantes de la calle, trabajadores y trabajadoras sexuales, vendedores ambulantes, personas LGBTI, grupos poblacionales a quienes las políticas de seguridad o de percepción de seguridad quieren fuera del espacio público”.
El abogado Alirio Uribe, defensor de derechos humanos desde hace treinta años y candidato a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, lidera otra demanda contra la Ley de Seguridad Ciudadana. “Hay varias inconsistencias”, detalla, “una tiene que ver con aumentar las penas para homicidios de miembros de la fuerza pública. Si se comete un feminicidio o se mata a un menor de edad, la pena es de cuarenta años; con la ley, [la pena por el homicidio de] un miembro de la fuerza pública es de 58 años. La pregunta es por qué un bien jurídico como la vida, que es igual, va a tener penas más altas. Por otro lado, el tema de convertir contravenciones en delitos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el porte de armas blancas. El año pasado se impusieron 52 mil multas por porte de armas blancas y, si se aplica esto, habría que meter presas a 52 mil personas. Hoy tenemos miles de presos en estaciones de policía porque no hay cárceles para meterlos”.
De acuerdo con Mariana Aguirre Rivillas, investigadora del Centro de Estudio de Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes, aunque en Colombia, entre 2019 y 2021, hubo un aumento en algunos índices de criminalidad, como homicidios y hurtos, la evidencia en diferentes países señala que el aumento de las penas no reduce las tasas de criminalidad ni disuade a las personas de no cometer estos delitos. “Sobre todo, en un país como Colombia donde el sistema judicial está tan trancado. […] Nos estamos enfocando en temas que no van a ser eficaces y que no han mostrado resultados efectivos para atacar un problema de inseguridad”, dice Aguirre Rivillas para quien la ley “no propone nada muy diferente de un populismo punitivo”.
Para el abogado Alirio Uribe, la Ley de Seguridad Ciudadana, a la que considera una norma “antitécnica e innecesaria” puesto que ya existen disposiciones al respecto, envía el mensaje de que no se puede protestar, “de que la protesta no es un derecho fundamental sino un delito”, debido a medidas como agravar las penas cuando los manifestantes usen capucha o cuando, como suele suceder en las protestas rurales, ocupen una vía o un predio de manera transitoria. “Lo que hace la ley es tratar de acabar la protesta a través del Código Penal y ese es un enfoque totalmente inconstitucional porque la protesta es un derecho humano”.
Con una serie de artículos que podrían ser inaplicables (“yo no creo que de ahora en adelante manden a prisión a todo el que porte un elemento cortopunzante, un destornillador”, dice Uribe), la Ley de Seguridad Ciudadana tendría entonces el objetivo de causar temor. “[Durante el paro nacional] hubo más de 259 personas detenidas, de acuerdo con el propio ministro de Defensa, muchos jóvenes que no han podido volver a sus casas y otros que se encuentran desplazados por esa persecución. [Se trata de] generar un ambiente de miedo para que la gente no se movilice, no proteste, no critique”, concluye el abogado.
En una columna titulada “El estatuto de Duque”, publicada en el portal Los Danieles, la abogada Ana Bejarano, profesora, litigante y codirectora de El Veinte, una organización para la defensa judicial de la libertad de expresión, recuerda que, tras el paro nacional de 1977, el gobierno del entonces presidente Julio César Turbay instauró un Estatuto de Seguridad “que sirvió para la represión brutal y criminal de la protesta y la persecución de un enemigo interno ficticio, eufemismo para sofocar a quienes hacían reclamos sociales en voz alta”. Unas líneas después, se lee: “Ante todo, el gobierno pretende mandar un mensaje, como lo hizo Turbay, al arreciar su campaña para solucionar e intimidar con bolillo [macana] el descontento social”.
“El gobierno quiere mandar el mensaje de que está preparado para enfrentar a la manifestación social con ahínco [y un mensaje] de respaldo a la fuerza pública, incluso con los abusos que se han documentado”, dice al teléfono la abogada y agrega: “Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Temblores ONG, organizaciones muy serias, han dicho que lo que ocurrió en el paro nacional fueron masacres. Lo que se pretende es darle una justificación legal a esas actuaciones abusivas que comete la fuerza pública, pero en la práctica la manifestación social va a seguir enfrentándose a una fuerza pública represiva, desconocedora de derechos, violatoria de los derechos humanos. Va a seguir pasando lo mismo que ha venido pasando últimamente”.
Entonces la abogada Bejarano plantea la posibilidad de que Colombia –luego de que el gobierno desestimara la mayoría de las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras su visita al país– vuelva a estar bajo la mirada de organismos internacionales, incluso ante instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Por eso insiste en la importancia de que la gente siga documentando lo que ocurrió y ocurre en la calle y destaca como ejemplo la denuncia de los concejales Muhamad y Cancino.
