Tiempo de lectura: 6 minutosEn política, toda tragedia o crimen deja un rastro en pesos y centavos, un camino imborrable que lleva hasta las personas que tomaron las decisiones incorrectas, ya sea por torpeza o malicia. Por eso, el día siguiente al desplome de la Línea 12 del Metro, durante la conferencia de prensa encabezada por la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, las preguntas de los medios buscaban acciones, omisiones y el dinero gastado en el mantenimiento de ese sistema de transporte. Insistían en saber si no hubo algo que debió encender los focos rojos. “No tuve ninguna información, por lo que entiendo, no había una alerta”, respondió Sheinbaum, “no ha habido una disminución en el presupuesto ni un subejercicio”. ¿Realmente pudo ocurrir este mal llamado “incidente” sin que nadie en el aparato burocrático de la ciudad se percatara de él?
Lo que se hizo y se dejó de hacer quedó registrado en la Cuenta Pública, un informe que entrega el poder ejecutivo al poder legislativo sobre cómo se usó el presupuesto aprobado y el estado de las finanzas públicas. En esta historia, sin embargo, el diablo está en los detalles: una cosa es entregar el informe y otra que dicho documento sirva y brinde información valiosa. No todas las entidades y municipios tienen el mismo nivel de compromiso con la información; algunos dan más información y la redactan de forma clara; otros se conforman con lo mínimo que les exige la Ley de Disciplina Financiera.
“La Ley de Disciplina Financiera trató de ponerle un alto a los gobiernos estatales y a los municipales en el uso desmedido y sin controles de los recursos públicos. Ponerle un ‘corralito’ a la forma en la que gastan el dinero, en la que se endeudan y en la que reportan su uso de dinero público”, explica Carlos Brown Solà, especialista en finanzas públicas y gobernanza del Instituto del Sur Urbano.
El gobierno federal quiere que los estados y municipios sean más ordenados con sus finanzas porque casi todo el dinero que gastan proviene de él. “Es muy importante recordarlo: 93 de cada cien pesos que se recaudan en México a través de impuestos, los recauda la federación”, dice Brown Solà, y eso explica por qué el gobierno de Enrique Peña Nieto empujó la ley hasta promulgarla en abril del 2016.
“Para nosotros, el presupuesto es la herramienta más importante en términos de garantía de derechos humanos. Cualquier reducción, cuando no está justificada, y más en asuntos como el del transporte más importante de la ciudad, nos hace presumir que se trata de una reducción presupuestaria que va a impactar negativamente en la calidad de los servicios”, responde Iván Benumea Gómez, coordinador del programa de Justicia Fiscal de Fundar.
Es en este punto, en las justificaciones de los ajustes al presupuesto, donde el tema se hace más complicado. La ley, en efecto, obliga a los diferentes gobiernos a decirnos cuánto y en qué gastan, pero no sabemos por qué gastan como gastan. “Ése es el problema, básicamente, es un problema de transparencia: a nivel interno se conocen las dos justificaciones, pero públicamente no se dan”, sintetiza Benumea Gómez.
Entonces, ¿qué dice la Cuenta Pública sobre el Metro?, ¿hubo en ella alguna advertencia que fue ignorada? La respuesta no es sencilla porque, como apunta Benumea Gómez, el dinero habla pero no del todo.
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Al revisar los reportes que publica el Sistema de Transporte Colectivo Metro, ajustados a la inflación, es posible ver que hay una tendencia a la baja en el gasto ejercido del 4%, esto implica que en promedio el presupuesto ejercido cae 690 millones cada año. Por otro lado, cada año se tiene que aumentar en promedio en un 7% porque lo aprobado no está correctamente calculado y, por si fuera poco, ese presupuesto incrementado no se usa completamente, es decir, se cae en un subejercicio. De acuerdo con la Ley General de Responsabilidad Hacendaria, el subejercicio implica que no se cumplieron las metas de los programas o que hubo una falta de compromiso en su ejecución.
El subejercicio también se ha dado en la partida de “Gastos y Suministros”; entonces, ¿se compró todo lo necesario con menos dinero? o ¿hubo cosas que no se alcanzaron a comprar? No podemos responder esas preguntas porque el subejercicio no está justificado.
Además, las partidas de presupuesto, que son como cajitas a las que se les va asignando dinero, no son las mismas durante esos años. Por eso, viendo los datos de la Cuenta Pública, no se puede afirmar o negar que los gobiernos han descuidado el Metro.
Entre 2014 y 2017 se presentaba un desglose minucioso del gasto en mantenimiento: los ciudadanos podíamos saber cuánto se gastaba en equipo de frenado y tracción, en equipo eléctrico y hasta en llantas y accesorios. A partir de 2018, los reportes de la Cuenta Pública empezaron a agrupar esos gastos en otras categorías menos específicas (“herramienta menor”, “refacciones y accesorios menores” o “materiales de construcción y reparación”).
¿Por qué las autoridades decidieron cambiar la manera de reportar el gasto? Eso tampoco podemos saberlo.
“Puede llegar a pasar que, de repente, desaparezcan ciertas partidas y eso es legal. Pero las partidas que queden reportadas en la Cuenta Pública deben tener el gasto que se aprobó, el que se modificó y el que se ejerció”, explica Andrea Larios Campos, también del programa de Justicia Fiscal de Fundar.
Según Andrea Larios e Iván Benumea, hay algunas situaciones en las que el poder ejecutivo, en este caso, el Gobierno de la Ciudad de México, debe avisar al congreso local de un ajuste presupuestario. Así está descrito en el artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicios de Recursos de la Ciudad de México: si el ajuste en el gasto de una dependencia es superior al 10% del presupuesto anual, deberá solicitar la opinión del Congreso y explicar “a detalle los fundamentos, motivos y razonamientos de tales ajustes” en el reporte trimestral de la Cuenta Pública.
La buena noticia es que las dependencias de la capital sí registran esas explicaciones; la mala es que que las explicaciones son muy vagas. En 2020, por ejemplo, el presupuesto del Metro disminuyó y la justificación fue la siguiente: “La variación negativa obedeció a la disminución en la operación del servicio a causa de la contingencia sanitaria, que conllevó al cierre de 185 taquillas, así como por la condonación de pagos de los locales, espacios y módulos comerciales que suspendieron actividades”.
Suena lógico que baje el presupuesto del Metro debido a que hay menos gente usándolo debido al confinamiento, como explica el párrafo oficial, pero en ningún momento detalla qué partidas fueron afectadas, si el ajuste presupuestal recayó en los trabajadores o qué materiales dejaron de comprarse y por cuáles motivos.
Para Iván Benumea, hay otra causa de que la rendición de cuentas sea tan vaga: la negligencia del poder legislativo en la vigilancia del presupuesto. Simplemente, “se desentienden todo el año”. El poder legislativo “tiene poco tiempo y poca capacidad técnica para meterse a ver los detalles del presupuesto. Eso provoca que el ejecutivo tenga la última palabra en el momento de ejecutar el gasto. Y no hay otros canales para que la ciudadanía sepa si esos cambios se hicieron con una justificación válida”, argumenta Benumea Gómez.
Como el presupuesto nos lleva a ciegas, porque no ofrece explicaciones, sólo sabemos que había dinero para mantenimiento que se decidió no usar y que, en enero de este año, se incendió la Central de Control del Metro y que un tramo de las vías de la Línea 12 se desplomó. Sin embargo, como la información es insuficiente, no sabemos si el subejercicio tiene relación con estas tragedias y ello nos obliga a confiar en lo que las autoridades digan. Los candados de las leyes en cuanto al presupuesto son insuficientes. En lugar de rendir cuentas a la ciudadanía, se le pide creer como en un acto de fe.
Carlos Brown explica cómo debería ser la política sobre la difusión del presupuesto: “Este es un tema que no necesariamente la gente conoce, pero tiene todo el derecho a entenderlo porque es su dinero, nuestro dinero, es dinero público”.
De acuerdo con él, se podría trabajar mucho mejor si se siguieran dos líneas: la transparencia proactiva con pedagogía presupuestal y la participación ciudadana. Para conseguir la primera, los gobiernos deben ir más allá de los mínimos que les exige la ley. “Que la información esté disponible de manera oportuna. Si dicen que el 30 de abril la información va a estar disponible, entonces que se pueda consultar ese mismo día y que esté lo más desagregada posible”.
En el caso del Metro, que deje claro si bajo la categoría “refacciones” se incluyen y todas y cuáles son. Sin embargo, los reportes de la Cuenta Pública del Metro son documentos escaneados, es difícil filtrarlos a otros programas y, a veces, ni siquiera se pueden leer; además, son confusos porque, entre sus innavegables páginas, no se responde por qué se gasta de cierta manera.
Respecto a la participación ciudadana, Brown Solà dice que nuestras leyes deben tener “barreras de entrada bajitas para exigir rendición de cuentas”. El objeto es “que podamos sentar a nuestros presidentes municipales, a nuestros gobernadores en asambleas o en glosas ciudadanas, es decir, que tengamos la oportunidad de ser un contrapeso real y formemos parte de las desiciones, que no sea solamente testimonial o cuando ellos nos convocan a la mesa, sino que de verdad podamos participar”.
La posibilidad de incidir en cómo se gasta el dinero es crucial: en las finanzas, las promesas cobran su justa dimensión. Brown Solà insiste en que el dinero debe ser la clave en los procesos electorales. “Yo soy un promotor de preguntarle a quien te busca representar: ¿cómo vas a financiar eso que prometes? Quitar ese halo moral y decir ¿cuánto cuesta?, ¿de dónde vas a sacar el dinero?, ¿a quién se lo vas a cobrar?, ¿de quién vas a dejar de recaudar?”. Son preguntas fundamentales si recordamos que, en política, toda tragedia deja un rastro en pesos y centavos. Adentrarse en la Cuenta Pública del Metro no revela a un responsable específico, pero nos lleva a concluir que hay un sistema que no tiene suficiente transparencia, que las decisiones se toman en la opacidad, que los contrapesos institucionales toleran este manejo.
