Digna Ochoa: emblema de la impunidad mexicana
La abogada Digna Ochoa fue asesinada por defender a los más débiles y su caso sigue impune.
El 19 de octubre del 2001 Digna Ochoa y Plácido fue asesinada en su despacho de la colonia Roma, en el número 31-A de la calle de Zacatecas. Tenía dos heridas de bala calibre 22. en el cuerpo, un disparo en la cabeza y otro en la pierna, que entró por la parte frontal del muslo y llegó hasta la parte posterior.
Sin embargo, el 19 de julio del 2002, la Procuraduría General de Justicia dijo que Digna Ochoa había cometido un “suicidio disimulado”. Margarita Guerra y Tejada, la fiscal encargada de la investigación que duró casi 11 meses, dijo que esta declaración estaba sustentada en más de 50 análisis periciales, 30 de los cuales eran considerados “hechos irrefutables”.
Guerra y Tejada dijo ese año que uno de los hechos más contundentes para confirmar el suicidio fueron un diario íntimo y correos electrónicos que le enviaba a sus amigos: “Ella hablaba de fantasías, de neurosis obsesivas, de períodos largos de depresión que cuando empiezan a operar en una persona que no tiene el apoyo permanente de un especialista, pueden desencadenar en cualquier cosa que, desafortunadamente, siento que fue lo que pasó”.
Cuatro años después de su muerte y de que el gobierno diera por cierto que la defensora de los derechos humanos se había suicidado, la familia Ochoa y Plácido pidió que el cuerpo fuera exhumado y se reabriera la investigación. Esta vez, la indagatoria concluyó que no era posible descartar el asesinato. Sin embargo, no se culpó ni procesó a nadie.
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Digna Ochoa y Plácido nació el 15 de mayo de 1964 en Misantla, Veracruz. Sus papás, Eusebio Ochoa López e Irene Alicia Plácido Evangelista, tuvieron 13 hijos, y Digna fue la quinta. Acabó la educación básica, y en 1984, a los veinte años, se graduó como licenciada en Derecho, por la Universidad Veracruzana.
Desde el principio de su carrera se enfocó a la protección de derechos humanos y a asesorar personas de escasos recursos. Poco después de graduarse, ya defendía a gente de abusos en los que el ejército y personal de seguridad pública estaban involucrados.
En 1991 se mudó a la Ciudad de México y empezó a trabajar en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez –mejor conocido como Centro Prodh–, organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en México. Ahí llevó casos como los de seis jóvenes (cuatro hombres y dos mujeres) chiapanecos que fueron detenidos el 9 de febrero de 1995 en Yanga, Veracruz. De ahí, el grupo de jóvenes fue trasladado, con los ojos vendados, hasta lo que se presume era el Campo Militar Número Uno, donde fueron torturados durante horas y obligados a firmar una declaración ministerial. En agosto de 1996, el juez federal del sexto distrito les dictó sentencia por cargos de posesión, traslado y fabricación de armas, y los condenó a seis años y nueve meses de prisión y 490 pesos de multa. Digna Ochoa fue la abogada encargada del grupo que logró sacar a estos jóvenes de la cárcel, demostrando que la Procuraduría General de la República (PGR) nunca tuvo elementos para tenerlos en prisión y que los delitos fueron prefabricados.
En 1995 también fue abogada en el caso Agua Blancas, un crimen de Estado en el que asesinaron a 17 campesinos en Guerrero. Tres años más tarde, en junio de 1998, fue parte del equipo de defensa en contra del Estado por la masacre de El Charco, en la que 11 jóvenes, supuestos guerrilleros, fueron ejecutados por soldados.
Ochoa defendía a los más débiles, a los que habían sufrido el abuso del gobierno, a los que vivieron la suerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a los que quisieron y en muchos casos lograron callar «por revoltosos». En 1996 fue la primera vez que recibió amenazas de muerte en el Centro Prodh. Las denunció, pero nunca pasó nada.
Tres años después, el 29 de septiembre de 1999, sacaron a Digna Ochoa de su casa en la Ciudad de México para interrogarla por los casos que manejaba. Casi un año más tarde decidió autoexiliarse en Washington, Estados Unidos, por miedo a ser asesinada, pero regresó en abril del 2001, y continuó con su defensa a dos campesinos ecologistas de Guerrero, Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, que se opusieron a la tala de los bosques de Petatlán y Coyuca de Catalán, por lo que fueron detenidos y torturados por militares.
El 19 de octubre del 2001 Digna Ochoa y Plácido fue asesinada en su despacho en la colonia Roma, en Zacatecas 31-A. Tenía dos heridas de bala en el cuerpo, de calibre 22., un disparo en la cabeza y otro en la pierna, que entró por la parte frontal del muslo y llegó hasta la parte posterior.
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