Con una brocha pinto con resistol diluido las hojas que tapizarán las vallas que colocó el Gobierno de la Ciudad de México. Cada hoja es testimonio de una persona que ha desaparecido. Detrás de cada persona desaparecida hay familias que la buscan y mantienen su memoria viva. Intento leer sus nombres cada vez que les coloco el pegamento: Tania, Leonel, Noemí… Más de cien, más de cien mil. Leo el de Gilberto Martínez González y me detengo, ¿qué no ya había visto su rostro y leído su nombre? Al subir la mirada y buscarlo en las vallas de la Glorieta de las y los Desaparecidos, lo encuentro, lo recuerdo porque —como casi todo organismo— poseo la facultad de la memoria: esa capacidad para traer al presente experiencias vividas en el pasado. Si todos pudiéramos tener en nuestra memoria las cejas pobladas con ángulos precisos, los ojos almendrados de párpados enormes, la sonrisa generosa y amable de Gilberto, la esperanza de que su familia lo encuentre sin duda sería mayor.
Pero así como sirve de poco recordar a Gilberto si no hacemos algo por ayudar a encontrarlo, también sirve de poco la memoria si no tomamos decisiones en el presente que eviten situaciones indeseables en el futuro. Esta clave —que la memoria necesariamente es para incidir hoy y ahora— es la que demasiado seguido olvidamos cuando juzgamos, descalificamos e incluso nos atrevemos a retirar los espacios de memoria que levantan quienes han sufrido violencia en México. Esas víctimas nos comparten su memoria individual de la violencia a través de su testimonio, enunciaciones que van mucho más allá de fechas, horas, lugares y nombres y que incluyen afectos, divagaciones y redundancias —incluso imprecisiones— que retratan realidades tan dolorosas que parecen imposibles. La memoria individual de las víctimas transita hacia la colectiva —es decir, se vuelve nuestra memoria— cuando comparten su testimonio en público con denuncias, comunicados, marchas y audiencias, pero también cuando lo hacen con actos poéticos y simbólicos como canciones, filmes, literatura y, sí, memoriales y antimonumentos.
En el caso de la violencia de la desaparición forzada, aunque el testimonio inicie con el día de la desaparición, se extiende a través del tiempo y el espacio por la naturaleza de este delito. Durante días, meses y años, en fiscalías, morgues y fosas, esta violencia se continúa perpetrando con la desaparición de evidencia, de voluntad política para buscar y encontrar y —como hemos visto hace poco— de la memoria misma. Si se les cierran a las víctimas los espacios donde brindan testimonio, la sociedad entera pierde espacios para ejercitar una memoria colectiva que ayude a comprender nuestro presente para cambiar el futuro. Debemos comenzar a reconocer esto como una violencia cometida por gobernantes contra nuestro derecho a la memoria.
Aunque en México aún no está legislado, este derecho sí opera mediante distintos acuerdos internacionales que el Estado ha firmado. Como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde 2019 nuestro país se comprometió a salvaguardar la participación de las víctimas en iniciativas de memoria, así como a proveerles asistencia técnica y financiamiento. También está obligado a “adoptar políticas públicas de memoria coordinadas con procesos de justicia y rendición de cuentas, incluida la búsqueda de la verdad, el establecimiento de reparaciones y la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos”.[1] Estos ejes guían e instrumentan las medidas de reparación integral del daño a las víctimas. El derecho a la memoria en México debería apoyar la creación de caminos para acceder a las medidas materiales que dan acceso a estos derechos que no solo son de las víctimas, sino también de toda la sociedad mexicana.
Mirrora, un proyecto fotográfico de Sandra Hernández.
Entre lo simbólico y lo material
El comisionado de la Verdad de Colombia, Carlos Martín Beristain, explica que “las medidas simbólicas están dirigidas a reconocer la dignidad de las víctimas, fomentar el recuerdo de los hechos históricos relevantes, expresar una crítica o sanción moral hacia los perpetradores, así como a señalar la importancia de la prevención”.[2] En contraste, las medidas materiales generalmente se establecen con compensaciones monetarias, investigaciones que esclarecen la verdad de los acontecimientos violentos, su judicialización ante tribunales o la transformación de leyes e instituciones, a fin de resolver las causas de raíz de la violencia y que así se evite su repetición.[3] Es común que surjan tensiones entre lo simbólico y lo material en iniciativas de memoria porque el primer tipo de medidas de reparación se desvincula del segundo, produciendo monumentos mudos en lugar de memoriales que brinden testimonio.
Veamos brevemente algunos ejemplos, comenzando por el primer memorial que el Estado mexicano fue obligado a construir como medida de reparación simbólica. En su sentencia de 2009 del caso González y otras vs. México (“Campo Algodonero”), la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó: “Es pertinente que el Estado levante un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, entre ellas, las víctimas de este caso, como forma de dignificarlas y como recuerdo del contexto de violencia que padecieron y que el Estado se compromete a evitar en el futuro”. El monumento, llamado Flor de arena, de la artista Verónica Leiton, fue cuestionado por las familias y representantes de las mujeres agraviadas después de su inauguración en 2011. Lejos de cumplir su trabajo simbólico-reparativo, las víctimas de violencia de género “consideran que desvía la atención de la incapacidad del Estado para abordar las condiciones estructurales que siguen alimentando la violencia y la discriminación sistémicas contra las mujeres”.[4] Once años después, la tasa de feminicidios se ha incrementado de 4.6 a 6.1 por cada cien mil habitantes.[5] La insustancialidad del monumento revictimiza, ampliando la brecha entre lo simbólico y lo material.
Para quienes estudiamos la memoria en este país, el Memorial a las Víctimas de la Violencia que hoy se ubica a un costado del Campo Marte, en la Ciudad de México, se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo el Estado mexicano opera para desarticular el trabajo material de las medidas de reparación simbólica. Seguido se olvida que este espacio fue una exigencia del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) al gobierno de Felipe Calderón. En palabras del activista Javier Sicilia, el MPJD solicitaba: “Un lugar para una catarsis social ante la violencia y el dolor, un memorial que reconociera que lo que se conmemoraba seguía ocurriendo y un espacio que permitiera mecanismos para construirlo día a día como un proceso abierto, una herida abierta, una obra en proceso que debía ser habitada permanentemente”.[6]
Mirrora, un proyecto fotográfico de Sandra Hernández.
El acuerdo que realizó el MPJD con la Presidencia fue que el memorial se construiría en un proceso de largo aliento que iniciaba con la cuidadosa y paciente escucha de testimonios de la mayor cantidad posible de víctimas de violencia a lo largo y ancho de todo México. Este primer paso tomaría forma a través de una caravana que lentamente recorrería todos los municipios del país registrando metódicamente palabras y experiencias de violencia. Con ello, el MPJD apostaba a construir un archivo que repararía simbólicamente, ofreciendo a cualquier víctima la oportunidad de que su experiencia fuera olvidada y no, pero también posibilitando su judicialización ante tribunales internacionales. Según miembros del MPJD, la apuesta de esta caravana era incentivar un debate nacional sobre lo que son la memoria y la justicia,[7] y así generar una masa crítica que se movilizara para concluir lo que hoy conocemos como la guerra contra las drogas. Sin embargo, a meses de terminar su mandato, el gobierno federal de Calderón sustituyó la caravana por un tradicional y opaco concurso que cuatro semanas después declaró un proyecto ganador entre acusaciones de jurados amañados.[8] Nuevamente, el Estado mexicano operó para abatir sinergias entre lo material y lo simbólico.
En la primavera de 2019, la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno de México se dispuso a convertir el sótano de un edificio en la calle Circular de Morelia en un espacio de memoria. La torre con el número ocho había sido una de las sedes donde la extinta Dirección Federal de Seguridad torturó a disidentes políticos durante las décadas de los sesenta y setenta.[9] La reparación del daño para las víctimas de la contrainsurgencia (mejor conocida como la Guerra Sucia) de esos años es particularmente delicada por la avanzada edad que tienen sus sobrevivientes: la gran mayoría ya ha muerto o morirá en los próximos años. Con la ventana temporal que tiene el Estado mexicano para reparar el daño cerrándose rápidamente, debía atender con especial cuidado los métodos empleados para crear aquel memorial. En menos de tres meses se diseñó, construyó e inauguró en el aniversario de “el Halconazo”. El colectivo Comité ¡Eureka! expresó en un comunicado que fue engañado por funcionarios públicos de la Subsecretaría de Derechos Humanos: “No se pueden erigir memoriales cuando ni siquiera se ha querido iniciar una investigación de los hechos criminales que les dieron origen y más cuando todavía se reclama justicia para las víctimas […]; ahora se hacen memoriales en los edificios y lugares que deberían estar siendo investigados como escenas del terrible crimen de la desaparición forzada. […] Fue una burla inesperada e imperdonable, con una falta total de respeto para nuestra lucha, nuestras familias y sobre todo para nuestros hijos y familiares desaparecidos”.[10]
Las palabras del Comité ¡Eureka! denuncian este memorial como un obstáculo directo al acceso a los derechos a la verdad y la justicia: el Estado mexicano silenció el testimonio de las víctimas que fueron desaparecidas y que allí fueron torturadas. Esto es especialmente delicado porque el delito que acusan, la desaparición forzada, está tipificado en el país como uno permanente, que no prescribe. [11] Esto quiere decir que, aunque hayan pasado múltiples administraciones federales —y presidentes de tres partidos políticos distintos—, desde que el Estado mexicano desapareció a estas personas, continúa perpetrando el delito hasta el día en que presente evidencia del paradero final de las víctimas y enjuicie a los responsables de su desaparición. Es una lástima criminal que el actual gobierno de México haya privilegiado el símbolo de inaugurar durante una efeméride en vez de aprovechar el potencial materialmente reparativo de esta iniciativa de memoria. Si tan solo comenzara con escuchar a la pluralidad de víctimas, sobrevivientes, colectivos, acompañantes y sociedad civil que sufrieron las consecuencias directas e indirectas de las violencias de la contrainsurgencia. Si tan solo mostrara una voluntad comprobable de reparar integralmente el daño a las familias de los desaparecidos y atendiera sus derechos a la verdad y la justicia en simultáneo con el derecho a la memoria. Si tan solo realizara los peritajes necesarios para investigar las torturas que se cometieron en Circular de Morelia 8 y judicializara esa evidencia. Si tan solo se creara un espacio de memoria que sirviera para cumplir con la exigencia mínima de las familias: “¡Vivos se los llevaron!, ¡vivos los queremos!”.
Mirrora, un proyecto fotográfico de Sandra Hernández.
La Glorieta de las y los Desaparecidos
Después de 107 años de ascender como bengala entre las avenidas Niza y Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, la Palma de Reforma ha desaparecido. Ahora queda allí un hueco de lo que alguna vez fue la única glorieta de esa avenida libre de un monumento nacionalista. Pero el horror vacui crea la compulsión de ocupar cualquier espacio disponible con objetos significantes.[12] Antes de que se retirara la palma, el Gobierno de la Ciudad de México publicó una consulta para elegir cuál especie de árbol sustituiría el ejemplar de Phoenix canariensis.[13] Este gobierno presume que más de doscientos mil ciudadanos votaron en una consulta que carece de carácter vinculante, según los ordenamientos de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. [14] Por tanto, no existió obligación de cumplir el sembrado de la especie ganadora: el ahuehuete, Taxodium mucronatum, gran sabio del agua.
Horas antes de que la jefa de Gobierno anunciara el ganador, un grupo de ciudadanos se dieron cita en la vasija vacía de la Glorieta de la no Palma, dispuestos a volcar en ella la ausencia de los familiares que llevan buscando durante meses y años. La apuesta de estos colectivos de búsqueda y sus acompañantes fue multiplicar estas dos ausencias, la de la palma y la de las personas desaparecidas, para hacer presente la memoria. Levantaron estructuras precarias —pero dignas— sobre las cuales acomodaron los rostros de sus hermanos, madres, amigos, padres, hijas. Con una suerte de alquimia mnemónica, la memoria y el amor de las buscadoras rebautizaron aquel lugar como la Glorieta de las y los Desaparecidos.
Desde hace ya varios años, muchas mujeres a las que les han arrebatado a sus hijas e hijos convocan a marchar durante el Día de las Madres para dar testimonio sobre su amor e indignación ante autoridades omisas en su obligación de proteger, investigar, encontrar, esclarecer y judicializar. El lunes 9 y el martes 10 de mayo, la glorieta continuó acogiendo a madres que colocaban más hojas con los rostros de desaparecidos y desaparecidas. Estas son personas que han caminado mucho, mucho, a través de hostiles y vastos paisajes naturales y forenses. Cualquier sitio donde hay memoria, donde se recuerdan los rostros y nombres de sus amores, es un testigo de ese caminar. Así también resignificaron la Glorieta de los Niños Héroes en Guadalajara y la Plaza de los Toreros en Monterrey: para que fueran lugares que dieran testimonio permanente de su búsqueda. Diversas colectivas en Torreón, Celaya, Saltillo, Guaymas, Oaxaca, Reynosa, Xalapa, Irapuato, Pénjamo, Silao y Puebla han sembrado “árboles de la esperanza”, espacios de memoria donde cuelgan listones y fotografías de sus desaparecidos. Varios de estos testigos de memoria han sido retirados por gobiernos.
Mirrora, un proyecto fotográfico de Sandra Hernández.
Durante la madrugada del miércoles 11 de mayo, el Gobierno de la Ciudad de México retiró las fotografías de la Glorieta de las y los Desaparecidos y cercó con vallas antimotines su perímetro. En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno justificó la borradura de la memoria: “Ya votó la ciudadanía, no puede ser que un grupo de personas esté por encima de la votación de la gente”, y rápidamente se esparció y adoptó esa postura entre la ciudadanía. [15] Los familiares de las personas desaparecidas respondieron con un comunicado llamando a un diálogo directo con ella para acordar una disculpa pública por haber quitado las fotografías. Exigieron la devolución de su memorial, el retiro de las vallas y que el diálogo fuera alojado y vigilado por organizaciones de defensa de derechos humanos. Lo que piden armoniza tensiones materiales y simbólicas: el lenguaje que comunican reconoce que la desaparición de personas, cuerpos y evidencia es paralela a la desaparición de la memoria en tanto que también es responsabilidad del Estado. La exigencia de defender la Glorieta de las y los Desaparecidos como testigo del fenómeno de la desaparición forzada se ha vuelto así casi inseparable de la lucha para encontrar a las personas desaparecidas.
El domingo 15 de mayo y el 5 y 12 de junio, las familias regresaron a la cercada glorieta para volver a colocar los rostros sonrientes de sus familiares. Cuando los medios se acercaron para conocer sus intenciones, las familias repitieron lo que decía su comunicado de días anteriores: “No estamos en contra de que en nuestra glorieta se siembre el ahuehuete, considerado árbol nacional y que será un digno guardián de las fotografías de nuestros desaparecidos y de nuestras desaparecidas.”[16] Los deseos de las familias no son un obstáculo para la decisión del gobierno local de colocar allí un ahuehuete. Al contrario, si tan solo el Estado mexicano cumpliera con su obligación de brindar acceso al derecho a la memoria que inicia por escuchar a las víctimas. Ojalá el gobierno de la capital aprenda a escuchar ese testimonio y a mirar los rostros de las personas desaparecidas.
Mirrora, un proyecto fotográfico de Sandra Hernández.
Mirrora es un proyecto fotográfico de Sandra Hernández que nació en los talleres de Feminist Photographies, de Laura Larson, en el International Center of Photography, en Nueva York, donde creó a su personaje Mirrora. Después de tantos años de vivir sola en el bosque, ella ha decidido salir a conocer el mundo. Le gusta deambular por sitios abandonados y desérticos, aunque también siente curiosidad por la humanidad y esas urdimbres de concreto. Algunos le temen, a pesar de sus ademanes finos y discretos, pero ella sabe que les asusta verse a sí mismos, que ante el espejo es difícil sostener la mirada.
Este texto fue publicado en Gatopardo 221. La vida en las ciudades.
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[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas. Resolución 3/2019”, 2017. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-3-19-es.pdf.
[2] Carlos Martín Beristain, Diálogos sobre la reparación. Experiencias en el sistema interamericano de derechos humanos, tomo 2, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 2008, p. 115.
[3] Robin Adèle Greeley et al., “Repairing symbolic reparations: assessing the effectiveness of memorialization in the inter-American system of human rights”, en International Journal of Transitional Justice, vol. 14, núm. 1, marzo de 2020, pp. 165-192. https://doi.org/10.1093/ijtj/ijaa002. Traducción del autor.
[4] Idem.
[5] Daniela Pastrana y Data Cívica, “Feminicidios: más que matar porque puedo, matar para ser alguien”, #NosQueremosVivas, 27 de mayo de 2021. https://nosqueremos vivas.datacivica.org/feminicidios.
[6] Benjamin Nienass y Alexandra Délano Alonso, “Mexico City’s Memorial to the victims of violence and the façade of participation”, en Apesel, Joyce, y Amy Sodaro (eds.), Museums and sites of persuasion: politics, memory and human rights, Museum Meanings 26, Routledge, Nueva York, 2019, pp. 153-73. https://doi.org/10.4324/9781138567825-13. Traducción del autor.
[7] Idem.
[8] Idem.
[9] Secretaría de Gobernación (Segob), “Dirección Federal de Seguridad, los dueños”, Sitios de Memoria, 2019. http://sitiosdememoria.segob.gob.mx/es/SitiosDeMemoria/Direccion_Federal_de_Seguridad.
[10] Luis Langarica Arreola, “El Correo Ilustrado”, La Jornada, 12 de junio de 2019. https://www.jornada.com.mx/2019/06/12/correo/002a2cor.
[11] Gobierno de México, Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Artículo 27 y 28 (2021). http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP_200521.pdf.
[12] Aldo Solano Rojas, “Una palma para la Glorieta de la Palma”. La Tempestad, 25 de abril de 2022. https://www.latempestad.mx/una-palma-para-la-glorieta-de-la-palma/.
[13] Gobierno de la Ciudad de México, “Consulta pública para decidir qué árbol va a sustituir la histórica Palma de Reforma”, 1 de mayo de 2022. https://lapalmadereforma.cdmx.gob.mx/.
[14] Gobierno de la Ciudad de México, Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, 2019. http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/docs/1908_LeyParticipacionCiudadanaN.pdf.
[15] Animal Político, “Gobierno de la CDMX retira de glorieta antimonumento a desaparecidos; la gente votó que haya otro árbol: Sheinbaum”. Animal Político, 8 de mayo de 2022. https://www.animalpolitico.com/2022/05/colectivos-colocan-antimonumento-en-la-glorieta-de-la-palma/.
[16] Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), comunicado del 12 de mayo de 2022. https://twitter.com/FUNDEM_Mx/status/1524975267948638213.
Sergio Beltrán-García
Arquitecto, activista e investigador. Utiliza la memoria como punto de entrada para explorar prácticas estéticas y políticas de la justicia transicional. Ha contribuido a la creación de quince memoriales de distintos acontecimientos violentos. Trabaja estrechamente con víctimas de violaciones de derechos humanos, sus defensores y comunidades, utilizando tecnologías avanzadas y métodos de investigación transdisciplinarios para movilizar acciones políticas en una diversidad de foros políticos, culturales y legales. Como becario Chevening, completó con distinción sus estudios de posgrado en Goldsmiths, Universidad de Londres, donde realiza investigaciones con Forensic Architecture. Es miembro de la Asociación de Estudios de la Memoria y ha recibido becas del Aspen Institute, el Goethe-Institut, Bloomberg Philanthropies, la Bundeszentrale für Politische Bildung y Monument Lab.
Sandra Hernández
Arquitecta y fotógrafa mexicana-canadiense. Es embajadora de Fujifilm (X-Photographer) y fundadora de Observadores Urbanos, plataforma dedicada a difundir la fotografía callejera iberoamericana. Ha participado en diferentes exposiciones individuales y colectivas en recintos culturales de cuatro continentes, y algunas imágenes de su autoría han recibido premios y menciones de honor en concursos de fotografía de renombre internacional. Es editora del Anuario de fotografía de calle mexicana 2021, el primer libro dedicado a este género fotográfico en México, y es miembro de las comunidades Women Photograph, Women Street Photographers y Women in Street.
