La Glorieta de las y los Desaparecidos – Gatopardo

Glorietas enmudecidas: desaparecer la memoria de las y los desaparecidos

Muy fácilmente un espacio para la memoria de las personas desaparecidas puede convertirse en algo insustancial. Sucede seguido cuando los gobiernos desatienden la búsqueda de la verdad y el acceso a la justicia. Edifican, entonces, monumentos mudos. Pero hay principios detrás de toda reparación simbólica: debe vincularse estrechamente con la reparación material del daño.

Tiempo de lectura: 12 minutos

Nuestro derecho a la memoria

Con una brocha pinto con resistol diluido las hojas que tapizarán las vallas que colocó el Gobierno de la Ciudad de México. Cada hoja es testimonio de una persona que ha desapare­cido. Detrás de cada persona desaparecida hay familias que la buscan y mantienen su memoria viva. Intento leer sus nombres cada vez que les coloco el pegamento: Tania, Leonel, Noemí… Más de cien, más de cien mil. Leo el de Gilberto Martínez González y me detengo, ¿qué no ya había visto su rostro y leído su nombre? Al subir la mirada y buscarlo en las vallas de la Glorieta de las y los Desaparecidos, lo encuentro, lo recuerdo porque —como casi todo organismo— poseo la facultad de la memoria: esa capacidad para traer al presente experiencias vividas en el pasado. Si todos pudiéramos tener en nuestra memoria las cejas pobladas con ángulos pre­cisos, los ojos almendrados de párpados enormes, la sonrisa generosa y amable de Gilberto, la esperanza de que su familia lo encuentre sin duda sería mayor.

Pero así como sirve de poco recordar a Gilberto si no hacemos algo por ayudar a encontrarlo, también sirve de poco la memoria si no tomamos decisiones en el presente que eviten situaciones indeseables en el futuro. Esta clave —que la memoria necesariamente es para incidir hoy y ahora— es la que demasiado seguido olvidamos cuando juzgamos, descalificamos e incluso nos atrevemos a retirar los espacios de memoria que levantan quienes han sufrido violencia en México. Esas víctimas nos comparten su memoria individual de la violencia a través de su testimonio, enunciaciones que van mucho más allá de fechas, horas, lugares y nombres y que incluyen afectos, divagaciones y redundancias —incluso imprecisiones— que retratan realidades tan dolorosas que parecen impo­sibles. La memoria individual de las víctimas transita hacia la colectiva —es decir, se vuelve nuestra memoria— cuando comparten su testimonio en público con denuncias, comunicados, marchas y audiencias, pero también cuando lo hacen con actos poéticos y simbólicos como canciones, filmes, literatura y, sí, memoriales y antimonumentos.

En el caso de la violencia de la desaparición forzada, aunque el testimonio inicie con el día de la desaparición, se extiende a través del tiempo y el espacio por la naturaleza de este delito. Durante días, meses y años, en fiscalías, morgues y fosas, esta violencia se continúa perpetrando con la desaparición de evidencia, de voluntad política para buscar y encontrar y —como hemos visto hace poco— de la memoria misma. Si se les cierran a las víctimas los espacios donde brindan testimonio, la sociedad entera pierde espacios para ejercitar una memoria colectiva que ayude a comprender nuestro presente para cambiar el futuro. Debemos comenzar a reconocer esto como una violencia cometida por gobernantes contra nuestro derecho a la memoria.

Aunque en México aún no está legislado, este derecho sí opera mediante distintos acuerdos internacionales que el Estado ha firmado. Como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde 2019 nuestro país se comprometió a salvaguardar la parti­cipación de las víctimas en iniciativas de memoria, así como a proveerles asistencia técnica y finan­ciamiento. También está obligado a “adoptar políticas públicas de memoria coordinadas con procesos de justicia y rendición de cuentas, incluida la búsqueda de la verdad, el establecimiento de reparaciones y la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos”.[1] Estos ejes guían e instrumentan las medidas de reparación integral del daño a las víctimas. El derecho a la memoria en México debería apoyar la creación de caminos para acceder a las medidas materiales que dan acceso a estos derechos que no solo son de las víctimas, sino también de toda la sociedad mexicana.

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