El primer decreto del recién nombrado presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es para la instalación de la Comisión de la Verdad que investigará y esclarecerá el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre del 2014.
Cuatro años después, las consignas siguen siendo las mismas:
–¡Porque vivos se los llevaron! –dice una voz.
–¡Vivos los queremos! –contesta el coro.
Las voces de los padres de los normalistas desaparecidos rebotaron una vez más contra las paredes del Palacio Nacional, donde se reunieron en su primer acto presidencial con López Obrador.
El pase de lista hasta el número 43 acabó al mismo tiempo que López Obrador terminó de firmar el primer decreto oficial del sexenio, que promete darle claridad a uno de las demandas de justicia más apremiantes que dejó pendientes el gobierno de Peña Nieto.
La creación de la Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa, dice la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tiene el único compromiso y propósito de investigar lo que pasó en Iguala, Guerrero entre el 26 y el 27 de septiembre del 2014: “Esclarecer lo que ocurrió aquella trágica noche hasta que todos los mexicanos sepamos realmente qué fue lo que pasó, quiénes fueron los responsables y que respondan ante la justicia”.
La Comisión de la Verdad formará parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) y trabajará de forma paralela a la PGR y a la Fiscalía General. El objetivo principal de la comisión es desarrollar una investigación profunda que le de seguimiento a líneas que fueron ignoradas en el sexenio anterior, a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales.
Al frente de ella estará Alejandro Encinas, quien dijo que esta firma fue, “primer paso, de los muchos que daremos, en la construcción del proceso de pacificación y reconciliación de nuestro país, para que las víctimas de la violencia y del abuso de autoridad tengan acceso a la justicia”.
Junto con él, la Comisión de la Verdad estará conformada por los padres de los normalistas, representantes de Gobernación, de la SRE y de Hacienda, y expertos técnicos que formará un equipo autónomo.
A nivel internacional se han creado más de 20 comisiones de la verdad, todas con la intención de solucionar los problemas derivados de gobiernos autoritarios o violaciones a derechos humanos.
La primera experiencia en América Latina con una de estas comisiones fue en Argentina en 1983. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) presentó el Informe Nunca Más con el objetivo de aclarar e investigar la desaparición forzada de personas durante la dictadura militar, considerada el episodio más sangriento en la historia del país sudamericano.
En México, la creación de una Comisión de la Verdad es hecho caso inédito. Se trata de la primera vez que el gobierno hace una instancia administrativa para resolver casos de personas desaparecidas.
*Fotografía de portada vía Flickr / Jazbeck
Más en Gatopardo:
Una revisión al Plan Nacional de Paz y Seguridad de AMLO
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El primer decreto oficial de AMLO es la creación de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa
El primer decreto del recién nombrado presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es para la instalación de la Comisión de la Verdad que investigará y esclarecerá el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre del 2014.
Cuatro años después, las consignas siguen siendo las mismas:
–¡Porque vivos se los llevaron! –dice una voz.
–¡Vivos los queremos! –contesta el coro.
Las voces de los padres de los normalistas desaparecidos rebotaron una vez más contra las paredes del Palacio Nacional, donde se reunieron en su primer acto presidencial con López Obrador.
El pase de lista hasta el número 43 acabó al mismo tiempo que López Obrador terminó de firmar el primer decreto oficial del sexenio, que promete darle claridad a uno de las demandas de justicia más apremiantes que dejó pendientes el gobierno de Peña Nieto.
La creación de la Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa, dice la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tiene el único compromiso y propósito de investigar lo que pasó en Iguala, Guerrero entre el 26 y el 27 de septiembre del 2014: “Esclarecer lo que ocurrió aquella trágica noche hasta que todos los mexicanos sepamos realmente qué fue lo que pasó, quiénes fueron los responsables y que respondan ante la justicia”.
La Comisión de la Verdad formará parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) y trabajará de forma paralela a la PGR y a la Fiscalía General. El objetivo principal de la comisión es desarrollar una investigación profunda que le de seguimiento a líneas que fueron ignoradas en el sexenio anterior, a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales.
Al frente de ella estará Alejandro Encinas, quien dijo que esta firma fue, “primer paso, de los muchos que daremos, en la construcción del proceso de pacificación y reconciliación de nuestro país, para que las víctimas de la violencia y del abuso de autoridad tengan acceso a la justicia”.
Junto con él, la Comisión de la Verdad estará conformada por los padres de los normalistas, representantes de Gobernación, de la SRE y de Hacienda, y expertos técnicos que formará un equipo autónomo.
A nivel internacional se han creado más de 20 comisiones de la verdad, todas con la intención de solucionar los problemas derivados de gobiernos autoritarios o violaciones a derechos humanos.
La primera experiencia en América Latina con una de estas comisiones fue en Argentina en 1983. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) presentó el Informe Nunca Más con el objetivo de aclarar e investigar la desaparición forzada de personas durante la dictadura militar, considerada el episodio más sangriento en la historia del país sudamericano.
En México, la creación de una Comisión de la Verdad es hecho caso inédito. Se trata de la primera vez que el gobierno hace una instancia administrativa para resolver casos de personas desaparecidas.
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El primer decreto oficial de AMLO es la creación de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa
El primer decreto del recién nombrado presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es para la instalación de la Comisión de la Verdad que investigará y esclarecerá el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre del 2014.
Cuatro años después, las consignas siguen siendo las mismas:
–¡Porque vivos se los llevaron! –dice una voz.
–¡Vivos los queremos! –contesta el coro.
Las voces de los padres de los normalistas desaparecidos rebotaron una vez más contra las paredes del Palacio Nacional, donde se reunieron en su primer acto presidencial con López Obrador.
El pase de lista hasta el número 43 acabó al mismo tiempo que López Obrador terminó de firmar el primer decreto oficial del sexenio, que promete darle claridad a uno de las demandas de justicia más apremiantes que dejó pendientes el gobierno de Peña Nieto.
La creación de la Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa, dice la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tiene el único compromiso y propósito de investigar lo que pasó en Iguala, Guerrero entre el 26 y el 27 de septiembre del 2014: “Esclarecer lo que ocurrió aquella trágica noche hasta que todos los mexicanos sepamos realmente qué fue lo que pasó, quiénes fueron los responsables y que respondan ante la justicia”.
La Comisión de la Verdad formará parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) y trabajará de forma paralela a la PGR y a la Fiscalía General. El objetivo principal de la comisión es desarrollar una investigación profunda que le de seguimiento a líneas que fueron ignoradas en el sexenio anterior, a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales.
Al frente de ella estará Alejandro Encinas, quien dijo que esta firma fue, “primer paso, de los muchos que daremos, en la construcción del proceso de pacificación y reconciliación de nuestro país, para que las víctimas de la violencia y del abuso de autoridad tengan acceso a la justicia”.
Junto con él, la Comisión de la Verdad estará conformada por los padres de los normalistas, representantes de Gobernación, de la SRE y de Hacienda, y expertos técnicos que formará un equipo autónomo.
A nivel internacional se han creado más de 20 comisiones de la verdad, todas con la intención de solucionar los problemas derivados de gobiernos autoritarios o violaciones a derechos humanos.
La primera experiencia en América Latina con una de estas comisiones fue en Argentina en 1983. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) presentó el Informe Nunca Más con el objetivo de aclarar e investigar la desaparición forzada de personas durante la dictadura militar, considerada el episodio más sangriento en la historia del país sudamericano.
En México, la creación de una Comisión de la Verdad es hecho caso inédito. Se trata de la primera vez que el gobierno hace una instancia administrativa para resolver casos de personas desaparecidas.
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Cuatro años después, las consignas siguen siendo las mismas:
–¡Porque vivos se los llevaron! –dice una voz.
–¡Vivos los queremos! –contesta el coro.
Las voces de los padres de los normalistas desaparecidos rebotaron una vez más contra las paredes del Palacio Nacional, donde se reunieron en su primer acto presidencial con López Obrador.
El pase de lista hasta el número 43 acabó al mismo tiempo que López Obrador terminó de firmar el primer decreto oficial del sexenio, que promete darle claridad a uno de las demandas de justicia más apremiantes que dejó pendientes el gobierno de Peña Nieto.
La creación de la Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa, dice la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tiene el único compromiso y propósito de investigar lo que pasó en Iguala, Guerrero entre el 26 y el 27 de septiembre del 2014: “Esclarecer lo que ocurrió aquella trágica noche hasta que todos los mexicanos sepamos realmente qué fue lo que pasó, quiénes fueron los responsables y que respondan ante la justicia”.
La Comisión de la Verdad formará parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) y trabajará de forma paralela a la PGR y a la Fiscalía General. El objetivo principal de la comisión es desarrollar una investigación profunda que le de seguimiento a líneas que fueron ignoradas en el sexenio anterior, a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales.
Al frente de ella estará Alejandro Encinas, quien dijo que esta firma fue, “primer paso, de los muchos que daremos, en la construcción del proceso de pacificación y reconciliación de nuestro país, para que las víctimas de la violencia y del abuso de autoridad tengan acceso a la justicia”.
Junto con él, la Comisión de la Verdad estará conformada por los padres de los normalistas, representantes de Gobernación, de la SRE y de Hacienda, y expertos técnicos que formará un equipo autónomo.
A nivel internacional se han creado más de 20 comisiones de la verdad, todas con la intención de solucionar los problemas derivados de gobiernos autoritarios o violaciones a derechos humanos.
La primera experiencia en América Latina con una de estas comisiones fue en Argentina en 1983. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) presentó el Informe Nunca Más con el objetivo de aclarar e investigar la desaparición forzada de personas durante la dictadura militar, considerada el episodio más sangriento en la historia del país sudamericano.
En México, la creación de una Comisión de la Verdad es hecho caso inédito. Se trata de la primera vez que el gobierno hace una instancia administrativa para resolver casos de personas desaparecidas.
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Cuatro años después, las consignas siguen siendo las mismas:
–¡Porque vivos se los llevaron! –dice una voz.
–¡Vivos los queremos! –contesta el coro.
Las voces de los padres de los normalistas desaparecidos rebotaron una vez más contra las paredes del Palacio Nacional, donde se reunieron en su primer acto presidencial con López Obrador.
El pase de lista hasta el número 43 acabó al mismo tiempo que López Obrador terminó de firmar el primer decreto oficial del sexenio, que promete darle claridad a uno de las demandas de justicia más apremiantes que dejó pendientes el gobierno de Peña Nieto.
La creación de la Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa, dice la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tiene el único compromiso y propósito de investigar lo que pasó en Iguala, Guerrero entre el 26 y el 27 de septiembre del 2014: “Esclarecer lo que ocurrió aquella trágica noche hasta que todos los mexicanos sepamos realmente qué fue lo que pasó, quiénes fueron los responsables y que respondan ante la justicia”.
La Comisión de la Verdad formará parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) y trabajará de forma paralela a la PGR y a la Fiscalía General. El objetivo principal de la comisión es desarrollar una investigación profunda que le de seguimiento a líneas que fueron ignoradas en el sexenio anterior, a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales.
Al frente de ella estará Alejandro Encinas, quien dijo que esta firma fue, “primer paso, de los muchos que daremos, en la construcción del proceso de pacificación y reconciliación de nuestro país, para que las víctimas de la violencia y del abuso de autoridad tengan acceso a la justicia”.
Junto con él, la Comisión de la Verdad estará conformada por los padres de los normalistas, representantes de Gobernación, de la SRE y de Hacienda, y expertos técnicos que formará un equipo autónomo.
A nivel internacional se han creado más de 20 comisiones de la verdad, todas con la intención de solucionar los problemas derivados de gobiernos autoritarios o violaciones a derechos humanos.
La primera experiencia en América Latina con una de estas comisiones fue en Argentina en 1983. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) presentó el Informe Nunca Más con el objetivo de aclarar e investigar la desaparición forzada de personas durante la dictadura militar, considerada el episodio más sangriento en la historia del país sudamericano.
En México, la creación de una Comisión de la Verdad es hecho caso inédito. Se trata de la primera vez que el gobierno hace una instancia administrativa para resolver casos de personas desaparecidas.
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–¡Porque vivos se los llevaron! –dice una voz.
–¡Vivos los queremos! –contesta el coro.
Las voces de los padres de los normalistas desaparecidos rebotaron una vez más contra las paredes del Palacio Nacional, donde se reunieron en su primer acto presidencial con López Obrador.
El pase de lista hasta el número 43 acabó al mismo tiempo que López Obrador terminó de firmar el primer decreto oficial del sexenio, que promete darle claridad a uno de las demandas de justicia más apremiantes que dejó pendientes el gobierno de Peña Nieto.
La creación de la Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa, dice la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tiene el único compromiso y propósito de investigar lo que pasó en Iguala, Guerrero entre el 26 y el 27 de septiembre del 2014: “Esclarecer lo que ocurrió aquella trágica noche hasta que todos los mexicanos sepamos realmente qué fue lo que pasó, quiénes fueron los responsables y que respondan ante la justicia”.
La Comisión de la Verdad formará parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) y trabajará de forma paralela a la PGR y a la Fiscalía General. El objetivo principal de la comisión es desarrollar una investigación profunda que le de seguimiento a líneas que fueron ignoradas en el sexenio anterior, a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales.
Al frente de ella estará Alejandro Encinas, quien dijo que esta firma fue, “primer paso, de los muchos que daremos, en la construcción del proceso de pacificación y reconciliación de nuestro país, para que las víctimas de la violencia y del abuso de autoridad tengan acceso a la justicia”.
Junto con él, la Comisión de la Verdad estará conformada por los padres de los normalistas, representantes de Gobernación, de la SRE y de Hacienda, y expertos técnicos que formará un equipo autónomo.
A nivel internacional se han creado más de 20 comisiones de la verdad, todas con la intención de solucionar los problemas derivados de gobiernos autoritarios o violaciones a derechos humanos.
La primera experiencia en América Latina con una de estas comisiones fue en Argentina en 1983. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) presentó el Informe Nunca Más con el objetivo de aclarar e investigar la desaparición forzada de personas durante la dictadura militar, considerada el episodio más sangriento en la historia del país sudamericano.
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