Entre enero de 2019 y mayo de 2022 solo 35% de las denuncias han obtenido una resolución: capacitaciones, sensibilizaciones y “propuestas de mejora”. Ningún funcionario público ha sido destituido.
“Desayunamos el jueves a las 10:00 a. m.”, Nadia leyó el mensaje de su jefe, un director de área, y pensó que se trataba de una reunión laboral. Era agosto de 2019. Acudió al restaurante, pero cuando llegó supo que estarían los dos solos y que no hablarían de trabajo. “Te invité para que platiquemos más cómodos, es un asunto de confianza”, le dijo, y así inició el acoso constante que sufriría en los meses siguientes. Nadia (cuyo nombre hemos cambiado para proteger su identidad) trabajaba en un área administrativa de la Secretaría de Educación Pública. En enero de 2020 denunció a su jefe por acoso sexual ante el Órgano Interno de Control de esa dependencia de gobierno. Un año después su queja terminó archivada. Para que no conviviera con su agresor, a ella la cambiaron de área.
En 2016 el gobierno federal creó el "Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual" para atender estos casos al interior de todas las dependencias y entidades de la administración pública federal. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se actualizó el protocolo, específicamente en 2020; entre sus mejoras está brindar acompañamiento a las víctimas y asesoría especializada en género. Sin embargo, ha sido insuficiente para atender las denuncias de las funcionarias, como se puede ver en los siguientes datos obtenidos mediante transparencia.
Entre enero de 2019 y mayo de 2022 se iniciaron 937 denuncias contra servidores públicos por hostigamiento o acoso sexual al interior de 136 dependencias, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública. En cambio, entre enero de 2016 y septiembre de 2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos encontró 399 casos y 402 víctimas en total. Aunque ambas cifras podrían ser mayores porque muchas funcionarias no denuncian ante el riesgo de perder su trabajo o por acoso laboral, intimidaciones y porque todavía se descree de las víctimas.
Diez dependencias y entidades del gobierno federal concentran el 57% de las denuncias de este sexenio. En primer lugar se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 190; después, la Secretaría de la Marina, con 153; el tercer lugar lo ocupa el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
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Nadia recuerda que todo empezó con las invitaciones a comer, después su jefe se ofreció a llevarla varias veces hasta su casa, sin que ella aceptara. En una ocasión recibió un ramo de rosas, justo en su lugar de trabajo: “De una persona que te aprecia mucho”, decía la tarjeta firmada con las iniciales de quien era su superior jerárquico. “Me sentía muy incómoda. Siempre fui amable con él y le dejé claro que era casada y no podía recibir sus atenciones, pero él siempre me decía que lo hacía porque yo me lo merecía.”
En más de doce ocasiones Nadia se negó a aceptar sus regalos e invitaciones a comer fuera del horario de trabajo. Hasta que las insinuaciones subieron de nivel. En enero de 2020 su jefe le pidió que se reunieran en la sala de juntas. “Siempre era muy incómodo estar con él porque me veía con morbo.” Aquella vez, mientras ella explicaba unos asuntos de trabajo desde su computadora, él aprovechó la cercanía para acariciar su brazo. Luego bajó su mano y apretó el muslo de su pierna. “Fue muy rápido. En ese momento me levanté y salí.”
Nadia caminó hacia el baño y sintió cómo le temblaban las manos, no entendía qué acababa de pasar, solo sintió un nudo en la garganta y “mucho coraje”. Al volver a su lugar, le contó a su compañera lo que había pasado y fue ella quien la convenció de levantar una denuncia por acoso sexual, pues no era la primera vez que Nadia se quejaba de él. Después de aquel encuentro, su jefe se portó como si nada hubiera pasado, dice Nadia. Ella estaba convencida de denunciarlo porque no se sentía segura al estar con él y tampoco sabía si en algún momento “se atrevería a más”. Tenía miedo. Sabía que su trabajo estaba en riesgo, pero ella también lo estaba. Finalmente, a finales de enero presentó su denuncia ante el Área de Quejas del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública, en donde le dijeron que revisarían su caso y le darían seguimiento.
De acuerdo con el protocolo para las dependencias del gobierno federal, las víctimas de hostigamiento y acoso sexual deben tener un primer contacto con una persona consejera especializada en la atención de este tipo de casos, quien tiene la misión de acompañarlas, darles confidencialidad e identificar si las denunciantes requieren asesoría jurídica o psicológica. Después el Comité de Ética o el Órgano Interno de Control son los encargados de brindar las medidas de protección inmediatas y aplicar las sanciones correspondientes conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que corresponde a las personas que trabajan como servidores públicos en el gobierno.
“Lamentablemente mi proceso se vio interrumpido por la pandemia”, continúa Nadia, “y el año pasado que regresamos a las oficinas, me llegó una notificación del Comité de Ética: mi solicitud había sido archivada por falta de pruebas y se había resuelto cambiarme de área y que él tomara una capacitación de sensibilización”.
Las “sanciones” que enfrentan las víctimas
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) reconoce que el hostigamiento y el acoso sexual dañan las oportunidades profesionales de quienes padecen estas formas de violencia. Muchas víctimas como Nadia son removidas de sus áreas de trabajo, como si fueran ellas las del problema, una situación que, además de ser revictimizante, las desalienta de continuar con sus denuncias, explica la abogada Angélica González Vega, de la Campaña Trabajo Digno Derecho de las Mujeres, en especial, porque son las propias dependencias de gobierno las que les fallan.
Entre enero de 2016 y septiembre de 2018, de los 399 casos de acoso sexual, con 402 víctimas, registrados por la CNDH, en por lo menos 5% las víctimas fueron reubicadas a otras áreas de trabajo; en el 25% los agresores continuaron trabajando en la institución, mientras que 20% de las víctimas continuaron como empleadas. Entre las sanciones más comunes para los funcionarios que cometen estos tipos de violencia están: la suspensión temporal del empleo sin goce de sueldo, la destitución (de carácter definitivo), la inhabilitación temporal, ofrecer una disculpa a la víctima y la amonestación privada o pública, de acuerdo con el mismo diagnóstico de la CNDH sobre las denuncias de los últimos años del sexenio anterior.
“Pocas veces estas sanciones son ejemplares porque no garantizan la no repetición del hostigamiento y el acoso sexual, porque son consideradas faltas administrativas y no representan una falta grave”, de acuerdo con Claudia Aguilar Barroso, abogada por la Escuela Libre de Derecho. La CNDH también documentó que solo en el 1% de los casos (entre 2016 y 2018) se impuso algún tipo de sanción que impactó laboralmente al agresor.
En cambio, de las 937 denuncias que registró la Función Pública en lo que va del sexenio actual (entre enero de 2019 y mayo de 2022), en el 40% no hay pronunciamiento, ya sea porque el caso continúa en trámite o porque el “Comité de Ética no encontró elementos” para pronunciarse. El 23.4% de los casos fueron archivados, por distintos motivos: porque el comité consideró que el asunto no era de su competencia (sino de “jurídico o recursos humanos”); por “falta de información”; porque la persona denunciada dejó de trabajar ahí; porque la denunciante desistió del proceso, dejó de trabajar en la dependencia, “resultó ilocalizable” o, finalmente, por “otras causas”. Solo el 35% terminó en algún tipo de pronunciamiento o resolución para “capacitar” y “sensibilizar” al funcionario agresor o que hubiera “una propuesta de mejora”. Cabe destacar que 122 casos que iniciaron hace casi tres años, en 2019, aún siguen en trámite. En ningún caso se registró la inhabilitación o la suspensión del denunciado.
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Algo parecido a lo que vivió Nadia ocurrió recientemente en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Politécnico Nacional (IPN). Animal Político documentó que la Función Pública halló elementos que confirmarían el acoso sexual que cometió presuntamente Jean-Philippe Vielle Calzada, un académico del Cinvestav. En 2020 dos investigadoras lo denunciaron ante el órgano interno de control, María Ávila y Angélica Cibrián. Pero este centro, a pesar de contar con su propio protocolo, no interpuso ninguna sanción ni medida para proteger a las víctimas.
Meses después el Cinvestav decidió que el caso había prescrito, argumentando que ya había pasado el tiempo en el que podía emitir una sanción. Entonces Vielle Calzada se postuló como candidato para dirigir el centro de investigación, pero fue rechazado tanto por la comunidad académica y estudiantil como por la Asamblea de la Sociedad Matemática Mexicana.
En lo que las dependencias y entidades del gobierno federal responden por estos casos, la abogada Angélica González insiste en que las víctimas de hostigamiento o acoso sexual tienen más opciones que los órganos internos de control. Ella recomienda usar todos los caminos, aprovechar todos los recursos, y acudir también al Ministerio Público para buscar que haya sanciones penales. Para ella y para su colega Aguilar Barroso, los procesos siguen siendo revictimizantes y no hay un seguimiento real de los casos debido a la falta de capacitación de las y los servidores públicos que deben atender estas denuncias dentro del gobierno federal.
