La regulación de las drogas es uno de los debates más urgentes de nuestra era. Este año, en el marco de la 73 Asamblea General de la ONU, la Comisión Global sobre Políticas de Drogas presentó un informe con análisis y recomendaciones para terminar con el problema económico y de salud que la guerra contra el narcotráfico representa para muchísimos países de Latinoamérica, teniendo a México como uno de los focos principales.Ernesto Zedillo, expresidente mexicano (1994-2000), ha sido parte de la Comisión desde que se formó en el 2011 y dirige la región latinoamericana junto con los expresidentes César Gaviria (Colombia) y Fernando Henrique Cardoso (Brasil). Durante la conferencia de prensa, que tuvo lugar en el Palacio de la Escuela de Medicina en la Ciudad de México, se presentó el informe, “Regulación: el control responsable de las drogas”. Ahí, Zedillo reconoció que durante su mandato se equivocó al seguir una política prohibitiva ante la venta y el consumo de drogas, en lugar de una regulatoria. “Hemos seguido la política de drogas equivocada por tantos años”, dijo el expresidente mexicano, refiriéndose a aquella que persigue y castiga a los distribuidores y consumidores de estupefacientes, en lugar de tratar el problema como uno de salud pública, que ataque por un lado el consumo, y por otro, elimine la violencia y las estructuras económicas ilegales lo sostienen, con un altísimo costo social. Sostener esto, dijo Zedillo, ha derivado en “terribles violaciones de derechos humanos”.
En el informe se presentan siete recomendaciones. La primera deja muy en claro que “las drogas actualmente prohibidas deben de ser reguladas” y explica por qué la legalización y regularización de las drogas puede minimizar los daños sociales y a la salud, de un problema que hoy se encuentra totalmente fuera de control.
La presidenta de la Comisión Global de Políticas de Drogas, Ruth Dreifuss (también expresidenta de Suiza), plantea en el informe “como la regulación de las drogas se puede hacer en contextos de vida real, basada en evidencias científicas y marcos regulatorios ya existentes para sustancias actualmente legales”, tomando en cuenta los desafíos que enfrentan sectores de la población cuya situación económica los hace propensos a involucrarse en los mercados de drogas ilegales. Es una propuesta que impulsa una reforma al sistema tradicional de control de drogas, vigente en la mayor parte del mundo, basado en la prohibición. El expresidente colombiano César Gaviria dijo: “si México entra por el camino de la regulación, primero va a tener mucho menos corrupción y segundo va a mejorar sus policías y su fuerza pública”. Después añadió que el cambio de gobierno puede ser una buena oportunidad para estas reformas, considerando que Andrés Manuel López Obrador ha mostrado receptividad ante la propuesta de regulación y de amnistía a algunas personas relacionadas con el narcomenudeo.
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Por otro lado, ayer mismo y contradiciendo ese informe, durante la 73 Asamblea General de las ONU el presidente estadounidense Donald Trump invitó a los representantes a firmar una iniciativa titulada “Llamado global a la acción sobre el problema mundial de las drogas”, en el que invita a reforzar la cooperación internacional para reducir el problema de las drogas a través de “reducir demanda, cortar el abasto de drogas ilícitas, expandir el tratamiento y fortalecer la cooperación internacional”. El documento fue firmado por 130 países, incluido México, bajo la representación de Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores. Sin embargo países como Alemania, Suecia, Luxemburgo, Finlandia, España, República Checa y Holanda no quisieron firmar el llamado de Donald Trump.El secretario general de la ONU, António Manuel de Oliveira Guterres, dijo que para confrontar el problema de drogas, a diferencia de la propuesta de Trump, el enfoque debe centrarse únicamente en dos áreas: tomar medidas contra el narcotráfico y asegurarse de que aquellos que necesitan tratamiento lo obtengan.Según la Comisión Mundial sobre Política de Drogas el documento presentado por Trump y firmado por 130 países es una “continuación de políticas ineficaces, costosas y dañinas” y que el resultado de estas es la aplicación de una ley punitiva que deriva en militarización, encarcelamiento masivo, tratamiento forzado y ruptura de familias y comunidades.
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