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La Suprema Corte de Justicia de la Nación se enfrenta a un paradigma en su historia. Fotografía de Presidencia de la República Mexicana / Flickr.
A la Suprema Corte de Justicia le hace falta una integrante. La selección ha sido otro espacio de disputa entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. En medio del debate regresa la propuesta de que los magistrados sean electos por votación popular, ¿es viable en nuestro país?, ¿esto devolverá la confianza de la ciudadanía en los jueces?
La elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México por voto popular, como propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, luce inviable en estos momentos. Sus principales resistencias están en el Congreso, en el propio Poder Judicial Federal y en la escasa experiencia internacional.
El presidente intentó impulsar una reforma judicial en septiembre de este año, en la que aprovechó su confrontación con la Corte por los sueldos de los ministros, pero no alcanzó el apoyo suficiente en el Congreso.
Actualmente, los artículos 95 y 96 de la Constitución dicen que, entre otros requisitos, para ser ministro de la Suprema Corte se debe tener título profesional de licenciado en derecho con al menos 10 años de haber sido expedido, y las personas que aspiren al cargo se deben haber distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. El proceso para designarlo es el siguiente: el presidente somete a consideración del Senado una terna y quienes la integran deben comparecer ante la Cámara Alta. Los senadores deben elegir al nuevo o nueva ministra con dos terceras partes; si no lo hacen, el presidente debe enviar una nueva terna y si ésta tampoco tiene éxito, el presidente será quien le designe.
En la Cámara de Diputados el legislador que ha llevado a la tribuna la propuesta de elegir a los ministros por votación y de “obradorizar” el Poder Judicial es Alejandro Robles, que en entrevista con Semanario Gatopardo detalla cómo desearía que funcionara esto: “presenté ya la reforma al artículo 96 constitucional en este sentido, que prevé precisamente que un grupo de especialistas sean los que determinen el listado de los elegibles a una posición de la Corte y ya sea el pueblo quien, en última instancia, determine. Los argumentos que han sostenido tanto los partidos del viejo régimen, el PRIAN, y los propios ministros, pues están muy anquilosados. Es como si quisiéramos que tuvieran doctorados los legisladores en ciencia política para poder aspirar a la representación política”.
Para el doctor Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, los mecanismos de designación en las democracias consolidadas deben provenir de fuentes distintas al voto popular. “La legitimidad de juezas, jueces, magistradas, magistrados y ministras y ministros depende de la calidad de sus argumentos, de la solidez de sus sentencias, de su capacidad para ganarse la credibilidad ante la sociedad a partir de la impartición de justicia; para eso están. No depende para nada de contar con el apoyo mayoritario de una parte de la población”, dice.
La Suprema Corte de Justicia frente a ejemplos internacionales de votación
El horizonte más cercano a lo que intenta el presidente López Obrador es Bolivia, donde comenzaron a elegir a los integrantes de su Suprema Corte constitucional en 2011, pero han empezado a recular en esta decisión. Un estudio de la Fundación para el Debido Proceso apunta a que estas elecciones tienen como problemas principales “la interferencia política en la designación de candidatos, el desconocimiento ciudadano sobre los méritos de aquellos entre quienes se debió elegir, la calidad profesional de los magistrados elegidos y la falta de vigilancia social sobre el proceso”.
El doctor Javier Martín Reyes, también investigador de Jurídicas, con perspectiva critica lo que ha pasado en Bolivia. “Son elecciones donde la ciudadanía participa muy poco, donde de repente el voto en blanco le gana a las candidaturas, donde el perfil de quienes terminan llegando, pues no necesariamente cuentan con esos conocimientos técnicos para desempeñar la función”, asegura en entrevista para Semanario Gatopardo.
Un nuevo proceso electoral complicaría más nuestro sistema de votación que de por sí ya tiene problemas. El INE anunció en un comunicado hace unos días que más de la mitad de los órganos electorales tiene problemas financieros, especialmente Campeche, Colima, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas que están en riesgo presupuestal alto.
Sobre estos temas conversamos con el diputado Alejandro Robles y con los doctores en Derecho Ximena Medellín, Pedro Salazar y Javier Martín Reyes este martes en Semanario Gatopardo.
También te puede interesar el episodio "La ratificación de Ernestina Godoy":
¡Gracias!
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A la Suprema Corte de Justicia le hace falta una integrante. La selección ha sido otro espacio de disputa entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. En medio del debate regresa la propuesta de que los magistrados sean electos por votación popular, ¿es viable en nuestro país?, ¿esto devolverá la confianza de la ciudadanía en los jueces?
La elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México por voto popular, como propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, luce inviable en estos momentos. Sus principales resistencias están en el Congreso, en el propio Poder Judicial Federal y en la escasa experiencia internacional.
El presidente intentó impulsar una reforma judicial en septiembre de este año, en la que aprovechó su confrontación con la Corte por los sueldos de los ministros, pero no alcanzó el apoyo suficiente en el Congreso.
Actualmente, los artículos 95 y 96 de la Constitución dicen que, entre otros requisitos, para ser ministro de la Suprema Corte se debe tener título profesional de licenciado en derecho con al menos 10 años de haber sido expedido, y las personas que aspiren al cargo se deben haber distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. El proceso para designarlo es el siguiente: el presidente somete a consideración del Senado una terna y quienes la integran deben comparecer ante la Cámara Alta. Los senadores deben elegir al nuevo o nueva ministra con dos terceras partes; si no lo hacen, el presidente debe enviar una nueva terna y si ésta tampoco tiene éxito, el presidente será quien le designe.
En la Cámara de Diputados el legislador que ha llevado a la tribuna la propuesta de elegir a los ministros por votación y de “obradorizar” el Poder Judicial es Alejandro Robles, que en entrevista con Semanario Gatopardo detalla cómo desearía que funcionara esto: “presenté ya la reforma al artículo 96 constitucional en este sentido, que prevé precisamente que un grupo de especialistas sean los que determinen el listado de los elegibles a una posición de la Corte y ya sea el pueblo quien, en última instancia, determine. Los argumentos que han sostenido tanto los partidos del viejo régimen, el PRIAN, y los propios ministros, pues están muy anquilosados. Es como si quisiéramos que tuvieran doctorados los legisladores en ciencia política para poder aspirar a la representación política”.
Para el doctor Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, los mecanismos de designación en las democracias consolidadas deben provenir de fuentes distintas al voto popular. “La legitimidad de juezas, jueces, magistradas, magistrados y ministras y ministros depende de la calidad de sus argumentos, de la solidez de sus sentencias, de su capacidad para ganarse la credibilidad ante la sociedad a partir de la impartición de justicia; para eso están. No depende para nada de contar con el apoyo mayoritario de una parte de la población”, dice.
La Suprema Corte de Justicia frente a ejemplos internacionales de votación
El horizonte más cercano a lo que intenta el presidente López Obrador es Bolivia, donde comenzaron a elegir a los integrantes de su Suprema Corte constitucional en 2011, pero han empezado a recular en esta decisión. Un estudio de la Fundación para el Debido Proceso apunta a que estas elecciones tienen como problemas principales “la interferencia política en la designación de candidatos, el desconocimiento ciudadano sobre los méritos de aquellos entre quienes se debió elegir, la calidad profesional de los magistrados elegidos y la falta de vigilancia social sobre el proceso”.
El doctor Javier Martín Reyes, también investigador de Jurídicas, con perspectiva critica lo que ha pasado en Bolivia. “Son elecciones donde la ciudadanía participa muy poco, donde de repente el voto en blanco le gana a las candidaturas, donde el perfil de quienes terminan llegando, pues no necesariamente cuentan con esos conocimientos técnicos para desempeñar la función”, asegura en entrevista para Semanario Gatopardo.
Un nuevo proceso electoral complicaría más nuestro sistema de votación que de por sí ya tiene problemas. El INE anunció en un comunicado hace unos días que más de la mitad de los órganos electorales tiene problemas financieros, especialmente Campeche, Colima, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas que están en riesgo presupuestal alto.
Sobre estos temas conversamos con el diputado Alejandro Robles y con los doctores en Derecho Ximena Medellín, Pedro Salazar y Javier Martín Reyes este martes en Semanario Gatopardo.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación se enfrenta a un paradigma en su historia. Fotografía de Presidencia de la República Mexicana / Flickr.
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La elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México por voto popular, como propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, luce inviable en estos momentos. Sus principales resistencias están en el Congreso, en el propio Poder Judicial Federal y en la escasa experiencia internacional.
El presidente intentó impulsar una reforma judicial en septiembre de este año, en la que aprovechó su confrontación con la Corte por los sueldos de los ministros, pero no alcanzó el apoyo suficiente en el Congreso.
Actualmente, los artículos 95 y 96 de la Constitución dicen que, entre otros requisitos, para ser ministro de la Suprema Corte se debe tener título profesional de licenciado en derecho con al menos 10 años de haber sido expedido, y las personas que aspiren al cargo se deben haber distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. El proceso para designarlo es el siguiente: el presidente somete a consideración del Senado una terna y quienes la integran deben comparecer ante la Cámara Alta. Los senadores deben elegir al nuevo o nueva ministra con dos terceras partes; si no lo hacen, el presidente debe enviar una nueva terna y si ésta tampoco tiene éxito, el presidente será quien le designe.
En la Cámara de Diputados el legislador que ha llevado a la tribuna la propuesta de elegir a los ministros por votación y de “obradorizar” el Poder Judicial es Alejandro Robles, que en entrevista con Semanario Gatopardo detalla cómo desearía que funcionara esto: “presenté ya la reforma al artículo 96 constitucional en este sentido, que prevé precisamente que un grupo de especialistas sean los que determinen el listado de los elegibles a una posición de la Corte y ya sea el pueblo quien, en última instancia, determine. Los argumentos que han sostenido tanto los partidos del viejo régimen, el PRIAN, y los propios ministros, pues están muy anquilosados. Es como si quisiéramos que tuvieran doctorados los legisladores en ciencia política para poder aspirar a la representación política”.
Para el doctor Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, los mecanismos de designación en las democracias consolidadas deben provenir de fuentes distintas al voto popular. “La legitimidad de juezas, jueces, magistradas, magistrados y ministras y ministros depende de la calidad de sus argumentos, de la solidez de sus sentencias, de su capacidad para ganarse la credibilidad ante la sociedad a partir de la impartición de justicia; para eso están. No depende para nada de contar con el apoyo mayoritario de una parte de la población”, dice.
La Suprema Corte de Justicia frente a ejemplos internacionales de votación
El horizonte más cercano a lo que intenta el presidente López Obrador es Bolivia, donde comenzaron a elegir a los integrantes de su Suprema Corte constitucional en 2011, pero han empezado a recular en esta decisión. Un estudio de la Fundación para el Debido Proceso apunta a que estas elecciones tienen como problemas principales “la interferencia política en la designación de candidatos, el desconocimiento ciudadano sobre los méritos de aquellos entre quienes se debió elegir, la calidad profesional de los magistrados elegidos y la falta de vigilancia social sobre el proceso”.
El doctor Javier Martín Reyes, también investigador de Jurídicas, con perspectiva critica lo que ha pasado en Bolivia. “Son elecciones donde la ciudadanía participa muy poco, donde de repente el voto en blanco le gana a las candidaturas, donde el perfil de quienes terminan llegando, pues no necesariamente cuentan con esos conocimientos técnicos para desempeñar la función”, asegura en entrevista para Semanario Gatopardo.
Un nuevo proceso electoral complicaría más nuestro sistema de votación que de por sí ya tiene problemas. El INE anunció en un comunicado hace unos días que más de la mitad de los órganos electorales tiene problemas financieros, especialmente Campeche, Colima, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas que están en riesgo presupuestal alto.
Sobre estos temas conversamos con el diputado Alejandro Robles y con los doctores en Derecho Ximena Medellín, Pedro Salazar y Javier Martín Reyes este martes en Semanario Gatopardo.
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La elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México por voto popular, como propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, luce inviable en estos momentos. Sus principales resistencias están en el Congreso, en el propio Poder Judicial Federal y en la escasa experiencia internacional.
El presidente intentó impulsar una reforma judicial en septiembre de este año, en la que aprovechó su confrontación con la Corte por los sueldos de los ministros, pero no alcanzó el apoyo suficiente en el Congreso.
Actualmente, los artículos 95 y 96 de la Constitución dicen que, entre otros requisitos, para ser ministro de la Suprema Corte se debe tener título profesional de licenciado en derecho con al menos 10 años de haber sido expedido, y las personas que aspiren al cargo se deben haber distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. El proceso para designarlo es el siguiente: el presidente somete a consideración del Senado una terna y quienes la integran deben comparecer ante la Cámara Alta. Los senadores deben elegir al nuevo o nueva ministra con dos terceras partes; si no lo hacen, el presidente debe enviar una nueva terna y si ésta tampoco tiene éxito, el presidente será quien le designe.
En la Cámara de Diputados el legislador que ha llevado a la tribuna la propuesta de elegir a los ministros por votación y de “obradorizar” el Poder Judicial es Alejandro Robles, que en entrevista con Semanario Gatopardo detalla cómo desearía que funcionara esto: “presenté ya la reforma al artículo 96 constitucional en este sentido, que prevé precisamente que un grupo de especialistas sean los que determinen el listado de los elegibles a una posición de la Corte y ya sea el pueblo quien, en última instancia, determine. Los argumentos que han sostenido tanto los partidos del viejo régimen, el PRIAN, y los propios ministros, pues están muy anquilosados. Es como si quisiéramos que tuvieran doctorados los legisladores en ciencia política para poder aspirar a la representación política”.
Para el doctor Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, los mecanismos de designación en las democracias consolidadas deben provenir de fuentes distintas al voto popular. “La legitimidad de juezas, jueces, magistradas, magistrados y ministras y ministros depende de la calidad de sus argumentos, de la solidez de sus sentencias, de su capacidad para ganarse la credibilidad ante la sociedad a partir de la impartición de justicia; para eso están. No depende para nada de contar con el apoyo mayoritario de una parte de la población”, dice.
La Suprema Corte de Justicia frente a ejemplos internacionales de votación
El horizonte más cercano a lo que intenta el presidente López Obrador es Bolivia, donde comenzaron a elegir a los integrantes de su Suprema Corte constitucional en 2011, pero han empezado a recular en esta decisión. Un estudio de la Fundación para el Debido Proceso apunta a que estas elecciones tienen como problemas principales “la interferencia política en la designación de candidatos, el desconocimiento ciudadano sobre los méritos de aquellos entre quienes se debió elegir, la calidad profesional de los magistrados elegidos y la falta de vigilancia social sobre el proceso”.
El doctor Javier Martín Reyes, también investigador de Jurídicas, con perspectiva critica lo que ha pasado en Bolivia. “Son elecciones donde la ciudadanía participa muy poco, donde de repente el voto en blanco le gana a las candidaturas, donde el perfil de quienes terminan llegando, pues no necesariamente cuentan con esos conocimientos técnicos para desempeñar la función”, asegura en entrevista para Semanario Gatopardo.
Un nuevo proceso electoral complicaría más nuestro sistema de votación que de por sí ya tiene problemas. El INE anunció en un comunicado hace unos días que más de la mitad de los órganos electorales tiene problemas financieros, especialmente Campeche, Colima, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas que están en riesgo presupuestal alto.
Sobre estos temas conversamos con el diputado Alejandro Robles y con los doctores en Derecho Ximena Medellín, Pedro Salazar y Javier Martín Reyes este martes en Semanario Gatopardo.
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A la Suprema Corte de Justicia le hace falta una integrante. La selección ha sido otro espacio de disputa entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. En medio del debate regresa la propuesta de que los magistrados sean electos por votación popular, ¿es viable en nuestro país?, ¿esto devolverá la confianza de la ciudadanía en los jueces?
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El presidente intentó impulsar una reforma judicial en septiembre de este año, en la que aprovechó su confrontación con la Corte por los sueldos de los ministros, pero no alcanzó el apoyo suficiente en el Congreso.
Actualmente, los artículos 95 y 96 de la Constitución dicen que, entre otros requisitos, para ser ministro de la Suprema Corte se debe tener título profesional de licenciado en derecho con al menos 10 años de haber sido expedido, y las personas que aspiren al cargo se deben haber distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. El proceso para designarlo es el siguiente: el presidente somete a consideración del Senado una terna y quienes la integran deben comparecer ante la Cámara Alta. Los senadores deben elegir al nuevo o nueva ministra con dos terceras partes; si no lo hacen, el presidente debe enviar una nueva terna y si ésta tampoco tiene éxito, el presidente será quien le designe.
En la Cámara de Diputados el legislador que ha llevado a la tribuna la propuesta de elegir a los ministros por votación y de “obradorizar” el Poder Judicial es Alejandro Robles, que en entrevista con Semanario Gatopardo detalla cómo desearía que funcionara esto: “presenté ya la reforma al artículo 96 constitucional en este sentido, que prevé precisamente que un grupo de especialistas sean los que determinen el listado de los elegibles a una posición de la Corte y ya sea el pueblo quien, en última instancia, determine. Los argumentos que han sostenido tanto los partidos del viejo régimen, el PRIAN, y los propios ministros, pues están muy anquilosados. Es como si quisiéramos que tuvieran doctorados los legisladores en ciencia política para poder aspirar a la representación política”.
Para el doctor Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, los mecanismos de designación en las democracias consolidadas deben provenir de fuentes distintas al voto popular. “La legitimidad de juezas, jueces, magistradas, magistrados y ministras y ministros depende de la calidad de sus argumentos, de la solidez de sus sentencias, de su capacidad para ganarse la credibilidad ante la sociedad a partir de la impartición de justicia; para eso están. No depende para nada de contar con el apoyo mayoritario de una parte de la población”, dice.
La Suprema Corte de Justicia frente a ejemplos internacionales de votación
El horizonte más cercano a lo que intenta el presidente López Obrador es Bolivia, donde comenzaron a elegir a los integrantes de su Suprema Corte constitucional en 2011, pero han empezado a recular en esta decisión. Un estudio de la Fundación para el Debido Proceso apunta a que estas elecciones tienen como problemas principales “la interferencia política en la designación de candidatos, el desconocimiento ciudadano sobre los méritos de aquellos entre quienes se debió elegir, la calidad profesional de los magistrados elegidos y la falta de vigilancia social sobre el proceso”.
El doctor Javier Martín Reyes, también investigador de Jurídicas, con perspectiva critica lo que ha pasado en Bolivia. “Son elecciones donde la ciudadanía participa muy poco, donde de repente el voto en blanco le gana a las candidaturas, donde el perfil de quienes terminan llegando, pues no necesariamente cuentan con esos conocimientos técnicos para desempeñar la función”, asegura en entrevista para Semanario Gatopardo.
Un nuevo proceso electoral complicaría más nuestro sistema de votación que de por sí ya tiene problemas. El INE anunció en un comunicado hace unos días que más de la mitad de los órganos electorales tiene problemas financieros, especialmente Campeche, Colima, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas que están en riesgo presupuestal alto.
Sobre estos temas conversamos con el diputado Alejandro Robles y con los doctores en Derecho Ximena Medellín, Pedro Salazar y Javier Martín Reyes este martes en Semanario Gatopardo.
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