Entre los profesores y estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) se respira la tensión. Ha habido una serie de irregularidades, que se acumulan desde hace tres años, pero la situación se ha agravado recientemente por violaciones a los derechos laborales de los académicos, problemas financieros y destituciones por supuestos actos de “rebeldía” o “pérdida de confianza”, éstas últimas decididas por el director interino José Antonio Romero Tellaeche. El proceso abierto de renovación de la Dirección General, en el que participan el mismo Romero Tellaeche y el político Vidal Llerenas, ha terminado por revelar la relación desfavorable de la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la bióloga María Elena Álvarez-Buylla, con el CIDE.
Ésta es la primera vez en la historia de la institución en la que surgen dos candidatos a la dirección general que no son miembros activos del CIDE. “En la comunidad hay un aire de derrota”, dice en entrevista un profesor que pidió, como la decena de entrevistados para este reportaje, mantener el anonimato por temor a represalias. No es un acto gratuito de prevención: en los últimos cuatro meses han sido destituidos tres académicos de sus cargos administrativos y varios prevén que otros serán despedidos.
Respaldado por Álvarez-Buylla, aparece el nombre de Romero Tellaeche, nombrado por la titular del Conacyt como director interino del CIDE tras la renuncia de Sergio López Ayllón; sin embargo, es un académico del Colegio de México que no tiene relación con la comunidad de este centro, a decir de los entrevistados. Por otra parte, surge Vidal Llerenas, exalcalde de Azcapotzalco por Morena (2018-2021), cercano a Mario Delgado —presidente del partido en el poder— y a Marcelo Ebrard —actual secretario de Relaciones Exteriores—, con quienes trabajó directamente al frente de la Ciudad de México durante la gestión del ahora canciller, entre 2006 y 2012. Pero los trabajadores del CIDE no abrazan plenamente a ninguno de los candidatos.
La llegada de Romero Tellaeche al interinato se recibió, según las fuentes consultadas, como “una imposición de Conacyt”. Sin embargo, su trayectoria académica, desarrollada principalmente en El Colegio de México, lo mostraba como un posible aliado de las necesidades del CIDE y su cercanía con Álvarez-Buylla hacía pensar que tal vez podría destrabar las finanzas atoradas tras la eliminación del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, por medio del cual se administraban recursos privados para desarrollar proyectos de investigación y pagar estímulos al personal. Lejos de asumir las causas internas, Romero Tellaeche llevó “la purga” de Álvarez-Buylla a esta comunidad de académicos y científicos.
La primera consecuencia grave fue la destitución de Alejandro Madrazo Lajous, quien solía ser director del CIDE Región Centro, con sede en Aguascalientes. Romero Tellaeche lo llamó el 5 de octubre a las instalaciones centrales, en Santa Fe, Ciudad de México, para pedirle su renuncia tras la publicación de un video en el que Madrazo respalda a las y los académicos del Conacyt. Un documento previamente redactado por la oficina de Romero Tellaeche indicaba que, “por así convenir a sus intereses personales”, Madrazo renunciaba al cargo que le fue conferido apenas un año antes. Fuentes cercanas al académico cuentan que Madrazo, fundador del Programa de Política de Drogas y crítico de la militarización instaurada por los gobiernos federales en el país, incluido el de AMLO, se negó a firmar esa renuncia obligada. Entonces Romero Tellaeche le entregó un documento que le informó sobre su destitución por “pérdida de confianza”, atribuida a la publicación del video de respaldo a la comunidad académica de Conacyt. Al mismo tiempo, Álvarez-Buylla denunciaba a 31 científicos ante la Fiscalía General de la República, que dirige Alejandro Gertz Manero –recién reconocido por Conacyt como investigador SNI III–; buscaba entonces que se les detuviera por cargos de delincuencia organizada, entre otros.
Para inicios de noviembre, cuando se abría la convocatoria para recibir candidaturas al puesto de director general, en el CIDE surgieron protestas pacíficas que presionaban a la administración interina para que resolviera los problemas financieros que tienen bloqueado el desarrollo de proyectos de investigación y el pago de estímulos al personal, lo que viola su contrato colectivo de trabajo. Esto, junto con una columna publicada en la sección “Templo Mayor” del periódico Reforma que señalaba la intromisión del Conacyt en la vida académica del CIDE, terminó por mostrar el estilo de dirigir de Romero Tellaeche.
De la oficina del director interino salieron gritos y se dieron portazos, según atestiguó el personal. Después el director, sin previo aviso, no asistió a las ceremonias de graduación del alumnado. Pese al rechazo de la comunidad, se postuló como candidato a la dirección general.
Entonces apareció Vidal Llerenas, un político sin experiencia académica, como alternativa. En otros tiempos su postulación habría sido una clara violación a la autonomía del centro público de investigación. Sin embargo, coinciden fuentes consultadas, es un momento tan crítico que su candidatura se interpreta como la única salida que tiene el CIDE para sobrevivir.
Las rupturas con Conacyt y Tellaeche
A casi dos meses de las elecciones del 1 de julio de 2018, AMLO, ya declarado presidente electo, se reunió con los directores de las instituciones públicas de investigación en el Palacio de Minería, entre ellas, el CIDE. Ahí le entregaron el documento “Hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación”, una agenda con visión unificada y de largo plazo para las políticas públicas del sector, creada por los mismos académicos.
AMLO se comprometió a apoyar la investigación y a garantizar que, por lo menos, no se reduciría el presupuesto para ciencia y tecnología durante sus seis años de gobierno. “Estamos en la mejor disposición de trabajar de manera conjunta con ustedes, con las universidades, respetando la independencia y la autonomía de las instituciones”, aseguró. Como un gesto de buena fe, dijo además, eligió a Álvarez-Buylla, una científica, Premio Nacional de Ciencia en 2017, para colocarla al frente del Conacyt.
“Siempre van a tener en nosotros aliados, les vamos a apoyar. Sí vamos a tomar en cuenta incrementar las becas para investigadores, que sean más de 28 mil los investigadores y que haya también, porque eso es un reclamo hasta familiar, equidad, darle la misma importancia a todas las ciencias, a las ciencias puras y a las ciencias sociales. La ciencia al servicio de la humanidad”, prometió entonces.
Un mes más tarde, el 24 de septiembre, aún sin ser nombrada oficialmente, Álvarez-Buylla le envió una carta al todavía titular del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza, en la que le solicitó suspender toda convocatoria abierta que “pueda afectar y comprometer recursos presupuestales para el ejercicio 2019”. La carta se filtró en redes sociales y la científica justificó el acto diciendo que buscaba hacer más eficiente y austera la operación de Conacyt, “tal y como lo ha mandatado el presidente electo”. Ése fue uno de los puntos de quiebre con Enrique Cabrero y todo lo que tuviera que ver con él, incluyendo programas del CIDE –Cabrero fue su director general durante ocho años– o de Conacyt, señalan fuentes consultadas por Gatopardo.
Las elecciones de 2018 reconfiguraron las élites políticas. El partido de AMLO obtuvo mayoría en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, lo que le permitió aprobar decenas de iniciativas propias en la primera mitad de su sexenio. Una de las primeras acciones de la mayoría de Morena fue impulsar un decreto para expedir la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que empujaron principalmente dos personajes cercanos al presidente: el senador Martí Batres (ahora secretario de Gobierno de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum) y el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Este decreto, base del proyecto de austeridad de AMLO, preocupó a los académicos del CIDE porque implicaba la posibilidad de perder los derechos laborales que habían ganado en los últimos años, entre ellos, el seguro de gastos médicos mayores, los estímulos de productividad y las primas de antigüedad.
Los académicos del CIDE que no estaban sindicalizados comenzaron a preocuparse y, después de varias reuniones, decidieron conformar el Sindicato del Personal Académico del CIDE (Sipacide) para negociar con la administración el respeto a los derechos laborales y los acuerdos que se establecieron en un contrato colectivo de trabajo en noviembre de 2019. El Sipacide surgió en un contexto en el que el gobierno federal, desde la Secretaría del Trabajo, encabezada por Luisa María Alcalde, impulsó la “democracia sindical” como una herramienta para las y los trabajadores.
El sindicato, conformado por 198 trabajadores del CIDE, fue sólo uno de los que nacieron después del decreto sobre los centros de investigación; por ejemplo, surgió otro en el Instituto Mora, y finalmente se agruparon en una federación de sindicatos del sector de ciencia y tecnología. La creación del Sipacide, dice Lorena Ruano, su secretaria general, fue una reacción a la política gubernamental de la administración en turno: “antes no sentíamos amenazados nuestros derechos laborales y nunca tuvimos la necesidad ni de sindicalizarnos ni de buscar que todos nuestros derechos estuvieran en papel”.
Después se enfrentaron a un nuevo reto porque el gobierno federal decidió colocar a las y los académicos a la par de los funcionarios públicos y les solicitó hacer una declaración patrimonial ampliada, que se haría pública. Este fue otro gran punto de inflexión porque, a decir de los entrevistados, catalogar a los académicos como funcionarios públicos era una forma de limitar su libertad de expresión, investigación y cátedra, lo que desató una serie de protestas y amparos por parte de la comunidad académica que incomodó a la entonces secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; en septiembre de 2020 ella criticó al personal del CIDE por tramitar amparos para no presentar sus declaraciones patrimoniales. “Vemos con asombro que muchos de estos juicios han sido promovidos por personal de organismos públicos autónomos e inclusive por instituciones que anteriormente fueron promotoras de la llamada Ley 3de3, como es el caso, para dejarlo muy explícito, del CIDE; nuestro contralor ha dado cuenta de la gran cantidad de juicios de amparo al respecto de esta obligación constitucional”, dijo en una conferencia mañanera.
La ruptura con el gobierno federal apenas comenzaba a hacerse visible. AMLO había enviado un decreto presidencial, meses antes, que instaba a la desaparición de 109 fideicomisos, incluyendo aquellos que entraban en el campo del Conacyt. Álvarez-Buylla fue de las primeras funcionarias en presumir que ya trabajaba en la orden presidencial para extinguir 61 de 65 fideicomisos. Sergio López Ayllon, quien entonces dirigía el CIDE, envió un mensaje a la comunidad tratando de calmar las preocupaciones, pensando que el fideicomiso más relevante para la institución no sería afectado.
En el proceso de discusión sobre la extinción de los fideicomisos, la comunidad científica –entre ellos, miembros del CIDE, el Cinvestav y la Red ProCienciaMX– se manifestaron a las afueras del Senado de la República para defender esos modelos de administración de recursos que eran clave para el desarrollo de la ciencia e innovación en México. Pese al llamado de la comunidad científica, el 21 de octubre de 2020 se aprobó la extinción de los fideicomisos.
El fideicomiso en cuestión permitía el ingreso de recursos privados para el desarrollo de proyectos de investigación, becas y estímulos. Como no era financiamiento público, su extinción obligó a que el dinero regresara al CIDE, pero ante la falta de reglas de operación, los recursos no pueden utilizarse. Personal administrativo confirmó que el entonces director del CIDE, Sergio López Ayllón, envió un proyecto de reglas de operación a la Secretaría de Hacienda y a Conacyt para agilizar el uso de estos recursos, pero el documento no ha sido aprobado; está en suspenso al menos desde marzo de este año.
“Que el recurso esté atorado se traduce en una violación a los derechos laborales de los académicos, porque de ahí salen los estímulos que deben recibir por los proyectos que ya realizaron”, detalla Ruano.
López Ayllón renunció a su cargo meses después, el 1 de agosto de 2021. Fuentes allegadas explican que si bien no hay indicios de que le hayan pedido la renuncia desde Conacyt, sí había una política de bloquear el diálogo, lo que provocó que el director encontrara en su renuncia la única salida para aflojar las tensiones de la institución con Conacyt.
La «purga» a cargo del director interino
López Ayllón apenas había puesto un pie afuera del CIDE, cuando Álvarez-Buylla ya tenía listo su reemplazo. A su llegada, Romero Tellaeche prometió destrabar los problemas financieros que estaban causando las violaciones a los derechos laborales. Al poco tiempo, el diálogo entre él y la comunidad se fue cerrando.
El despido de Alejandro Madrazo dejó claro –a decir de integrantes de la comunidad– que Romero Tellaeche tenía una línea de trabajo propia que no cuadraba con los principios de la institución y que, lejos de beneficiar a la comunidad, estaba ahí para imponer la visión de Álvarez-Buylla.
En el proyecto de trabajo que presentó como parte de su postulación para dirigir el CIDE, Romero Tellaeche acusa al centro que busca dirigir de “neoliberal”, además de criticar la organización sindical a la que tienen derecho los integrantes de la comunidad y considerar al sindicato como un problema de gobernanza. “Decidieron unirse para proteger sus intereses sobre las políticas de austeridad y transparencia del gobierno entrante”, escribió. Además, enfatizó su desacuerdo con que algunos de los integrantes del Consejo Académico formaran parte del sindicato. Una de sus propuestas de trabajo es “mejorar la relación con el gobierno federal”, pues considera que el CIDE tiene líneas de investigación que “se han desviado de los problemas que el gobierno federal busca resolver”. Romero Tellaeche acusó al profesorado de “perseguir su éxito personal” y anticipó una “purga” de personal, según la interpretación que miembros de la comunidad dieron al proyecto que presentó.
La idea de “purgar al CIDE”, según la caracterización de los miembros de la comunidad, encontró otra confirmación apenas el 16 de noviembre pasado, cuando debían llevarse a cabo las Comisiones Académicas Dictaminadoras (CADI); se trata de evaluaciones periódicas de los profesores e investigadores que hace dicho órgano colegiado y está conformado de siete integrantes, según el artículo 44 del Estatuto General del CIDE: el director general, la secretaria académica, el director de división que corresponda, un profesor investigador de la división y uno titular, un académico externo y otro académico experto en la disciplina del evaluado. Las últimas sesiones se definieron desde el 30 de junio pasado, cuando se dio a conocer el listado de los académicos que serían evaluados, entre ellos, Alejandro Madrazo Lajous, Ana Díaz Aldret, Blanca Heredia Rubio y Eduardo Sojo Garza-Aldape.
El viernes 12 de noviembre, casi a las nueve de la noche y, por lo tanto, fuera del horario laboral, Romero Tellaeche envió un correo –no un oficio– para comunicar su decisión de suspender las sesiones de evaluación. “El CIDE se encuentra en proceso de designación de su director general y, como tal, quien sea designado en el cargo es la persona indicada para desahogar los puntos a tratar en la comisión”, detalló en el correo electrónico, según consta en el documento que está en poder de Gatopardo.
El martes 16, cuando el personal reanudó sus labores, Céline González Schont, directora de Evaluación Académica, le respondió mediante otro correo institucional que su decisión “no se encuentra fundada ni motivada en disposición alguna del Estatuto General, el Estatuto del Personal Académico o el Reglamento de la CADI”, por lo que, para evitar responsabilidades administrativas contra el director general y todos los involucrados, debían llevarse a cabo las sesiones, como ordena el reglamento. “Dicha decisión unilateral puede considerarse violatoria a los derechos académicos del personal académico […] Se convierte en una situación de gran gravedad para el funcionamiento del centro”, le advirtió la directora.
Las CADI comenzaron, pero Romero Tellaeche no acudió. Alrededor de las diez de la mañana, el director interino se presentó en la sesión para anunciar su decisión de destituir a Céline González y a Catherine Andrews, la directora de Evaluación Académica y la secretaria académica, por considerar que la defensa de los estatutos del CIDE y de las evaluaciones “constituyen un acto de rebeldía”. Sin embargo, Céline González no ha recibido un oficio sobre su destitución y, por lo tanto, continúa en el cargo oficialmente.
“Me queda claro que no he incurrido en ningún ‘acto de rebeldía’, sino que he sido destituida por insistir en que el proceso de evaluación del profesorado investigador y asociado se realice conforme al EPA y al Reglamento de la CADI. Es decir, por insistir en el cumplimiento de las normas y estatutos que regulan las tareas y obligaciones de la Secretaría Académica. Lamento mucho que las acciones del director general interino interrumpan el proceso estatutario de evaluación del profesorado del CIDE. Sobra decir que se trata de un acto arbitrario que le lleva a incumplir con sus obligaciones como director general interino”, escribió Andrews en un comunicado que hizo público en su cuenta de Twitter.
El análisis de la comunidad es que la suspensión de las evaluaciones pretende obstaculizar que los académicos mencionados permanezcan en sus puestos. Sus acciones crean un precedente peligroso para todos los Centros Públicos de Investigación que dependen de Conacyt porque abren la puerta a la violación de la autonomía y a la censura, pues limitan la libertad de expresión y de cátedra, consideran los entrevistados.
Hasta el momento Romero Tellaeche no ha hecho ninguna declaración sobre la suspensión arbitraria de las CADI. Tellaeche no irrumpió en todas las sesiones, pero sus medidas –a decir de los entrevistados– impidieron el quórum y las evaluaciones tuvieron que posponerse.
Gatopardo solicitó la versión del director interino vía correo electrónico y por teléfono –con su asistente– sin que haya respondido al cierre de esta edición. Algunos académicos que iban a ser evaluados ya consideran interponer quejas ante el Órgano de Control Interno del CIDE y dar aviso a Conacyt, así como buscar alguna otra vía legal para defender su derecho a la evaluación en el marco de la normatividad interna.
El 19 de noviembre se llevará a cabo la auscultación externa de los candidatos a la Dirección General. Tanto Romero Tellaeche como Vidal Llerenas se entrevistarán con Elena Álvarez-Buylla, quien deberá definir, con el presidente de la República, cuál de los dos ocupará el cargo. Es importante mencionar que estos procedimientos se encuentran en el Estatuto General del CIDE, el Estatuto del Personal Académico y el Reglamento de la CADI. Para cambiar la normatividad fundamental del centro, se necesita al Consejo Directivo (la directora de Conacyt, un representante de la SEP, de la SHCP, la Sener, la Secretaría de Economía, El Colegio de México, el FCE, otro de Banxico, uno del Centro de Investigación en Matemáticas, del INE y cuatro consejeros designados por la directora de Conacyt). Por ahora, esa normatividad continúa vigente.
La comunidad de académicos confía en que si Vidal Llerenas es electo, podrían destrabarse los problemas financieros y habrá una interlocución directa con personajes clave del gobierno de AMLO. Pero que Romero Tellaeche consiga el nombramiento supondría el respaldo del presidente a la funcionaria a quien le encomendó la tarea de impulsar la política científica en el país.
“Con Vidal Llerenas al menos hay posibilidades de rescatar a la institución. Con Romero Tellaeche, el CIDE va a ser desmantelado directa o indirectamente”. El éxodo de académicos comenzó a ser visible con mayor fuerza este año; poco a poco, han ido renunciado, uno tras otro, buscando ofertas laborales en otros centros de estudio, privados o fuera de México. En el CIDE, a decir de miembros de la comunidad, “la purga ya está en marcha”.
