Cuando sucede una tragedia, la prioridad son las víctimas, todos aquellos que enfrentan, de un momento a otro, varias necesidades urgentes. Están la atención y los análisis médicos, las medicinas y los honorarios de los doctores; se suma el tratamiento psicológico o psiquiátrico y, en las peores situaciones, los gastos funerarios. Estas necesidades siempre rebasan a las víctimas directas y se extienden a sus familiares o a las personas que tienen una relación inmediata con ellas. Son tantas las necesidades inaplazables que surgen de pronto.
Por eso, los gobiernos también deben tener a la mano mecanismos para ayudarlos e indemnizarlos. Uno de ellos es el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Ciudad de México, cuyo fideicomiso se constituyó el 10 de junio de 2020. Lo maneja la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la capital del país (CEAVI).
Dos días después de la tragedia del Metro, la CEAVI decidió cuáles son las primeras indemnizaciones y medidas de “ayuda extraordinaria y emergente”, y se publicaron el viernes 7 de mayo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Al respecto, la Comisión usa unidades de medida y actualización para calcular sus pagos –también lo hacen las instituciones federales para determinar las obligaciones establecidas en las leyes–. Al día de hoy una UMA equivale a 89.62 pesos.
El monto inicial de la “indemnización anticipada” para los deudos de los fallecidos se definió en 40,060 pesos (447 UMA) y para las víctimas lesionadas se fijó en 10,037 pesos (112 UMA).
Para llegar a esos números, la CEAVI utilizó el Tabulador de las Ayudas Inmediatas y de Asistencia, donde cada concepto tiene un intervalo mínimo y máximo. A la “indemnización anticipada” se le pueden asignar entre 4,481 y 134,430 pesos. ¿Por qué, entonces, la CEAVI determinó que solamente obtendrán 40,060 pesos los familiares de los muertos de la Línea 12? Esa cantidad apenas representa el 29.8% del máximo que podrían haber obtenido.
En entrevista con Gatopardo, a la pregunta expresa por los 40 mil pesos como pago inicial, Armando Ocampo Zambrano, titular de la CEAVI, contestó: “Partimos de lo inmediato y lo emergente para proveer ayudas extraordinarias. En este momento, estamos totalmente abocados a necesidades básicas: alimentaciones, traslados, alojamiento, aseo. Es la única justificación”. La pregunta sobre la cantidad –¿por qué 40 mil y no 134 mil?– quedó sin respuesta específica.
La Comisión también definió lo que les corresponde por alimentación, transporte y alojamiento a las víctimas lesionadas. Para hacerlo, usó el mismo tabulador. Cada uno de esos conceptos puede ir de 1,792 a 3,136 pesos. Se incluyó la “procuración e impartición de justicia”, que tiene el mismo rango. Al sumar las cuatro medidas, cada víctima podría haber recibido entre 7,169 y 12,546 pesos. Pero la CEAVI concluyó que serán 10,037 (28 UMA por medida, 112 en total).
Otra vez, surge la misma pregunta: ¿Por qué 10 mil pesos si pudieron ser más? Sin decidirse por el mínimo o por el máximo, ¿por qué tomaron el punto medio del intervalo?
“Partimos de la experiencia previa en casos, y que es el primer momento de ayudas inmediatas”, respondió Ocampo Zambrano.
¿Habrá otros y más apoyos en los próximos meses?
Hay algo importante acerca de estos montos: se asignan por familia y son iniciales. La CEAVI, si así lo decide, puede extenderlos hasta por seis meses (en situaciones excepcionales, por más tiempo). A la pregunta sobre si seguirán otorgándose durante medio año o durante dos o tres meses, el funcionario respondió: “La resolución publicada sólo es el primer momento y la primera parte. Cada momento (lo emergente, que es lo que estamos atendiendo ahorita, recursos de alimentación, traslados y alojamiento) tiene su oportunidad, momento y proporción. En ningún caso se dejará a nadie desamparado”.
Hay otros gastos con los que esta Comisión puede ayudar. Los familiares de las 26 víctimas que murieron tienen que pagar los costos de los funerales; el tabulador los establece entre 8,065 y 22,405 pesos. Pero nada se ha asignado todavía en estos casos. De acuerdo con Ocampo Zambrano: “se atendieron vía convenios existentes con Consejería Jurídica y se instruyó que dieran el servicio funerario gratuito y completo, inmediato, en coordinación con la Fiscalía”.
Sin embargo, el reglamento de este fondo también establece que si las familias terminan pagando de su propio bolsillo, habrá que reembolsar sus gastos. “En cualquier caso, la Comisión de Víctimas tiene la obligación legal de sufragar cualquier otro gasto que, por alguna razón, esté pendiente de cubrirse”, confirmó su titular.
Para la atención psicológica o psiquiátrica que necesitan los sobrevivientes y sus familias, el tabulador otorga solamente entre 1,344 y 1,792 pesos. La CEAVI no asignó este apoyo. “Ya están garantizados y se están prestando junto con el DIF, la FGJ, la Sibiso y la CEAVI”, dijo Ocampo Zambrano; agregó que “en algunos casos, ya se está gestando con universidades”.
Otros gastos, como las becas para los hijos de los fallecidos, tampoco han sido anunciados por la Comisión, aunque la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo referencia a ellas el sábado 8 de mayo y la CEAVI publicó un comunicado en el que se compromete a esto e incluso a ayudar a las víctimas que necesiten empleo.
Con todo, la experiencia previa no puede ser el único criterio para decidir los montos –ya sean iniciales o posteriores– porque las personas tienen necesidades específicas y distintas: algunas mujeres quedaron viudas, hay menores de edad que perdieron a uno de sus padres y, en general, eventos como el de la Línea 12 suelen empobrecer a las familias que, en medio de la tragedia, pierden el ingreso de uno de sus miembros.
Por eso, causa sorpresa que los montos iniciales sean idénticos en todos los casos. A ello, Ocampo Zambrano respondió: “Repito: ahora es el primer momento, ayudas emergentes dictadas a raíz del evento. Después y distinto es que se analicen los impactos diferenciados en cada núcleo de familia, que ya implican estar en la reparación integral del daño, para esto son los análisis personalizados, pero –reitero– son momentos distintos”.
En otras palabras, las ayudas e indemnizaciones podrían cambiar en los siguientes meses, a partir de lo que decida la CEAVI: “Más que ajustar, identificamos impactos en cada caso”.
Sin embargo, los afectados deberían saber cuándo sucederá todo esto. Tener certeza sobre lo que ocurrirá suele ser de gran ayuda, sobre todo, en momentos como éste. Acerca de los tiempos, el funcionario indica que “es variable”. Después, explica que hay duelos y “dinámicas familiares”, que “no podemos generalizar, somos personas, no hay reglas cuadradas […]. Cada familia e impactos son distintos”.
A lo largo de la entrevista, Ocampo Zambrano insistió en que las medidas de la CEAVI no son las únicas. Además está el seguro contratado con el Grupo Mexicano de Seguros (GMX). En la tarde del sábado, después de que se revelaran los montos iniciales de la CEAVI y provocaran indignación en las redes sociales, Claudia Sheinbaum mencionó que el seguro del Metro dará “650 mil pesos”. Pero esto no es parte de las obligaciones de la Comisión. Una y otra institución no tienen “nada que ver”, confirma Ocampo Zambrano, “por máxima protección, orientamos y facilitamos para que ejerzan su derecho a acceder a él”. Aclara, para terminar, que el seguro del Metro “no restringe, limita, sustituye o deja sin efecto” la obligación que tiene la CEAVI de reparar el daño de manera integral.
En los próximos meses, mediante las publicaciones de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los ciudadanos sabremos si los montos continúan, si ascienden o descienden, o si se interrumpen. Tendremos que estar atentos a las ayudas e indemnizaciones porque la tragedia de la Línea 12 involucra a muchísimas instituciones públicas y funcionarios que toman decisiones. Con frecuencia, sus facultades y resoluciones avanzan sin coordinación y se entrecruzan; al menos, así ocurrió la vez pasada, cuando once estaciones cerraron. Un número entero de la revista Gestión y Política Pública está dedicado a estos problemas; de acuerdo con los autores –especialistas en política pública–, los contextos donde se atomizan las decisiones son complicados y suelen impedir que la rendición de cuentas sea clara y eficaz.
En este sentido, la comunicación del gobierno local tendrá que ser sumamente oportuna y precisa, y las instituciones tendrán que hacer su mejor esfuerzo por explicar sus medidas de manera detallada, exhaustiva y con buenos argumentos. El entramado burocrático puede servir para dos cosas: atender a las víctimas desde varios frentes o crear una madeja de trámites, resoluciones y comunicados que los embrollen.
