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Tanto la directora del Conacyt como Romero Tellaeche acuden constantemente al término “neoliberal” para clasificar al CIDE, pero ¿qué hay detrás de su forma de emplear ese concepto? y ¿a qué hace referencia Álvarez-Buylla cuando habla de crear una ciencia para “el pueblo?
Los acontecimientos recientes en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) evocan las estrategias de intolerancia ideológica del siglo pasado. Desde su posición como director interino del centro y como candidato a ocupar de manera definitiva el cargo, José Antonio Romero Tellaeche ha expresado una postura similar a la de dos ejemplos históricos que mencionaré en estas líneas. En su visión, el CIDE es neoliberal y sus estudiantes no están comprometidos con el pueblo, pues sólo persiguen el éxito personal. De este modo, la institución y su comunidad son ubicadas en uno de los conceptos binarios que sostienen el discurso oficial vigente: el “neoliberalismo” que se opone al bienestar del “pueblo” representado por la 4T.Todo proyecto político, ya colocado en el poder o en la búsqueda por conseguirlo, recurre al uso de conceptos binarios que permitan dibujar una línea tajante entre un “nosotros” y un “ellos”. Durante el proceso de consolidación institucional que siguió a la Revolución mexicana, el régimen político recurrió a conceptos como “amigos de la Revolución” y “revolucionario” versus “la reacción” o “la contrarrevolución”. Ambos términos constituían los pilares de una construcción discursiva que permitía señalar y juzgar a todo aquel que emitiera un comentario crítico al proyecto del partido o que defendiera principios ideológicos, políticos y hasta estéticos opuestos a los del régimen.Lo mismo ocurrió durante el proceso de institucionalización de otra revolución que, como la mexicana, tuvo una gran influencia ideológica a nivel internacional: la Revolución cubana de 1959. Basta recordar el famoso discurso pronunciado por Fidel Castro como conclusión de las reuniones con los intelectuales cubanos, llevadas a cabo en la Biblioteca Nacional de la isla en junio de 1961. Ahí, por medio de una pieza retórica en la que la Revolución pensaba, sentía, juzgaba, temía y era consciente del devenir histórico, Castro delineaba la ruta que debían seguir los intelectuales y los artistas en un momento de transformación social: servir al “pueblo”, porque la vanguardia de la Revolución no tenía otra meta más que luchar por el mejoramiento de sus condiciones de vida. Así, cualquier expresión estética o intelectual que no se ajustara a tal objetivo caería en la categoría de “contrarrevolución” y sus productores serían juzgados como “enemigos”. El comandante lo resumió de manera rotunda en una frase: “dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada”. Sin embargo, el problema con la formulación de conceptos binarios es que se trata de construcciones discursivas elaboradas para servir a una agenda particular, a una ideología concreta, de un grupo que busca consolidarse en el poder y se adjudica la representación del “pueblo”. De este modo, nos encontramos frente a la relación hegemónica descrita por Ernesto Laclau, en su reflexión en torno a los significantes vacíos, en la que una particularidad asume la “función universal de representación”. Con ello, se pretenden borrar de un plumazo la pluralidad, el contraste y el diálogo entre posiciones distintas en la esfera pública.De vuelta al presente, aclaro que de ninguna manera cuestiono la existencia de un modelo económico, político, social y cultural que ha tenido un enorme impacto en México y en todo el mundo. Se trata de un proceso complejo que determinó un cambio radical en la relación entre la sociedad y el Estado, que socavó el tejido social al imponer el libre mercado como fundamento de las relaciones entre “individuos”, que propició una desigualdad exorbitante, que condujo al surgimiento de Estados securitarios* cuyas fuerzas de seguridad son utilizadas para contener el malestar ciudadano y que tuvo como prioridad el desmantelamiento de los sistemas estatales de seguridad social. Sin embargo, a los miembros de la 4T no les interesa reparar en las complejidades del neoliberalismo como proceso histórico, ni mencionar las continuidades que se observan en problemas como la militarización, la violación de los derechos humanos, la creciente desigualdad y el aumento de la pobreza, la inseguridad y las agresiones armadas contra las comunidades indígenas y la población rural que, bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, siguen sufriendo el despojo, el desplazamiento forzado y el asesinato, algo que también afecta a la población urbana. Lo que interesa a los promotores de la 4T es la simplificación que permita legitimar los ataques contra todos los actores que critiquen o se opongan en algún punto a su programa; sin que importen las grandes diferencias entre ellos ni la diversidad de sus causas (movimientos feministas, defensores de derechos humanos, periodistas, críticos de la militarización, indigenistas, comunidades que se oponen a los megaproyectos y defensores del pensamiento crítico), todos son “neoliberales”.[read more]En esta lógica, ni el presidente de la República ni María Elena Álvarez-Buylla ni Romero Tellaeche han mostrado evidencia puntual sobre la filiación neoliberal de la comunidad del CIDE que tanto han pregonado. Mucho menos han estimulado una discusión seria con la comunidad sobre el contenido de ese concepto y las prácticas vinculadas a él que deben erradicarse de las universidades y de los centros de investigación. Les basta con hablar de “intereses creados” detrás de la movilización estudiantil, de alumnos sin criterio que absorben directrices como “esponjas” y de la resistencia “ilegítima” que la comunidad cideíta ha mantenido frente a las ofensas y arbitrariedades cometidas por el director interino. Al mismo tiempo, justifican las irregularidades en el proceso de designación del nuevo director (que ocurrió el pasado 29 de noviembre), en el que hubo un desconocimiento de la opinión de la comunidad, expresada en la auscultación interna (tuvo lugar el 11 de noviembre), por medio de una serie de promesas basadas en la idea de que la investigación científica debe servir al “pueblo”.Dicha concepción se fundamenta en el proyecto de “soberanía científica” definido por Álvarez-Buylla como “la capacidad que tiene el país para decidir qué tipo de investigación, tecnologías, conocimientos e innovaciones son las más pertinentes para impulsar el bienestar de su población” y para “no depender de los modelos impuestos desde el exterior o por empresas trasnacionales”. Sin embargo, el punto problemático de esta definición tiene que ver con el agente o grupo que detenta esa capacidad soberana, lo cual se hace más evidente en el Anteproyecto de iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, publicado el año pasado. En él, se establece que la investigación científica y humanística financiada con recursos públicos responderá a la “Agenda del Estado”, delineada por los miembros del gobierno en turno. Por lo tanto, quedan abiertas las interrogantes enunciadas por la misma Álvarez-Buylla en su artículo “¿Soberanía científica?”: ¿de dónde surge ese poder?, ¿quién lo ejerce?, ¿quién se lo arroga y cuáles son sus motivos?Además de lo anterior cabe preguntarse cuál es la vía para cumplir las promesas de bienestar popular y cómo se vincula ese proyecto con la crisis actual que vive el CIDE. La respuesta se encuentra en un programa de trabajo en el que Romero Tellaeche ha llamado a eliminar el “pensamiento uniforme” de una planta académica que, en un porcentaje considerable, se ha formado en universidades de “países desarrollados” (aunque, como se sabe, Romero Tellaeche es doctor en Economía por la Universidad de Texas en Austin). Una vez más, toda la argumentación se sostiene en la necesidad de erradicar el supuesto pensamiento neoliberal que domina el quehacer académico en la institución. Con base en lo anterior se ha justificado una purga contra las personas que no muestren su lealtad al proyecto de “transformación” y que en la práctica se ha traducido en varias destituciones y un despido cuya justificación es ideológica: por “falta de confianza” y por “rebeldía”. La evidencia disponible nos conduce a pensar que el objetivo de la nueva administración que se busca imponer en el CIDE consiste en crear una institución sin pluralidad de pensamiento que sirva a un solo proyecto político. En el fondo del asunto se encuentra la limitación del pensamiento crítico y la subordinación de una institución académica a la 4T que, sin mostrar todavía un impacto similar al de las revoluciones del siglo XX, piensa, siente, juzga, teme y es consciente del devenir histórico. Una frase pronunciada por Castro en su discurso de 1961, que hoy no parece tan lejano, declaraba con firmeza la regulación de la libertad individual para pensar críticamente. De la misma manera, el mensaje político del presidente y del Conacyt en este momento convulso se cifra en un aforismo: dentro de la 4T, todo; contra la 4T, nada.* Este concepto engloba los controles, el espionaje, la militarización y la violencia de Estado en la era del neoliberalismo.Ernesto Mendoza es maestro en Historia Internacional por el CIDE.[/read]
¡Gracias!
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Tanto la directora del Conacyt como Romero Tellaeche acuden constantemente al término “neoliberal” para clasificar al CIDE, pero ¿qué hay detrás de su forma de emplear ese concepto? y ¿a qué hace referencia Álvarez-Buylla cuando habla de crear una ciencia para “el pueblo?
Los acontecimientos recientes en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) evocan las estrategias de intolerancia ideológica del siglo pasado. Desde su posición como director interino del centro y como candidato a ocupar de manera definitiva el cargo, José Antonio Romero Tellaeche ha expresado una postura similar a la de dos ejemplos históricos que mencionaré en estas líneas. En su visión, el CIDE es neoliberal y sus estudiantes no están comprometidos con el pueblo, pues sólo persiguen el éxito personal. De este modo, la institución y su comunidad son ubicadas en uno de los conceptos binarios que sostienen el discurso oficial vigente: el “neoliberalismo” que se opone al bienestar del “pueblo” representado por la 4T.Todo proyecto político, ya colocado en el poder o en la búsqueda por conseguirlo, recurre al uso de conceptos binarios que permitan dibujar una línea tajante entre un “nosotros” y un “ellos”. Durante el proceso de consolidación institucional que siguió a la Revolución mexicana, el régimen político recurrió a conceptos como “amigos de la Revolución” y “revolucionario” versus “la reacción” o “la contrarrevolución”. Ambos términos constituían los pilares de una construcción discursiva que permitía señalar y juzgar a todo aquel que emitiera un comentario crítico al proyecto del partido o que defendiera principios ideológicos, políticos y hasta estéticos opuestos a los del régimen.Lo mismo ocurrió durante el proceso de institucionalización de otra revolución que, como la mexicana, tuvo una gran influencia ideológica a nivel internacional: la Revolución cubana de 1959. Basta recordar el famoso discurso pronunciado por Fidel Castro como conclusión de las reuniones con los intelectuales cubanos, llevadas a cabo en la Biblioteca Nacional de la isla en junio de 1961. Ahí, por medio de una pieza retórica en la que la Revolución pensaba, sentía, juzgaba, temía y era consciente del devenir histórico, Castro delineaba la ruta que debían seguir los intelectuales y los artistas en un momento de transformación social: servir al “pueblo”, porque la vanguardia de la Revolución no tenía otra meta más que luchar por el mejoramiento de sus condiciones de vida. Así, cualquier expresión estética o intelectual que no se ajustara a tal objetivo caería en la categoría de “contrarrevolución” y sus productores serían juzgados como “enemigos”. El comandante lo resumió de manera rotunda en una frase: “dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada”. Sin embargo, el problema con la formulación de conceptos binarios es que se trata de construcciones discursivas elaboradas para servir a una agenda particular, a una ideología concreta, de un grupo que busca consolidarse en el poder y se adjudica la representación del “pueblo”. De este modo, nos encontramos frente a la relación hegemónica descrita por Ernesto Laclau, en su reflexión en torno a los significantes vacíos, en la que una particularidad asume la “función universal de representación”. Con ello, se pretenden borrar de un plumazo la pluralidad, el contraste y el diálogo entre posiciones distintas en la esfera pública.De vuelta al presente, aclaro que de ninguna manera cuestiono la existencia de un modelo económico, político, social y cultural que ha tenido un enorme impacto en México y en todo el mundo. Se trata de un proceso complejo que determinó un cambio radical en la relación entre la sociedad y el Estado, que socavó el tejido social al imponer el libre mercado como fundamento de las relaciones entre “individuos”, que propició una desigualdad exorbitante, que condujo al surgimiento de Estados securitarios* cuyas fuerzas de seguridad son utilizadas para contener el malestar ciudadano y que tuvo como prioridad el desmantelamiento de los sistemas estatales de seguridad social. Sin embargo, a los miembros de la 4T no les interesa reparar en las complejidades del neoliberalismo como proceso histórico, ni mencionar las continuidades que se observan en problemas como la militarización, la violación de los derechos humanos, la creciente desigualdad y el aumento de la pobreza, la inseguridad y las agresiones armadas contra las comunidades indígenas y la población rural que, bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, siguen sufriendo el despojo, el desplazamiento forzado y el asesinato, algo que también afecta a la población urbana. Lo que interesa a los promotores de la 4T es la simplificación que permita legitimar los ataques contra todos los actores que critiquen o se opongan en algún punto a su programa; sin que importen las grandes diferencias entre ellos ni la diversidad de sus causas (movimientos feministas, defensores de derechos humanos, periodistas, críticos de la militarización, indigenistas, comunidades que se oponen a los megaproyectos y defensores del pensamiento crítico), todos son “neoliberales”.[read more]En esta lógica, ni el presidente de la República ni María Elena Álvarez-Buylla ni Romero Tellaeche han mostrado evidencia puntual sobre la filiación neoliberal de la comunidad del CIDE que tanto han pregonado. Mucho menos han estimulado una discusión seria con la comunidad sobre el contenido de ese concepto y las prácticas vinculadas a él que deben erradicarse de las universidades y de los centros de investigación. Les basta con hablar de “intereses creados” detrás de la movilización estudiantil, de alumnos sin criterio que absorben directrices como “esponjas” y de la resistencia “ilegítima” que la comunidad cideíta ha mantenido frente a las ofensas y arbitrariedades cometidas por el director interino. Al mismo tiempo, justifican las irregularidades en el proceso de designación del nuevo director (que ocurrió el pasado 29 de noviembre), en el que hubo un desconocimiento de la opinión de la comunidad, expresada en la auscultación interna (tuvo lugar el 11 de noviembre), por medio de una serie de promesas basadas en la idea de que la investigación científica debe servir al “pueblo”.Dicha concepción se fundamenta en el proyecto de “soberanía científica” definido por Álvarez-Buylla como “la capacidad que tiene el país para decidir qué tipo de investigación, tecnologías, conocimientos e innovaciones son las más pertinentes para impulsar el bienestar de su población” y para “no depender de los modelos impuestos desde el exterior o por empresas trasnacionales”. Sin embargo, el punto problemático de esta definición tiene que ver con el agente o grupo que detenta esa capacidad soberana, lo cual se hace más evidente en el Anteproyecto de iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, publicado el año pasado. En él, se establece que la investigación científica y humanística financiada con recursos públicos responderá a la “Agenda del Estado”, delineada por los miembros del gobierno en turno. Por lo tanto, quedan abiertas las interrogantes enunciadas por la misma Álvarez-Buylla en su artículo “¿Soberanía científica?”: ¿de dónde surge ese poder?, ¿quién lo ejerce?, ¿quién se lo arroga y cuáles son sus motivos?Además de lo anterior cabe preguntarse cuál es la vía para cumplir las promesas de bienestar popular y cómo se vincula ese proyecto con la crisis actual que vive el CIDE. La respuesta se encuentra en un programa de trabajo en el que Romero Tellaeche ha llamado a eliminar el “pensamiento uniforme” de una planta académica que, en un porcentaje considerable, se ha formado en universidades de “países desarrollados” (aunque, como se sabe, Romero Tellaeche es doctor en Economía por la Universidad de Texas en Austin). Una vez más, toda la argumentación se sostiene en la necesidad de erradicar el supuesto pensamiento neoliberal que domina el quehacer académico en la institución. Con base en lo anterior se ha justificado una purga contra las personas que no muestren su lealtad al proyecto de “transformación” y que en la práctica se ha traducido en varias destituciones y un despido cuya justificación es ideológica: por “falta de confianza” y por “rebeldía”. La evidencia disponible nos conduce a pensar que el objetivo de la nueva administración que se busca imponer en el CIDE consiste en crear una institución sin pluralidad de pensamiento que sirva a un solo proyecto político. En el fondo del asunto se encuentra la limitación del pensamiento crítico y la subordinación de una institución académica a la 4T que, sin mostrar todavía un impacto similar al de las revoluciones del siglo XX, piensa, siente, juzga, teme y es consciente del devenir histórico. Una frase pronunciada por Castro en su discurso de 1961, que hoy no parece tan lejano, declaraba con firmeza la regulación de la libertad individual para pensar críticamente. De la misma manera, el mensaje político del presidente y del Conacyt en este momento convulso se cifra en un aforismo: dentro de la 4T, todo; contra la 4T, nada.* Este concepto engloba los controles, el espionaje, la militarización y la violencia de Estado en la era del neoliberalismo.Ernesto Mendoza es maestro en Historia Internacional por el CIDE.[/read]
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Tanto la directora del Conacyt como Romero Tellaeche acuden constantemente al término “neoliberal” para clasificar al CIDE, pero ¿qué hay detrás de su forma de emplear ese concepto? y ¿a qué hace referencia Álvarez-Buylla cuando habla de crear una ciencia para “el pueblo?
Los acontecimientos recientes en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) evocan las estrategias de intolerancia ideológica del siglo pasado. Desde su posición como director interino del centro y como candidato a ocupar de manera definitiva el cargo, José Antonio Romero Tellaeche ha expresado una postura similar a la de dos ejemplos históricos que mencionaré en estas líneas. En su visión, el CIDE es neoliberal y sus estudiantes no están comprometidos con el pueblo, pues sólo persiguen el éxito personal. De este modo, la institución y su comunidad son ubicadas en uno de los conceptos binarios que sostienen el discurso oficial vigente: el “neoliberalismo” que se opone al bienestar del “pueblo” representado por la 4T.Todo proyecto político, ya colocado en el poder o en la búsqueda por conseguirlo, recurre al uso de conceptos binarios que permitan dibujar una línea tajante entre un “nosotros” y un “ellos”. Durante el proceso de consolidación institucional que siguió a la Revolución mexicana, el régimen político recurrió a conceptos como “amigos de la Revolución” y “revolucionario” versus “la reacción” o “la contrarrevolución”. Ambos términos constituían los pilares de una construcción discursiva que permitía señalar y juzgar a todo aquel que emitiera un comentario crítico al proyecto del partido o que defendiera principios ideológicos, políticos y hasta estéticos opuestos a los del régimen.Lo mismo ocurrió durante el proceso de institucionalización de otra revolución que, como la mexicana, tuvo una gran influencia ideológica a nivel internacional: la Revolución cubana de 1959. Basta recordar el famoso discurso pronunciado por Fidel Castro como conclusión de las reuniones con los intelectuales cubanos, llevadas a cabo en la Biblioteca Nacional de la isla en junio de 1961. Ahí, por medio de una pieza retórica en la que la Revolución pensaba, sentía, juzgaba, temía y era consciente del devenir histórico, Castro delineaba la ruta que debían seguir los intelectuales y los artistas en un momento de transformación social: servir al “pueblo”, porque la vanguardia de la Revolución no tenía otra meta más que luchar por el mejoramiento de sus condiciones de vida. Así, cualquier expresión estética o intelectual que no se ajustara a tal objetivo caería en la categoría de “contrarrevolución” y sus productores serían juzgados como “enemigos”. El comandante lo resumió de manera rotunda en una frase: “dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada”. Sin embargo, el problema con la formulación de conceptos binarios es que se trata de construcciones discursivas elaboradas para servir a una agenda particular, a una ideología concreta, de un grupo que busca consolidarse en el poder y se adjudica la representación del “pueblo”. De este modo, nos encontramos frente a la relación hegemónica descrita por Ernesto Laclau, en su reflexión en torno a los significantes vacíos, en la que una particularidad asume la “función universal de representación”. Con ello, se pretenden borrar de un plumazo la pluralidad, el contraste y el diálogo entre posiciones distintas en la esfera pública.De vuelta al presente, aclaro que de ninguna manera cuestiono la existencia de un modelo económico, político, social y cultural que ha tenido un enorme impacto en México y en todo el mundo. Se trata de un proceso complejo que determinó un cambio radical en la relación entre la sociedad y el Estado, que socavó el tejido social al imponer el libre mercado como fundamento de las relaciones entre “individuos”, que propició una desigualdad exorbitante, que condujo al surgimiento de Estados securitarios* cuyas fuerzas de seguridad son utilizadas para contener el malestar ciudadano y que tuvo como prioridad el desmantelamiento de los sistemas estatales de seguridad social. Sin embargo, a los miembros de la 4T no les interesa reparar en las complejidades del neoliberalismo como proceso histórico, ni mencionar las continuidades que se observan en problemas como la militarización, la violación de los derechos humanos, la creciente desigualdad y el aumento de la pobreza, la inseguridad y las agresiones armadas contra las comunidades indígenas y la población rural que, bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, siguen sufriendo el despojo, el desplazamiento forzado y el asesinato, algo que también afecta a la población urbana. Lo que interesa a los promotores de la 4T es la simplificación que permita legitimar los ataques contra todos los actores que critiquen o se opongan en algún punto a su programa; sin que importen las grandes diferencias entre ellos ni la diversidad de sus causas (movimientos feministas, defensores de derechos humanos, periodistas, críticos de la militarización, indigenistas, comunidades que se oponen a los megaproyectos y defensores del pensamiento crítico), todos son “neoliberales”.[read more]En esta lógica, ni el presidente de la República ni María Elena Álvarez-Buylla ni Romero Tellaeche han mostrado evidencia puntual sobre la filiación neoliberal de la comunidad del CIDE que tanto han pregonado. Mucho menos han estimulado una discusión seria con la comunidad sobre el contenido de ese concepto y las prácticas vinculadas a él que deben erradicarse de las universidades y de los centros de investigación. Les basta con hablar de “intereses creados” detrás de la movilización estudiantil, de alumnos sin criterio que absorben directrices como “esponjas” y de la resistencia “ilegítima” que la comunidad cideíta ha mantenido frente a las ofensas y arbitrariedades cometidas por el director interino. Al mismo tiempo, justifican las irregularidades en el proceso de designación del nuevo director (que ocurrió el pasado 29 de noviembre), en el que hubo un desconocimiento de la opinión de la comunidad, expresada en la auscultación interna (tuvo lugar el 11 de noviembre), por medio de una serie de promesas basadas en la idea de que la investigación científica debe servir al “pueblo”.Dicha concepción se fundamenta en el proyecto de “soberanía científica” definido por Álvarez-Buylla como “la capacidad que tiene el país para decidir qué tipo de investigación, tecnologías, conocimientos e innovaciones son las más pertinentes para impulsar el bienestar de su población” y para “no depender de los modelos impuestos desde el exterior o por empresas trasnacionales”. Sin embargo, el punto problemático de esta definición tiene que ver con el agente o grupo que detenta esa capacidad soberana, lo cual se hace más evidente en el Anteproyecto de iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, publicado el año pasado. En él, se establece que la investigación científica y humanística financiada con recursos públicos responderá a la “Agenda del Estado”, delineada por los miembros del gobierno en turno. Por lo tanto, quedan abiertas las interrogantes enunciadas por la misma Álvarez-Buylla en su artículo “¿Soberanía científica?”: ¿de dónde surge ese poder?, ¿quién lo ejerce?, ¿quién se lo arroga y cuáles son sus motivos?Además de lo anterior cabe preguntarse cuál es la vía para cumplir las promesas de bienestar popular y cómo se vincula ese proyecto con la crisis actual que vive el CIDE. La respuesta se encuentra en un programa de trabajo en el que Romero Tellaeche ha llamado a eliminar el “pensamiento uniforme” de una planta académica que, en un porcentaje considerable, se ha formado en universidades de “países desarrollados” (aunque, como se sabe, Romero Tellaeche es doctor en Economía por la Universidad de Texas en Austin). Una vez más, toda la argumentación se sostiene en la necesidad de erradicar el supuesto pensamiento neoliberal que domina el quehacer académico en la institución. Con base en lo anterior se ha justificado una purga contra las personas que no muestren su lealtad al proyecto de “transformación” y que en la práctica se ha traducido en varias destituciones y un despido cuya justificación es ideológica: por “falta de confianza” y por “rebeldía”. La evidencia disponible nos conduce a pensar que el objetivo de la nueva administración que se busca imponer en el CIDE consiste en crear una institución sin pluralidad de pensamiento que sirva a un solo proyecto político. En el fondo del asunto se encuentra la limitación del pensamiento crítico y la subordinación de una institución académica a la 4T que, sin mostrar todavía un impacto similar al de las revoluciones del siglo XX, piensa, siente, juzga, teme y es consciente del devenir histórico. Una frase pronunciada por Castro en su discurso de 1961, que hoy no parece tan lejano, declaraba con firmeza la regulación de la libertad individual para pensar críticamente. De la misma manera, el mensaje político del presidente y del Conacyt en este momento convulso se cifra en un aforismo: dentro de la 4T, todo; contra la 4T, nada.* Este concepto engloba los controles, el espionaje, la militarización y la violencia de Estado en la era del neoliberalismo.Ernesto Mendoza es maestro en Historia Internacional por el CIDE.[/read]
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Tanto la directora del Conacyt como Romero Tellaeche acuden constantemente al término “neoliberal” para clasificar al CIDE, pero ¿qué hay detrás de su forma de emplear ese concepto? y ¿a qué hace referencia Álvarez-Buylla cuando habla de crear una ciencia para “el pueblo?
Los acontecimientos recientes en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) evocan las estrategias de intolerancia ideológica del siglo pasado. Desde su posición como director interino del centro y como candidato a ocupar de manera definitiva el cargo, José Antonio Romero Tellaeche ha expresado una postura similar a la de dos ejemplos históricos que mencionaré en estas líneas. En su visión, el CIDE es neoliberal y sus estudiantes no están comprometidos con el pueblo, pues sólo persiguen el éxito personal. De este modo, la institución y su comunidad son ubicadas en uno de los conceptos binarios que sostienen el discurso oficial vigente: el “neoliberalismo” que se opone al bienestar del “pueblo” representado por la 4T.Todo proyecto político, ya colocado en el poder o en la búsqueda por conseguirlo, recurre al uso de conceptos binarios que permitan dibujar una línea tajante entre un “nosotros” y un “ellos”. Durante el proceso de consolidación institucional que siguió a la Revolución mexicana, el régimen político recurrió a conceptos como “amigos de la Revolución” y “revolucionario” versus “la reacción” o “la contrarrevolución”. Ambos términos constituían los pilares de una construcción discursiva que permitía señalar y juzgar a todo aquel que emitiera un comentario crítico al proyecto del partido o que defendiera principios ideológicos, políticos y hasta estéticos opuestos a los del régimen.Lo mismo ocurrió durante el proceso de institucionalización de otra revolución que, como la mexicana, tuvo una gran influencia ideológica a nivel internacional: la Revolución cubana de 1959. Basta recordar el famoso discurso pronunciado por Fidel Castro como conclusión de las reuniones con los intelectuales cubanos, llevadas a cabo en la Biblioteca Nacional de la isla en junio de 1961. Ahí, por medio de una pieza retórica en la que la Revolución pensaba, sentía, juzgaba, temía y era consciente del devenir histórico, Castro delineaba la ruta que debían seguir los intelectuales y los artistas en un momento de transformación social: servir al “pueblo”, porque la vanguardia de la Revolución no tenía otra meta más que luchar por el mejoramiento de sus condiciones de vida. Así, cualquier expresión estética o intelectual que no se ajustara a tal objetivo caería en la categoría de “contrarrevolución” y sus productores serían juzgados como “enemigos”. El comandante lo resumió de manera rotunda en una frase: “dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada”. Sin embargo, el problema con la formulación de conceptos binarios es que se trata de construcciones discursivas elaboradas para servir a una agenda particular, a una ideología concreta, de un grupo que busca consolidarse en el poder y se adjudica la representación del “pueblo”. De este modo, nos encontramos frente a la relación hegemónica descrita por Ernesto Laclau, en su reflexión en torno a los significantes vacíos, en la que una particularidad asume la “función universal de representación”. Con ello, se pretenden borrar de un plumazo la pluralidad, el contraste y el diálogo entre posiciones distintas en la esfera pública.De vuelta al presente, aclaro que de ninguna manera cuestiono la existencia de un modelo económico, político, social y cultural que ha tenido un enorme impacto en México y en todo el mundo. Se trata de un proceso complejo que determinó un cambio radical en la relación entre la sociedad y el Estado, que socavó el tejido social al imponer el libre mercado como fundamento de las relaciones entre “individuos”, que propició una desigualdad exorbitante, que condujo al surgimiento de Estados securitarios* cuyas fuerzas de seguridad son utilizadas para contener el malestar ciudadano y que tuvo como prioridad el desmantelamiento de los sistemas estatales de seguridad social. Sin embargo, a los miembros de la 4T no les interesa reparar en las complejidades del neoliberalismo como proceso histórico, ni mencionar las continuidades que se observan en problemas como la militarización, la violación de los derechos humanos, la creciente desigualdad y el aumento de la pobreza, la inseguridad y las agresiones armadas contra las comunidades indígenas y la población rural que, bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, siguen sufriendo el despojo, el desplazamiento forzado y el asesinato, algo que también afecta a la población urbana. Lo que interesa a los promotores de la 4T es la simplificación que permita legitimar los ataques contra todos los actores que critiquen o se opongan en algún punto a su programa; sin que importen las grandes diferencias entre ellos ni la diversidad de sus causas (movimientos feministas, defensores de derechos humanos, periodistas, críticos de la militarización, indigenistas, comunidades que se oponen a los megaproyectos y defensores del pensamiento crítico), todos son “neoliberales”.[read more]En esta lógica, ni el presidente de la República ni María Elena Álvarez-Buylla ni Romero Tellaeche han mostrado evidencia puntual sobre la filiación neoliberal de la comunidad del CIDE que tanto han pregonado. Mucho menos han estimulado una discusión seria con la comunidad sobre el contenido de ese concepto y las prácticas vinculadas a él que deben erradicarse de las universidades y de los centros de investigación. Les basta con hablar de “intereses creados” detrás de la movilización estudiantil, de alumnos sin criterio que absorben directrices como “esponjas” y de la resistencia “ilegítima” que la comunidad cideíta ha mantenido frente a las ofensas y arbitrariedades cometidas por el director interino. Al mismo tiempo, justifican las irregularidades en el proceso de designación del nuevo director (que ocurrió el pasado 29 de noviembre), en el que hubo un desconocimiento de la opinión de la comunidad, expresada en la auscultación interna (tuvo lugar el 11 de noviembre), por medio de una serie de promesas basadas en la idea de que la investigación científica debe servir al “pueblo”.Dicha concepción se fundamenta en el proyecto de “soberanía científica” definido por Álvarez-Buylla como “la capacidad que tiene el país para decidir qué tipo de investigación, tecnologías, conocimientos e innovaciones son las más pertinentes para impulsar el bienestar de su población” y para “no depender de los modelos impuestos desde el exterior o por empresas trasnacionales”. Sin embargo, el punto problemático de esta definición tiene que ver con el agente o grupo que detenta esa capacidad soberana, lo cual se hace más evidente en el Anteproyecto de iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, publicado el año pasado. En él, se establece que la investigación científica y humanística financiada con recursos públicos responderá a la “Agenda del Estado”, delineada por los miembros del gobierno en turno. Por lo tanto, quedan abiertas las interrogantes enunciadas por la misma Álvarez-Buylla en su artículo “¿Soberanía científica?”: ¿de dónde surge ese poder?, ¿quién lo ejerce?, ¿quién se lo arroga y cuáles son sus motivos?Además de lo anterior cabe preguntarse cuál es la vía para cumplir las promesas de bienestar popular y cómo se vincula ese proyecto con la crisis actual que vive el CIDE. La respuesta se encuentra en un programa de trabajo en el que Romero Tellaeche ha llamado a eliminar el “pensamiento uniforme” de una planta académica que, en un porcentaje considerable, se ha formado en universidades de “países desarrollados” (aunque, como se sabe, Romero Tellaeche es doctor en Economía por la Universidad de Texas en Austin). Una vez más, toda la argumentación se sostiene en la necesidad de erradicar el supuesto pensamiento neoliberal que domina el quehacer académico en la institución. Con base en lo anterior se ha justificado una purga contra las personas que no muestren su lealtad al proyecto de “transformación” y que en la práctica se ha traducido en varias destituciones y un despido cuya justificación es ideológica: por “falta de confianza” y por “rebeldía”. La evidencia disponible nos conduce a pensar que el objetivo de la nueva administración que se busca imponer en el CIDE consiste en crear una institución sin pluralidad de pensamiento que sirva a un solo proyecto político. En el fondo del asunto se encuentra la limitación del pensamiento crítico y la subordinación de una institución académica a la 4T que, sin mostrar todavía un impacto similar al de las revoluciones del siglo XX, piensa, siente, juzga, teme y es consciente del devenir histórico. Una frase pronunciada por Castro en su discurso de 1961, que hoy no parece tan lejano, declaraba con firmeza la regulación de la libertad individual para pensar críticamente. De la misma manera, el mensaje político del presidente y del Conacyt en este momento convulso se cifra en un aforismo: dentro de la 4T, todo; contra la 4T, nada.* Este concepto engloba los controles, el espionaje, la militarización y la violencia de Estado en la era del neoliberalismo.Ernesto Mendoza es maestro en Historia Internacional por el CIDE.[/read]
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Tanto la directora del Conacyt como Romero Tellaeche acuden constantemente al término “neoliberal” para clasificar al CIDE, pero ¿qué hay detrás de su forma de emplear ese concepto? y ¿a qué hace referencia Álvarez-Buylla cuando habla de crear una ciencia para “el pueblo?
Los acontecimientos recientes en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) evocan las estrategias de intolerancia ideológica del siglo pasado. Desde su posición como director interino del centro y como candidato a ocupar de manera definitiva el cargo, José Antonio Romero Tellaeche ha expresado una postura similar a la de dos ejemplos históricos que mencionaré en estas líneas. En su visión, el CIDE es neoliberal y sus estudiantes no están comprometidos con el pueblo, pues sólo persiguen el éxito personal. De este modo, la institución y su comunidad son ubicadas en uno de los conceptos binarios que sostienen el discurso oficial vigente: el “neoliberalismo” que se opone al bienestar del “pueblo” representado por la 4T.Todo proyecto político, ya colocado en el poder o en la búsqueda por conseguirlo, recurre al uso de conceptos binarios que permitan dibujar una línea tajante entre un “nosotros” y un “ellos”. Durante el proceso de consolidación institucional que siguió a la Revolución mexicana, el régimen político recurrió a conceptos como “amigos de la Revolución” y “revolucionario” versus “la reacción” o “la contrarrevolución”. Ambos términos constituían los pilares de una construcción discursiva que permitía señalar y juzgar a todo aquel que emitiera un comentario crítico al proyecto del partido o que defendiera principios ideológicos, políticos y hasta estéticos opuestos a los del régimen.Lo mismo ocurrió durante el proceso de institucionalización de otra revolución que, como la mexicana, tuvo una gran influencia ideológica a nivel internacional: la Revolución cubana de 1959. Basta recordar el famoso discurso pronunciado por Fidel Castro como conclusión de las reuniones con los intelectuales cubanos, llevadas a cabo en la Biblioteca Nacional de la isla en junio de 1961. Ahí, por medio de una pieza retórica en la que la Revolución pensaba, sentía, juzgaba, temía y era consciente del devenir histórico, Castro delineaba la ruta que debían seguir los intelectuales y los artistas en un momento de transformación social: servir al “pueblo”, porque la vanguardia de la Revolución no tenía otra meta más que luchar por el mejoramiento de sus condiciones de vida. Así, cualquier expresión estética o intelectual que no se ajustara a tal objetivo caería en la categoría de “contrarrevolución” y sus productores serían juzgados como “enemigos”. El comandante lo resumió de manera rotunda en una frase: “dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada”. Sin embargo, el problema con la formulación de conceptos binarios es que se trata de construcciones discursivas elaboradas para servir a una agenda particular, a una ideología concreta, de un grupo que busca consolidarse en el poder y se adjudica la representación del “pueblo”. De este modo, nos encontramos frente a la relación hegemónica descrita por Ernesto Laclau, en su reflexión en torno a los significantes vacíos, en la que una particularidad asume la “función universal de representación”. Con ello, se pretenden borrar de un plumazo la pluralidad, el contraste y el diálogo entre posiciones distintas en la esfera pública.De vuelta al presente, aclaro que de ninguna manera cuestiono la existencia de un modelo económico, político, social y cultural que ha tenido un enorme impacto en México y en todo el mundo. Se trata de un proceso complejo que determinó un cambio radical en la relación entre la sociedad y el Estado, que socavó el tejido social al imponer el libre mercado como fundamento de las relaciones entre “individuos”, que propició una desigualdad exorbitante, que condujo al surgimiento de Estados securitarios* cuyas fuerzas de seguridad son utilizadas para contener el malestar ciudadano y que tuvo como prioridad el desmantelamiento de los sistemas estatales de seguridad social. Sin embargo, a los miembros de la 4T no les interesa reparar en las complejidades del neoliberalismo como proceso histórico, ni mencionar las continuidades que se observan en problemas como la militarización, la violación de los derechos humanos, la creciente desigualdad y el aumento de la pobreza, la inseguridad y las agresiones armadas contra las comunidades indígenas y la población rural que, bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, siguen sufriendo el despojo, el desplazamiento forzado y el asesinato, algo que también afecta a la población urbana. Lo que interesa a los promotores de la 4T es la simplificación que permita legitimar los ataques contra todos los actores que critiquen o se opongan en algún punto a su programa; sin que importen las grandes diferencias entre ellos ni la diversidad de sus causas (movimientos feministas, defensores de derechos humanos, periodistas, críticos de la militarización, indigenistas, comunidades que se oponen a los megaproyectos y defensores del pensamiento crítico), todos son “neoliberales”.[read more]En esta lógica, ni el presidente de la República ni María Elena Álvarez-Buylla ni Romero Tellaeche han mostrado evidencia puntual sobre la filiación neoliberal de la comunidad del CIDE que tanto han pregonado. Mucho menos han estimulado una discusión seria con la comunidad sobre el contenido de ese concepto y las prácticas vinculadas a él que deben erradicarse de las universidades y de los centros de investigación. Les basta con hablar de “intereses creados” detrás de la movilización estudiantil, de alumnos sin criterio que absorben directrices como “esponjas” y de la resistencia “ilegítima” que la comunidad cideíta ha mantenido frente a las ofensas y arbitrariedades cometidas por el director interino. Al mismo tiempo, justifican las irregularidades en el proceso de designación del nuevo director (que ocurrió el pasado 29 de noviembre), en el que hubo un desconocimiento de la opinión de la comunidad, expresada en la auscultación interna (tuvo lugar el 11 de noviembre), por medio de una serie de promesas basadas en la idea de que la investigación científica debe servir al “pueblo”.Dicha concepción se fundamenta en el proyecto de “soberanía científica” definido por Álvarez-Buylla como “la capacidad que tiene el país para decidir qué tipo de investigación, tecnologías, conocimientos e innovaciones son las más pertinentes para impulsar el bienestar de su población” y para “no depender de los modelos impuestos desde el exterior o por empresas trasnacionales”. Sin embargo, el punto problemático de esta definición tiene que ver con el agente o grupo que detenta esa capacidad soberana, lo cual se hace más evidente en el Anteproyecto de iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, publicado el año pasado. En él, se establece que la investigación científica y humanística financiada con recursos públicos responderá a la “Agenda del Estado”, delineada por los miembros del gobierno en turno. Por lo tanto, quedan abiertas las interrogantes enunciadas por la misma Álvarez-Buylla en su artículo “¿Soberanía científica?”: ¿de dónde surge ese poder?, ¿quién lo ejerce?, ¿quién se lo arroga y cuáles son sus motivos?Además de lo anterior cabe preguntarse cuál es la vía para cumplir las promesas de bienestar popular y cómo se vincula ese proyecto con la crisis actual que vive el CIDE. La respuesta se encuentra en un programa de trabajo en el que Romero Tellaeche ha llamado a eliminar el “pensamiento uniforme” de una planta académica que, en un porcentaje considerable, se ha formado en universidades de “países desarrollados” (aunque, como se sabe, Romero Tellaeche es doctor en Economía por la Universidad de Texas en Austin). Una vez más, toda la argumentación se sostiene en la necesidad de erradicar el supuesto pensamiento neoliberal que domina el quehacer académico en la institución. Con base en lo anterior se ha justificado una purga contra las personas que no muestren su lealtad al proyecto de “transformación” y que en la práctica se ha traducido en varias destituciones y un despido cuya justificación es ideológica: por “falta de confianza” y por “rebeldía”. La evidencia disponible nos conduce a pensar que el objetivo de la nueva administración que se busca imponer en el CIDE consiste en crear una institución sin pluralidad de pensamiento que sirva a un solo proyecto político. En el fondo del asunto se encuentra la limitación del pensamiento crítico y la subordinación de una institución académica a la 4T que, sin mostrar todavía un impacto similar al de las revoluciones del siglo XX, piensa, siente, juzga, teme y es consciente del devenir histórico. Una frase pronunciada por Castro en su discurso de 1961, que hoy no parece tan lejano, declaraba con firmeza la regulación de la libertad individual para pensar críticamente. De la misma manera, el mensaje político del presidente y del Conacyt en este momento convulso se cifra en un aforismo: dentro de la 4T, todo; contra la 4T, nada.* Este concepto engloba los controles, el espionaje, la militarización y la violencia de Estado en la era del neoliberalismo.Ernesto Mendoza es maestro en Historia Internacional por el CIDE.[/read]
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