Este reportaje se realizó gracias al apoyo de la Fundación Ford

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“Soy madre soltera de tres hijos, arrestada en 2016. Entre las que aquí nos encontramos, todas venimos de familias humildes y la mayoría somos madres solteras”, dice una mujer venezolana, presa en una cárcel de Hong Kong, en una carta dirigida al padre John.

En 2013, John Wotherspoon, capellán en las prisiones de la región, notó que muchos prisioneros sentenciados por narcotráfico eran extranjeros y empezó una campaña que consistía en publicar cartas de prisioneros para alertar a otros sobre los riesgos del tráfico de drogas hacia la ciudad de Hong Kong. Por participar en la campaña, los acusados recibían pequeñas reducciones en la sentencia. Al principio se trataba en su mayoría de personas que llegaban transportando sustancias ilegales desde África, pero pronto empezó a notar que muchos de los presos venían de América Latina, así que lanzó la versión en español de su campaña “No más mulas”. Al darse cuenta de que la falta de información sobre las severas políticas antinarcóticos en Asia facilitaba el trabajo de quienes reclutaban mulas, el padre John se embarcó en un viaje a esa región en 2018 para hablar con la prensa y las familias de los presos. Ese mismo año fundó Voice for Prisoners, una organización que ayuda de diversas formas a los prisioneros de Hong Kong.

—Anteriormente, las mulas solían ser hombres, pero en los últimos años, las mujeres de América Latina han sido las principales víctimas. Se trata en su mayoría de madres solteras que necesitan dinero para sus familias —explica el capellán desde su oficina en la ciudad asiática, un espacio angosto repleto de folletos religiosos en diferentes idiomas.

Según el portal de estadística en línea Statista, Hong Kong es la jurisdicción con mayor proporción de mujeres presas a nivel mundial: representan alrededor de 20% de la población carcelaria total. Las reclusas extranjeras conforman la mitad de la población carcelaria femenina y suelen cumplir condenas por delitos no violentos.

El Departamento de Servicios Correccionales de Hong Kong no dispone de cifras sobre el número de latinoamericanos en prisión, pero en 2019 el padre John hizo un cálculo para un reportaje publicado en El País de España: del total de presos en cárceles de Hong Kong (ocho mil ese año), había trescientas mulas provenientes de otros países y 140 eran latinoamericanas, casi la mitad de ellas mujeres: setenta de Colombia, veinte de Venezuela, doce de Perú, media docena de Paraguay, Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Surinam y dos de Uruguay. Este cálculo corresponde a las cifras de la Asociación de Mujeres de Habla Hispana (AMHH), que desde 2006 y hasta antes de la pandemia ha visitado a los presos hispanohablantes detenidos en las diferentes cárceles de esta ciudad. En 2019, la lista de la AMHH contaba unos 150 latinoamericanos detenidos, todos ellos condenados por delitos de tráfico de drogas. En los últimos dos años, más de treinta salieron de prisión. La lista actualizada de 2022 da cuenta de ochenta hombres y 37 mujeres, pero no hay forma de conocer cifras oficiales, pues en la lista figuran únicamente quienes desean ser visitados y, por tanto, se han puesto en contacto con la AMHH.

El acceso a los detenidos es una accidentada vía unidireccional: son ellos quienes deben contactar con el mundo exterior. Para ir a ver a alguien que se encuentra encarcelado es preciso figurar en su lista de visitas. Si el prisionero no conoce a la persona que lo quiere visitar, hay que mandarle una carta, en la que debe aparecer su número de prisionero. Pero ese número solo puede conocerse cuando él mismo lo comunica a quien lo quiere visitar. Así, se genera un loop infinito. Los presos tienen derecho a una llamada al mes y a mandar una carta de manera gratuita a la semana.

ANDREA: MÉXICO - HONG KONG 2011

El 16 de septiembre de 2011, mientras sus compatriotas celebraban el día de la Independencia de México, Andrea y otros cuatro connacionales más fueron arrestados por tráfico de drogas en Hong Kong. En ese año, Andrea tenía veintisiete años y era auxiliar de enfermería en la Ciudad de México. Su esposo, de 31, trabajaba en ventas y había acumulado una deuda de 35 000 dólares con un prestamista que, para saldarla, le propuso un trabajo. La misión consistía en viajar a Hong Kong. Al llegar allá recibiría más instrucciones. En aquel entonces, la madre de Andrea estaba incapacitada tras un derrame cerebral y ella y su pareja decidieron partir a la ciudad asiática con su hijo de tres años.

Cuando las autoridades detuvieron a Andrea y a su esposo, ambos salían de un depósito en el norte de Hong Kong, donde se encontraron 422 kilos de cocaína con un valor de 65 millones de dólares. Andrea llevaba 4.6 kilogramos en el bolso. Bajo la fachada de un centro de reciclaje, el depósito de 930 metros cuadrados era el lugar donde se empacaba y almacenaba la droga, escondida bajo montones de plástico reciclado.

Seis personas fueron detenidas y juzgadas: un estadounidense y cinco mexicanos, entre ellos, Andrea y su marido.En mayo de 2013, el juez Lugar-Mawson consideró una sentencia de cadena perpetua para todos los acusados, pero Keith Oderberg, el abogado de la defensa, objetó la resolución argumentando que ninguno de ellos era el responsable principal del delito. Frente a un jurado compuesto por mujeres, Andrea dijo ignorar que terminaría participando en uno de los casos de tráfico de cocaína más grandes de la historia de Hong Kong: “No puedo probar que no sabía que había drogas en mi bolso, pero no me rendiré, Dios sabe que yo no sabía nada”.

En su alegato final, Oderberg abogó por Andrea diciendo: “Su esposo trató de engañar a la policía detrás de la fachada de una visita familiar, presionando a su esposa para que viniera a Hong Kong, y utilizó a su familia como tapadera, ese era su plan”.

Los acusados no se atrevieron a brindar más detalles, temiendo por la seguridad de sus familias en México, y Oderberg pidió clemencia al jurado. Tres acusados (entre ellos, el esposo de Andrea) fueron sentenciados por el cargo de conspiración para traficar “una droga peligrosa”, con una pena inicial de 37 años. A los demás se les sentenció por tráfico. El juez decidió agregar a cada sentencia un año adicional, argumentando que “un agravante de los delitos cometidos por los acusados es el hecho de que son extranjeros”. Todos se declararon culpables, menos Andrea, que al declararse inocente perdió el derecho a una reducción de pena. Las sentencias de quienes se declararon culpables oscilaron entre los diecisiete y los veinticinco años de prisión.

El juez decidió que no podía darle a Andrea ese mismo beneficio, pues “fue ella quien involucró a su hijo al traerlo a Hong Kong y llevarlo al almacén, cuando claramente podría haberlo dejado al cuidado de parientes en la Ciudad de México”, y la condenó a veintisiete años. Por el mismo delito, la sentencia en su país es de cuatro a ocho años de prisión. El hijo de ambos regresó a México sin sus padres.

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En 2014, el cónsul de Argentina en Hong Kong explicaba para una nota de Clarín: “El tema [de las cárceles de Hong Kong] es la distancia y que las condenas en Asia por narcotráfico son mucho más largas que en Europa o América. Y que al no saber inglés [los detenidos] no pueden hablar con nadie”.

A pesar de que las autoridades pueden hacer excepciones en cuanto a la repatriación de reclusos, el Gobierno de Hong Kong no ha firmado acuerdos de extradición con ningún país latinoamericano, de modo que son muchos los detenidos de esa región que no pueden ver a su familia durante largos años. Su comunicación se limita a cartas o a una llamada de diez minutos una vez al mes. Para mitigar ese aislamiento, Bruce Aitken, que en otro tiempo estuvo encarcelado en Hong Kong, creó en 2004 el único programa de radio destinado a presos extranjeros: Prison Visitation on the Air. Cada domingo, Bruce transmite a los prisioneros mensajes de voz de sus familias en distintos idiomas, especialmente en español. Para muchos latinoamericanos, esos mensajes son un paliativo frente a la falta de visitas familiares, que la lejanía de estos centros penitenciarios dificulta. Buena parte de los presos extranjeros solo reciben visitas de trabajadores sociales o de asociaciones religiosas. Para facilitar la comunicación con los hispanohablantes, el padre John está aprendiendo español, y no es el único; los servicios correccionales están ofreciendo a los agentes de prisiones cursos en seis idiomas: urdu, punyabí, nepalés, vietnamita, indonesio y español, la única lengua que no corresponde a un país asiático.

EMMA Y VALERIA: COLOMBIA - HONG KONG 2015

El 8 de agosto de 2015, Emma aterrizó en Hong Kong tras un vuelo que partió desde su país, Colombia, pasando por París. Los oficiales de la aduana la detuvieron al notar algo extraño en su forma de andar. Antes de que pudieran llevar a cabo un cacheo, Emma admitió que llevaba droga y señaló su cadera, donde iban disimulados 1.178 kilogramos de cocaína en los bolsillos internos de la ropa interior. La policía le propuso, a cambio de una reducción de sentencia, una controlled delivery, que supone la entrega de la droga a sus destinatarios con el fin de capturar a los responsables. Emma aceptó y mandó un mensaje a su contacto, avisándole de su llegada. Los agentes plantearon pasar la droga a una maleta antes de llevarla al Holiday Inn Golden Mile Hotel, donde se haría la entrega. Esa misma noche, Emma esperaba en el lobby a Valeria, una conciudadana de Colombia, que se acercaría a recoger el envío. Antes de su arresto, Emma de 44 años, esposa y madre de cinco, trabajaba como chef en un club de Bogotá. Sus deudas se habían acumulado, llevaba más de diez años lidiando con problemas de depresión y, finalmente, alguien le prometió trece mil dólares por llevar la droga a Hong Kong.

Valeria, la mujer que fue a recoger la cocaína, treinta años, madre de tres y separada de su esposo, había viajado a la provincia de Cantón, al sur de China, para comprar ropa y revenderla en Colombia. Llegó a Hong Kong para resolver un problema en el Consulado de Colombia sobre la custodia de sus hijos, dos de los cuales vivían en aquel momento con su abuela y uno con el padre. En su paso por Hong Kong hizo amistad con un hombre que se hacía llamar el Gordo, originalmente la persona designada para recoger la droga que había ingresado Emma al país. Pero el Gordo le pidió a Valeria que fuera a recogerla y ella aceptó. La policía detuvo a ambas mujeres cuando se dirigían a la salida del hotel.

La audiencia de Valeria se llevó a cabo a finales de octubre de 2017. El abogado defensor indicó que la acusada había sido víctima del Gordo, quien, sospechando que algo había salido mal, la había enviado a recoger la droga. El juez D’Almada Remedios señaló que Valeria sabía de las drogas en la maleta e indicó que el único factor atenuante era su declaración de culpabilidad, por lo que le concedió una reducción de un tercio de la sentencia: de veintidós se redujo a quince años.

El mismo juez presidió la audiencia de Emma una semana más tarde y propuso la misma sentencia inicial, a la que agregaría dos años más por haber traído la droga desde Colombia. El abogado defensor señaló que su clienta había cooperado con las autoridades, lo que resultó en el arresto de Valeria. Por su ayuda, D’Almada Remedios consideró una reducción de 45% de la sentencia de veinticuatro años, reduciéndola a trece.

Tras su arresto, los traficantes amenazaron al esposo de Emma, que por miedo a las consecuencias huyó de Colombia, donde aún vivían los hijos adolescentes de la pareja. Desde que entró en prisión, la salud de Emma cayó en picado. En noviembre de 2015 la operaron de un cáncer; en 2016 sufrió un accidente cerebrovascular isquémico, tuvo como secuela una pérdida auditiva y, como muchas otras mujeres en prisión, sigue un tratamiento psiquiátrico a causa de una depresión crónica.

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Las redes de narcotráfico en Asia se tejen siguiendo ciertos patrones, pero sus hilos siempre parten de Latinoamérica. Una investigación del South China Morning Post de 2018 lo resume así: “El crimen organizado en China, los carteles latinoamericanos y los intermediarios nigerianos han estado forjando vínculos y ampliando sus redes internacionales para mandar grandes cantidades de cocaína de América Latina a Asia”.

La guerra contra las drogas o el narcotráfico ha sido el lema de muchos gobiernos: los Estados Unidos de Nixon, el México de Calderón y las Filipinas de Duterte. Un lema que han seguido otras naciones, especialmente en Asia, donde el enfoque severo y punitivo (dieciséis países asiáticos aplican la pena de muerte por delitos de droga) contrasta radicalmente con el sentido sanitario y social de algunos países occidentales (en su mayoría europeos).

Hong Kong es un territorio de 1 106 kilómetros cuadrados al sur de China continental, que ha sido por mucho tiempo una ruta comercial de tráfico de droga en Asia, debido en parte a su ubicación estratégica. Dejando de lado los países donde se aplica la pena de muerte (como China, Singapur, Indonesia, Malasia y Vietnam), Hong Kong es una de las jurisdicciones que imponen las sentencias más duras por este delito. Según un estudio de la oenegé Justice Centre, los tribunales no toman en cuenta el grado de implicación del acusado: la sentencia inicial para cualquier persona condenada por traficar un kilo de cocaína es de veintitrés años, independientemente de su papel en la operación.

Sin embargo, este territorio no aparece en los rankings de países con las penas de prisión más duras, porque no es un país. En 1997 dejó de ser una colonia británica para convertirse en una región administrativa especial de China, y tiene un sistema político, administrativo y judicial propio que se resume en el lema “Un país, dos sistemas”.

KARLA: VENEZUELA-HONG KONG 2015

En julio de 2015, la familia de Karla la reportó como desaparecida. La habían visto por última vez en junio, cuando iba rumbo a Brasil para responder a una oferta de trabajo. A sus 31 años, Karla trabajaba como auxiliar de veterinaria en Venezuela, pero el embarazo de un segundo hijo, aunado a la crisis económica del país, la impelía a buscar un ingreso extra. El trabajo consistía en ir a Brasil a comprar teléfonos para revenderlos en Venezuela. Al aterrizar en el aeropuerto de São Paulo, dos hombres fueron a recibirla, la hicieron subir a un coche y le colocaron una capucha. La encerraron en el cuarto de una casa desde donde escuchaba el llanto de otra mujer.

Al firmar el contrato, Karla había puesto a disponibilidad de sus captores su número de teléfono y su domicilio, información que usaron para amenazarla con hacer daño a su familia. Durante varias semanas abusaron de ella, antes de ordenarle que se tragara más de kilo y medio de cocaína en cápsulas. Cuando dijo que estaba embarazada y que no era capaz de hacerlo, los hombres decidieron amarrarle las cápsulas en las piernas. Después de haber pasado siete semanas en cautiverio, Karla llegó a Hong Kong con marcas de golpes en los muslos y cuatro paquetes de cocaína atados a cada pantorrilla, disimulados bajo los pantalones acampanados.

El 9 de agosto de 2015, los oficiales de la aduana la detuvieron cuando cruzaba el portal que anunciaba “Nada que declarar”. A falta de intérprete de español, la interrogaron en inglés y le propusieron llevar a cabo una controlled delivery. Ella no entendió el término y se negó. Su negativa fue considerada como falta de cooperación. Durante el juicio, el inspector que la interrogó dijo que “miró su pierna por un segundo o dos, sin notar ninguna lesión, y que ella no hizo ninguna solicitud para ver a un médico”. Tanto la intérprete como la cónsul general de Venezuela, que vieron a Karla tras su arresto, notaron los moretones en brazos y piernas. Su abogado adujo que no se había hecho ningún esfuerzo para que un médico la revisara y comprobara que había sido violada y sometida a violencia, y solicitó la suspensión definitiva del proceso penal de una acusada, que mostraba todas las señales de haber sido víctima de la trata de personas. Pero la jueza Barnes, que la declaró culpable, dijo que: “El alegato de que la acusada fue víctima de la trata de personas no es creíble, por lo que no puede esperarse que las autoridades investiguen un mero testimonio inverosímil”. Karla apeló su caso y perdió. Al haberse declarado inocente, no pudo acceder a la reducción de sentencia y tendrá que cumplir la condena de veinticinco años en su totalidad.

En Hong Kong no existe una ley que penalice la trata de personas. El Gobierno sostiene que hay una baja incidencia de ese delito y que existen medidas legislativas y administrativas para combatirlo. Las oenegés y los funcionarios de policía, inmigración y aduanas son quienes señalan a posibles víctimas de trata para una identificación completa. De los más de 6 900 casos señalados que se examinaron en 2021, la justicia solo reconoció tres víctimas de trata. El caso de Karla, como muchos otros, fue sometido a la implacable lógica circular de la maquinaria legal: las autoridades no disponen de medidas de identificación de víctimas ni de penalización de los delitos de trata de personas, por lo que no se registran víctimas ni victimarios. Sin registro, la incidencia permanece siempre baja. No se necesitan medidas para combatir algo que no existe.

Desde su arresto, Karla se encuentra en Tai Lam Centre for Women, la prisión de máxima seguridad para mujeres, donde su segundo hijo nació en 2016. Karla se despidió de él en 2019, pues las autoridades dictan que un hijo puede vivir con su madre en prisión hasta los tres años. El chico se embarcó en un viaje a Latinoamérica, donde una familia que no conoce lo espera. Al momento de la liberación de su madre, él será mayor de edad.

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En Hong Kong no existe una ley específica para castigar crímenes de drogas, las sentencias que han dictado los tribunales superiores sirven de directrices para los tribunales inferiores. La Corte hongkonesa considera que la cocaína y la heroína son las más peligrosas, por lo que las sentencias son más duras. Los tribunales toman en cuenta igualmente el “elemento internacional”: si se acarrean drogas a través de una frontera desde o hacia Hong Kong se agregan uno o dos años a la sentencia.

Salvo raras excepciones, los tribunales no consideran atenuantes como coacción, violencia o pobreza. Los únicos factores que reducen sustancialmente la sentencia son la declaración de culpabilidad (descuenta un tercio) y la asistencia a la policía en el arresto de otros delincuentes. Más adelante se puede considerar otra reducción de pena por buena conducta. Kevin Kwok, profesor de Derecho de la Chinese University of Hong Kong, dice en su tesis doctoral: “Las declaraciones de culpabilidad pueden ser un mecanismo eficaz para garantizar que el sistema penal funcione al evitar largos juicios”, pero señala igualmente las opiniones de otros académicos: “El descuento [al declararse culpable] no tiene en cuenta el grado de criminalidad del individuo y parece estar castigando a aquellos que ejercen su derecho a un juicio”.

El padre John suele acompañar a los presos en sus audiencias y explica: “Si se declaran culpables, esperan aproximadamente un año para recibir sentencia. Con el aumento de los juicios políticos [desde 2020] y la llegada del covid-19, este período se ha alargado. Si se declaran inocentes, pasan dos o más años en espera de juicio. Durante ese tiempo están en un limbo”.

SOFÍA: PARAGUAY - HONG KONG 2015

Cuando Sofía se separó por primera vez de su hija de apenas unos meses de edad, le dijo a su madre que pronto volvería, solo necesitaba que cuidara a sus hijos un par de días para hacer un viaje rápido a Brasil y saldar una deuda. Pasarían muchos años antes de que volviera a ver a su familia.

A principios de 2015, Sofía tenía veintitrés años, era madre de tres hijos pequeños y vivía con sus padres en Paraguay. En febrero de ese año, una conocida le preguntó si quería trabajar y le propuso presentarle a su amiga Perla, que estaba buscando a una empleada para que limpiara su casa y cuidara a su hijo. Sofía aceptó y comenzó a trabajar en casa de Perla. En abril, su hija se enfermó, y su padre, con ceguera, necesitaba cuidados. Perla le ofreció un préstamo de 250 dólares, que iría descontando poco a poco hasta saldar la deuda. Pero después de haber recibido su salario intacto durante tres meses, Perla le propuso otra forma de pago: un viaje a Brasil para entregar una encomienda a un amigo. Sofía quiso saber qué clase de encomienda, pero Perla le dijo: “Por tu bien, no hagas preguntas”.

Perla tramitó el pasaporte de Sofía, aún embarazada. En septiembre de 2015 viajó a Recife, una ciudad al noreste de Brasil, donde le darían una maleta que debía llevar a São Paulo. En Recife la recibió un nigeriano que la llevó a un hotel, le entregó una maleta y un número telefónico al que debía comunicarse en caso de cualquier problema. El día 23, mientras esperaba en la fila para registrarse en el vuelo rumbo a São Paulo, una pareja de argentinos le preguntó qué iba a hacer a Hong Kong. Entonces, Sofía comprendió que el destino era otro. De modo que abandonó la fila, dejó el aeropuerto y regresó al hotel con la maleta para llamar al número que le habían dado. Argumentó que ese no era el trato y le dijeron que era estúpida, que tenía que pagar sus deudas, y amenazaron con hacerle daño a sus hijos. Cinco días más tarde, Sofía partió rumbo a Hong Kong, donde la detuvieron en cuanto llegó. Los agentes vaciaron su equipaje y encontraron 2.844 kilogramos de cocaína en el fondo falso de la maleta. En abril de 2016, tras haber pasado siete meses en prisión preventiva, escribió una carta al padre John: “Ahora estoy presa esperando que suceda lo que me habían dicho ellos: que sería repatriada de aquí en seis meses. Solo Dios sabe cuándo saldré de aquí. Pronto iré a la Corte, por favor, padre John, ayúdeme”.

Su audiencia se llevó a cabo en septiembre de 2017, dos años después de haber llegado a Hong Kong. El juez Wong anunció que para la cantidad de droga incautada preveía una sentencia inicial de veintiséis años y seis meses. Como se declaró culpable, su sentencia se redujo a diecisiete años y ocho meses. Para agradecer los esfuerzos de la acusada por haber cooperado con las autoridades, el juez informó que descontarían ocho meses adicionales: su sentencia final fue de diecisiete años. El hijo de Sofía nació en 2016, mientras su madre esperaba sentencia, y en 2019 fue enviado a Paraguay con su familia.

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En un estudio de 2017, John Reading, exdirector del Ministerio Público de Hong Kong, examina las penas impuestas en el territorio a 2 387 delincuentes condenados por delitos de tráfico de drogas durante un período de seis años y concluye que las sentencias impuestas a acusados latinoamericanos fueron 64% más largas que las de los acusados locales. Para entender esta diferencia, hay que tomar en cuenta que la droga que llega de Latinoamérica es generalmente la cocaína (considerada peligrosa). Esto, aunado al elemento internacional, que agrava la situación, es el motivo de la diferencia entre las condenas promedio de los locales (nueve años) y de los latinoamericanos (quince años). En la audiencia de 2008, durante la que se oficializó el agravamiento de las sanciones debido al “elemento internacional”, la Corte señaló: “Los traficantes que importan drogas a Hong Kong deben entender que no recibirán ninguna consideración debido a su condición de extranjeros o a su encarcelamiento lejos de su hogar. El tráfico de drogas es un delito grave que exige sentencias disuasorias. Por esta razón, las directrices de imposición de penas deben seguirse lo más fielmente posible, los factores agravantes o atenuantes no deben tener un peso significativo en el proceso de imposición de la pena”.

Sobre el efecto disuasorio de las penas, Andrew Ashworth, profesor de Derecho, dice en su libro Sentencing and criminal justice: “Las sentencias ejemplares, al acumular una porción inmerecida del castigo sobre un delincuente con la esperanza de disuadir a otros, son objetables en el sentido de que penalizan a un individuo para lograr un objetivo social”.

ADIRA: BOLIVIA - HONG KONG 2016

Un cepillo, una pasta de dientes, un jabón, toallas higiénicas, un uniforme, un vaso y una cajita, todo lleva el mismo número, el número que desde ahora van a tener todas sus pertenencias. Eso es lo que le dieron a Adira cuando ingresó en prisión, adonde la condujeron directamente del aeropuerto. Al despegar de Bolivia solo traía una bolsa y dos botellas. En un compartimiento falso del bolso llevaba parte de la cocaína. El resto iba en el interior del vidrio de las botellas de whisky.

Creció en un pueblo de Bolivia con su madre y sus medios hermanos, antes de mudarse con su padre a Santa Cruz. Cuando su padre se enteró de que Adira era homosexual, le dijo que era un castigo divino por haber criticado “esas cosas” y prometió ayudarla a condición de que cambiara su apariencia varonil. Ella se fue de casa, sin dinero ni perspectivas. Un día a Adira le prometieron tres mil dólares por llevar la droga, asegurándole que todo estaba arreglado con la policía. Cuando aterrizó en Hong Kong, en enero de 2016, tenía veintiséis años.

—Cuando llegué al aeropuerto de Hong Kong, la policía estaba afuera del avión. No me puse nerviosa, pensé que era un chequeo de rutina. Me empezaron a hacer preguntas. Me llevaron a una sala donde había otras personas detenidas, que me dijeron que me iban a denegar la entrada y a deportarme —dice desde Bolivia.

Pero cuando la policía llegó para revisarla, entendió que no habría ninguna deportación. La cocaína en la bolsa fue detectada inmediatamente a través del escáner.

—Después de tres horas de investigar, rompieron la botella, me imagino que me delataron. Dicen que lo usan a uno de carnaza. Me dijeron que estaba bajo arresto y en ese momento me dije: “Mi vida se acabó aquí”. Nunca más fui la misma.

Un comunicado de prensa informó que se habían incautado unos 2.4 kilogramos de cocaína a una pasajera de Bolivia. Se esperaba una condena de veintitrés años y tres meses. Pero cuando se realizó su audiencia, Adira descubrió que tras lavar la droga solo habían quedado 147 gramos de cocaína. Así, su sentencia se redujo a siete años porque, además, se declaró culpable. Luego tuvo una segunda reducción por buena conducta, de modo que pasó cinco años en Lo Wu, la prisión más remota de Hong Kong, en la frontera con China.

—Cuando llegas no puedes hacer una sola llamada porque tienes que pagar, y no puedes comprarte nada porque aún no trabajas. Como extranjera se sufre porque no tienes a nadie que te compre ni te lleve cosas.

Con el tiempo se adaptó a esa variedad de idiomas entre los que el cantonés impera; se familiarizó con su cama de metal, su radio diminuto que solo sintonizaba una estación en inglés; se aclimató a la asfixiante humedad del verano que calaba los huesos en invierno. Su rutina de autómata era esta: la luz se encendía a las seis de la mañana, seguían la ducha fría, el estruendo de la alarma, luego había que hacer la cama, uniformarse, limpiar la celda, comer una comida insulsa y enfrentar una jornada laboral silenciosa. Adira enfocó toda su energía en el trabajo obligatorio y maquinal en un taller de costura, donde ganaba un salario de veinticinco dólares mensuales. El reglamento de las prisiones impone seis días laborables por semana, de no más de diez horas al día.

Tras cumplir su sentencia, en 2021, pasó cuatro meses en un centro de deportación, esperando regresar a Bolivia. Ahora trabaja en un restaurante, pero le gustaría ganar dinero suficiente para poder estudiar.

—Me interesa el arte y extraño la pintura, pero acá eso no tiene mucha entrada. Aún tengo el sueño de estudiar algo, tal vez idiomas, creo que no estoy tan mayor para darme por vencida.

LUCÍA: PERÚ- HONG KONG 2016

Antes de su llegada a Hong Kong, Lucía vivía en la sierra de Perú, en la provincia de Huancayo, con su madre viuda, de 64 años, además de tres hermanos y una hermana que había sufrido quemaduras en un incendio. Su madre trabajaba en la granja y Lucía la apoyaba económicamente, trabajando en una tienda de artículos escolares durante el día, y asistía a la universidad en la noche. Tres meses antes de su arresto, había dejado de ir a clases porque ya no las podía pagar. En 2015, un amigo le contó que su novia había recibido una oferta de trabajo para viajar a Hong Kong con todos los gastos pagados y le preguntó si estaría interesada en hacer lo mismo. Lucía dijo que sí y, meses más tarde, la novia de su amigo le explicó que tenía que tragar unas bolsitas antes de partir. Lucía aceptó. Le pidieron su DNI, le depositaron el dinero para que viajara a Lima y tramitara su pasaporte. Cuando se arrepintió e intentó desistir, le dijeron que le cobrarían el dinero invertido con intereses. Lucía viajó a Lima, fue a la dirección que le habían indicado, donde una mujer le quitó el celular y le ordenó tragar las cápsulas, recordándole que, si no lo hacía, algo malo podía pasarle a su familia. En cada intento, Lucía vomitó, pero finalmente logró tragar 51 cápsulas antes de tomar el vuelo rumbo a Hong Kong.

En febrero de 2016, con veintiséis años, llegó a Hong Kong, partiendo de Perú y pasando por Ámsterdam. La policía la detuvo. La llevaron al hospital, donde recuperaron las cápsulas, que contenían 466 gramos de cocaína. Durante su audiencia, a inicios de 2017, la jueza Barnes recibió las cartas que Lucía escribió para la campaña del padre John. La jueza señaló que, a pesar de los esfuerzos de la campaña, las estadísticas proporcionadas por la fiscalía mostraban que el número de traficantes peruanos había aumentado en 2016. Lucía se declaró culpable y su sentencia original de dieciséis años y seis meses se redujo a once años. La jueza Barnes descontó otros seis meses por haber contribuido a desalentar a otros al tráfico de drogas; finalmente pasará diez años y seis meses en prisión.

Entre 2016 y 2019, Lucía le escribió cartas al padre John, describiendo su vida en la cárcel: “La prisión es muy triste, aún más complicada para los extranjeros, porque no tenemos familia aquí, no hablamos el idioma, tenemos costumbres diferentes, la comida es completamente diferente […]. En invierno la ropa es limitada y el frío es de unos 5 °C o menos. El sueldo solo alcanza para reembolsar las meriendas, las visitas son dos al mes, tras una ventana, sin poder tocarnos. […] Mi mamá tiene la esperanza de que regrese, no entiende mucho de todo esto, pero sabe que no es nada bueno, solo me dice: ‘¿Dónde estás, hija?, ¿dónde es Hong Kong?, ¿por qué tardas tanto?’. Tal vez el que lea esto no podrá entender, esto es una tortura para mí, no hay otra palabra que pueda usar. En 2018 llegaron cuatro peruanas con más de un kilo, su sentencia será de veinticinco a treinta años de prisión, esto en China sería pena de muerte, y por gramos, pena de por vida. Lo único que deseo es que no haya más víctimas y no vengan más peruanas y ninguna latina”.

LAURA: BRASIL - HONG KONG 2018

Laura estaba en su séptimo mes de embarazo cuando llegó arrestada por tráfico de drogas. En el frío de diciembre tuvo que someterse a múltiples registros corporales, mientras las guardias vociferaban en un idioma que no entendía.

A mediados de 2018, con veintidós años y desempleada, se enteró de que estaba embarazada de su primer hijo. El padre del niño le dijo que no se haría cargo de él. La madre de Laura, enferma, necesitaba cuidados y hospitalización constante. Una amiga le propuso viajar a São Paulo para un trabajo. Al llegar allá le explicarían lo que tenía que hacer. Una semana antes de Navidad, Laura partió de Ananindeua, al norte de Brasil, y llegó a un hotel en el centro de São Paulo, donde su amiga le explicó que el trabajo consistía en ir a Hong Kong. El 24 de diciembre, su amiga llegó al hotel acompañada por un nigeriano, que le dio un sostén donde estaba escondida la droga. Mientras Laura se lo ponía, su amiga trató de calmarla asegurándole que muchas habían hecho lo mismo y que todo había salido bien. Su vuelo partió de Brasil, pasó por Etiopía y Tailandia antes de llegar a Hong Kong. Al llegar a la aduana, dos hombres la interceptaron, a llevaron a una habitación donde dos agentes mujeres le pidieron que se desvistiera revelando 634 gramos de cocaína.

En una carta redactada en 2019, Laura escribe: “Llegué a la prisión en estado de shock, sin poder dormir ni comer, solo pensar en mi familia. Pude contactar a mi madre después de un mes, fue una llamada telefónica en la que todo lo que oí fue a mi madre llorando. Traté de mantener la calma, por mi bebé, pero no tenía fuerzas. La gente me pregunta: ‘¿Por qué lo hiciste?’. Queridos, cuando vienen de una familia pobre y se encuentran en una situación como la mía, con una madre que sufre una enfermedad crónica, un bebé en camino no reconocido por su padre que no ofreció ningún apoyo... Estaba desesperada. Soy la primera brasileña que da a luz a un bebé mientras está en detención en Hong Kong. Este es un lugar triste y opresivo, las lágrimas ruedan por mi cara cuando pienso que mi hijo tendrá que partir. Hoy soy madre y entiendo lo que mi madre debe estar sufriendo lejos de mí. La soledad nos mata lentamente”.

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Con el covid-19 a Hong Kong en 2020, los tribunales suspendieron las audiencias durante tres meses. Desde el principio de la pandemia, Hong Kong ha cerrado sus fronteras y se ha aislado del resto del mundo. Las estrictas restricciones de viaje han obligado a grupos del crimen organizado a encontrar alternativas al uso de mulas provenientes del extranjero. La droga llega ahora por envíos aéreos y marítimos. Como se necesita a alguien que recoja los paquetes, se recluta o se convence mediante engaño a inmigrantes de Filipinas o Indonesia que trabajan localmente como empleadas domésticas y son quienes los reciben. El problema no desaparece, sino que se desplaza de un grupo de mujeres vulnerables a otro.

El covid-19 ha impactado igualmente la vida de los prisioneros, especialmente los extranjeros, pues el aislamiento que sufren de manera cotidiana se vio exacerbado cuando se les denegó el derecho a recibir visitas durante varios meses.

Durante el período de suspensión de las audiencias, aproximadamente 25% de los casos anuales de los tribunales se vieron afectados, entre ellos el de Laura. Durante su audiencia, que se llevó a cabo en julio de 2021, la jueza Campbell-Moffat se dirigió a ella al sentenciarla: “No puedo tratarla de manera totalmente diferente. Si este tribunal es excesivamente indulgente, los narcotraficantes usarán a mujeres embarazadas y endeudadas como mulas. Sin embargo, los tribunales de Hong Kong no son insensibles. Tiene que haber una paridad de sentencia, y aceptar, al mismo tiempo, que la sentencia individual sigue siendo apropiada y sus circunstancias permiten un cierto grado de discreción. Hay elementos que la distinguen: no es muy joven, pero ciertamente es ingenua y no contaba con el apoyo del padre de su hijo. No tenía idea del daño que estaba haciendo ni el riesgo que tomaba. Claramente es alguien decente que ha hecho todo lo posible por ayudar, pese a los riesgos, salvando posiblemente a otras personas de un destino similar. Su hijo nació en 2019 y se le permitirá permanecer con usted otros ocho meses. Él también tiene derechos ante los tribunales de Hong Kong, y he considerado su posición al llegar a la sentencia. Por estas razones, voy a reducir la sentencia de veintiún años a once años y descontaré otros seis meses por haber contribuido a la campaña del padre Wotherspoon. Tendrá que ir a prisión por diez años y seis meses. Espero sinceramente que pueda reunirse con su hijo lo antes posible y que las autoridades de Hong Kong y Brasil le ayuden a hacerlo”.

Como el resto de las madres que dan a luz en detención, Laura tuvo que separarse de su hijo después de tres años de vivir juntos en prisión, a principios de 2022. En julio del mismo año, la fiscalía apeló el caso de Laura, argumentando que el fallo era demasiado indulgente y agregó dos años más a su sentencia. Tendrá que ir a prisión por doce años y seis meses.”

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Las mujeres latinoamericanas en las cárceles de Hong Kong partieron de sus países acarreando droga con la promesa de un pago que nunca llegó, o bajo presión, engaño o amenaza, sin conocer las penas a las que se exponían. Muchas dejaron atrás a sus hijos o dieron a luz en prisión a un hijo que no verán por mucho tiempo. Viven en aislamiento, con pocas posibilidades de comunicarse con sus familias.

Un estudio publicado por la oenegé Penal Reform International indica que, entre 2000 y 2017, la población penitenciaria femenina mundial aumentó más de 50% (de 466 000 a 714 000 mujeres presas), mientras que la población penitenciaria masculina aumentó 20%. A partir de las investigaciones realizadas en diferentes jurisdicciones, se concluyó que el número de mujeres en prisión ha aumentado drásticamente debido a las severas políticas antinarcóticos y que este encarcelamiento está estrechamente relacionado con la pobreza. Los tribunales de Hong Kong, como muchos otros, se consideran neutrales con respecto al género, partiendo de la premisa de que hombres y mujeres deben recibir un trato igual.

En 2022 se cumplirán doce años de la aprobación por parte de la ONU de las Reglas de Bangkok, que buscan mejorar las condiciones de las mujeres presas, partiendo de la premisa de que hombres y mujeres no deben recibir un trato igual, sino que se les debe asegurar un trato bajo leyes y políticas sensibles a su género. Estas reglas se establecieron teniendo en cuenta que buena parte de las mujeres en prisión son delincuentes por primera vez y madres solteras procedentes de hogares pobres, con historias marcadas por distintas formas de violencia.

Los nombres de las mujeres que aparecen en esta nota fueron modificados para resguardar su anonimato.

Este texto fue posible gracias al apoyo de la Fundación Ford.