Olga Sánchez Cordero recibió en su oficina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a todo el que tenía algo que decir: feministas, católicos fundamentalistas, grupos conservadores, liberales, moderados, radicales. Escuchó a todos: unos apelaron a su condición de mujer, otros, a su formación católica. Con la ley en la mano, la mujer con el más alto cargo al que puede aspirar un jurista tomó una decisión que ella llama “humana”: las nuevas causas de interrupción legal del embarazo estaban apegadas a la Constitución.

“Fue un reto maravilloso, lo vi desde el punto de vista constitucional y humano. Si te quedas en el ámbito jurídico, pierdes de vista cuestiones estrictamente humanas —dice—. Lo menos que puedo hacer es escuchar a todos los grupos, pero mi convicción es mi convicción.”

Era el año 2002 y la Ley Robles, que ampliaba las causas para el aborto legal en el Distrito Federal, en casos de malformación del producto, grave daño a la salud de la mujer e inseminación artificial no consentida, había sido impugnada ante la Suprema Corte. Sánchez Cordero, en ese momento una ministra novel, era la responsable de presentar el proyecto de sentencia a sus compañeros. Las discusiones habían sido largas y los argumentos de algunos ministros iban al extremo más conservador.

Ella recuerda que hubo momentos teatrales y que llegó a sentirse hostigada, pero su posición estaba decidida.

“Imaginémonos a una mujer que tiene la ilusión detener un hijo y llega a un ultrasonido de cuarta dimensión, y con un grado de precisión le dicen que el producto de la concepción tiene malformaciones congénitas. Es un golpe durísimo.

Desde el punto de vista humano es un golpe que te rompe y desgarra moralmente. Y te dicen que tienes que tomar la decisión entre continuar con el embarazo y simplemente interrumpirlo. Es el segundo shock. Si yo continúo con mi embarazo, sé que el resto de mi vida tendría que ver por ese hijo, y cuidarlo, y alimentarlo, y educarlo y capacitarlo dentro de sus limitaciones. Ambas son penas de toda la vida y son penas en el alma de una mujer. Si lo interrumpo, imagínate lo emocional cuando tomas la decisión, [además] tienes que sujetarte a un proceso penal y te pueden privar de tu libertad. ¿No es demasiado para una mujer?”

Sánchez Cordero creció en una familia conservadora y se educó en una escuela confesional, pero al llegar a la universidad su visión del mundo tuvo un parteaguas. Salió de la burbuja en la que había vivido, conoció a gente con otras religiones, con otras ideologías, de todos los estratos sociales. “Empiezo a entender por qué el respeto al otro, por qué el respeto absoluto a los indígenas, por qué el respeto a los de preferencias sexuales distintas.” En cambio, en casa “no se hablaba de esto, ni de la homosexualidad, ni de los derechos sexuales. Era un tema vetado hablar de otras religiones y [era impensable] aceptar otras creencias”.

En su segundo año de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, sobrevino el movimiento estudiantil de 1968, que la concientizó acerca de la necesidad de un cambio. “[Con el 68] nos concientizamos de la necesidad de libertades; [fue] un movimiento en el que nos solidarizamos con la gente más humilde del país —dice—. Carecíamos de libertades. Era en ese momento un asunto de libertades y después se transformó en un asunto de derechos.”

Y como quienes tenían menos posibilidades de gozar de esas libertades eran las mujeres, serían ellas —incluida Sánchez Cordero— quienes más ganaban con la lucha. “Esto obviamente era un despertar de la juventud, pero ¿quién iba a resentir más ese cambio y esa percepción? Las mujeres. Porque la sociedad era más permisiva con los hombres, para escribir, para pensar, para salir, para decidir. A las mujeres nos impacta más, sin duda. Además, ¿cuál fue el detonante, en estas libertades? La autodeterminación de la sexualidad, que no se conocía. ”

Y aunque aquella revuelta social —y su revolución interior—la cambió para siempre, afuera las cosas no cambiaban mucho. En los años ochenta, cuando obtuvo la patente de notario público del Distrito Federal —la primera mujer en conseguirla—se dio cuenta de que en el Colegio de Notarios no había baños para mujeres. “Uno de los integrantes [del Colegio], que ya falleció, me dijo: ‘¿Qué?, ¿de este momento en adelante vamos a tener un cuarto de costura en el Colegio de Notarios?’ La pregunta era demoledora. Le dije: ‘Ojalá yo hubiera tenido las habilidades para saber coser y bordar, porque es algo maravilloso’.”

Recién nombrada notaria, el temblor de 1985 sacudió a la ciudad de México. Entonces se dio cuenta de la vulnerabilidad jurídica de las mujeres y se dedicó a procurar que obtuvieran seguridad sobre sus casas, las nuevas, que el gobierno les daba, o las viejas, agrietadas por el sismo; que las madres hicieran testamentos, para que sus hijos estuvieran protegidos. Se comprometió con los más débiles, casi siempre las mujeres.

Después de una década como notaria, ingresó al Poder Judicial como magistrada, y unos años después su nombre figuraba en la lista que el presidente Ernesto Zedillo envió al Congreso para integrar la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sánchez Cordero llegó con una consigna para sí misma: “Me digo: ‘Estoy para defender derechos fundamentales’, y me importaban los grupos vulnerables, los niños, las mujeres, los adultos mayores, los indígenas, los marginados por preferencias sexuales”.

Con esa vocación, estudió la Ley Robles (que los ministros llaman el caso “aborto uno”). Su proyecto de sentencia recibió el apoyo de siete ministros, y así la ley se declaró constitucional. Las mujeres del Distrito Federal ampliaban sus libertades.

Y conforme la ciudad decretaba nuevas libertades, la Suprema Corte recibía impugnaciones, y tenía la última palabra. En 2007 llegó la acción de inconstitucionalidad contra la ley que despenalizó en el Distrito Federal la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación, el caso “aborto dos”.

El ministro Salvador Aguirre, el más conservador de todos, era el encargado de estudiar el caso y presentar el proyecto de sentencia que se discutiría en el Pleno de la Corte. Sánchez Cordero tenía que definir su voto, y defenderlo.

La ministra no tenía certezas. No podía —ni puede aún— decir cuándo empieza la vida. Esa incertidumbre le daba una certeza: no se puede castigar a una mujer por interrumpir un embarazo. “Toda norma tiene que tener un principio de certeza, para saber en qué momento hay una conducta ilícita o lícita —dice tajantemente, y en ese momento habla como jurista—. Nadie sabe en qué momento hay vida, los médicos no se han puesto de acuerdo si tienen que transcurrir horas o días. Esa norma crea un estado de inseguridad, porque no sabes cuándo entras en una conducta lícita o en una ilícita.”

Sánchez Cordero tiene sus ejemplos estudiados. Explica que si no sabemos en qué momento empieza la vida, una mujer con el diu podría estar cometiendo un delito, según el día en que tenga relaciones sexuales. Lo mismo con la fertilización in vitro, en la que un médico podría ser considerado un multihomicida cuando descarta los óvulos fertilizados que decide no implantar.

Impedir que las mujeres puedan interrumpir un embarazo es discriminarlas, porque el hombre no comete ningún delito en caso de aborto. Es cerrar los ojos ante la realidad porque todos los días se realizan abortos clandestinos y porque son las mujeres pobres las que tienen menos posibilidades de interrumpir un embarazo sin arriesgar su salud. “Quien va a practicarse un aborto se lo va a hacer, tenga o no tenga dinero. Tú no sabes qué piensa esa mujer, si es por pobreza, por honor o por cualquier circunstancia. Lo que sí sé es que ese evento la va a marcar por el resto de su vida, y a la única que marca es a la mujer, no a quien la embarazó.”

Interrumpir un embarazo “es una cuestión personalísima de una mujer”. Cuando una mujer ya tomó una decisión, la ley sólo le da la posibilidad de que no ponga en riesgo su vida, de que no se desangre, de que no sea privada de la libertad, dice.

Sánchez Cordero estuvo otra vez del lado de la mayoría: la ley que despenaliza la interrupción del embarazo en la ciudad de México fue declarada constitucional en agosto de 2008.

Las decisiones progresistas de la Corte tuvieron consecuencias en lugares menos liberales que la ciudad de México. Los estados con gobiernos conservadores reaccionaron poniendo candados en sus constituciones para evitar que sucediera lo mismo que en la capital. Con la intención de impedir que pudiera legalizarse la interrupción del embarazo sus reformas legales protegían la vida desde el momento de la concepción.

Durante esos años, la Suprema Corte había tenido algunos cambios de ministros. Llegaron algunos más conservadores que los que se habían ido, y ésa fue la Corte que recibió, discutió y votó el caso “aborto tres”: las acciones de inconstitucionalidad contra las reformas a las constituciones locales de Baja California y San Luis Potosí, que le dan al embrión los derechos de una persona. Aunque fueron mayoría, los ministros que consideraban inconstitucionales las reformas no lograron el número de votos que requerían para dejarlas sin efecto. El balance en la lucha por los derechos reproductivos se volvía ambivalente.

En las audiencias, los grupos conservadores le aseguraban a la ministra que las mujeres que se practicaran abortos en esos estados no irían a la cárcel, sino que recibirían terapia psicológica, pero eso no era suficiente, porque las mujeres serían sometidas a un proceso penal como delincuentes. “Es una falacia que no van a ir a la cárcel. Las mujeres ya están condenadas como delincuentes a pesar de que no se les prive de su libertad”, dice casi molesta.

A lo largo de su encargo como ministra, Sánchez Cordero ha ido tejiendo las puntadas para cobijar a las mujeres. Una tesis que la enorgullece es la que admite la posibilidad de violación entre cónyuges. Con esto acababa el sentido patrimonialista del hombre sobre la mujer, la idea de que la mujer es propiedad de su marido y que cuando se casa pierde la autodeterminación sobre su sexualidad. Para los años que le quedaban en la Corte, Sánchez Cordero tenía planes: que los magistrados y jueces de menor jerarquía fueran capaces de decidir con perspectiva de género —que entendieran que eso no es ser parcial, sino justo— y que en el Poder Judicial se acabaran los acosos y la discriminación a las mujeres.

Quizá, dice Sánchez Cordero, su postura de ministra feminista, se debió a esa revolución, a la crisis existencial que vivió en los años sesenta y que la cambió para siempre, “porque nosotros decidimos conforme a la Constitución, [pero también] conforme a nuestras convicciones personales”. Y si eso implica que la llamen feminista o ultraliberal, la tiene sin cuidado. “Yo soy del ala ultraliberal de la Corte, porque si eso significa defender los derechos como ultra, yo los defenderé.”

*Texto publicado originalmente en el libro 20 años por todas las mujeres (2012) de Travesías Media.

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