Cali es la ciudad más importante del suroccidente colombiano y la tercera más poblada del país, hoy emblema del Paro Nacional que suma 15 días consecutivos de movilizaciones.

Es la tarde del 9 de mayo de 2021, se cuentan al menos 12 integrantes de la Guardia Indígena –una organización ancestral conformada por mujeres y hombres que defienden la vida, el territorio y la cultura– heridos con armas de fuego. Daniela Soto, de 23 años, lideresa del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), y estudiante de Filosofía, permanece en una clínica tras recibir dos impactos de bala en el abdomen. Ocurrió hacia las 14:30 horas en el sur de la ciudad, sobre la avenida que conduce al municipio de Jamundí, cuando un bus escalera en el que se desplazaban algunos de los indígenas que llegaron a Cali, provenientes del departamento vecino del Cauca, para apoyar el paro, fue interceptado por camionetas blancas con hombres armados.

Según un comunicado del CRIC y como evidencian testigos y videos, el grupo acudió al lugar tras el llamado de uno de sus integrantes, cuyo vehículo también había sido obstaculizado por estas camionetas blancas, y allí “fueron atacados con armas de fuego por hombres de civil resguardados por la Policía Nacional”.

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El 28 de abril miles de colombianos salieron a las calles para protestar contra un proyecto de ley presentado por el gobierno nacional que buscaba la reforma del régimen tributario con medidas como el IVA a productos de la canasta familiar y el aumento de cargas impositivas. Desde entonces, con el derribo de la estatua de Sebastián de Belalcázar –el español que fundó Cali– por parte de indígenas del pueblo misak, la capital del departamento del Valle del Cauca y del pacífico colombiano se convirtió en el epicentro de las manifestaciones de ese y los días posteriores. Cali, desde los años setenta, ha recibido a miles de personas de la región, muchas desplazadas por la violencia –azotada por el narcotráfico en los ochenta y noventa–, convirtiéndose en esta ciudad con dos millones y medio de habitantes, de gran tradición musical y literaria influida por su población afrodescendiente y rodeada de plantaciones de caña de azúcar.

—Fue una movilización marcada por la alegría de los jóvenes, por el entusiasmo de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, por los transportadores que exigían el retiro de la reforma tributaria y muchas otras cosas en las que el gobierno está fallando, especialmente en derechos humanos, la implementación del Acuerdo de Paz y temas de salud— dice Leonardo González, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), sobre las jornadas del 28, 29 y 30 de abril.

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El rugir de cacerolas, bombos y bocinas, banderas de Colombia, pancartas, luces titilantes de celulares, cantos y baile sellaron la protesta del 1º de mayo cuando el resto del país, que también marchaba, se familiarizó con los lugares en los que la multitud caleña se reunía: Puerto Resistencia, Calipso, Paso del Comercio, Sameco, Siloé.

Una joven que por seguridad omite su nombre, integrante de la Comuna 20, una localidad al occidente de Cali conformada por ocho barrios, entre esos Siloé, recuerda que los vecinos pintaron murales, armaron ollas comunitarias, hicieron rap. Repite, insiste: pacíficamente. Marchaban –marchan– contra la reforma a la salud y la reforma laboral, proyectos de ley en el Congreso y contra el abandono de los barrios populares. Piden educación de calidad, que los gobiernos nacional y local se fijen en los deslizamientos de tierra y derrumbes de viviendas en varios sectores de la comuna provocados por un inusual periodo de lluvias en marzo, en que la gente ha pasado hambre durante la pandemia.

—Acá hay muchas personas con talento y ganas de salir adelante, jóvenes que no han tenido oportunidades. No es como lo describen: que hay guerra, que roban, que es uno de los sitios más terroríficos de Cali. No es así, la mayoría trabaja en comunidad.

En medio de la protesta, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, arremetió.

—La fuerza pública no llegó a decir que paráramos la manifestación, sino que atacó directamente, tiró gases lacrimógenos a las ventanas de las casas —dice la integrante de la Comuna 20.

Vivian González es defensora de derechos humanos en la Corporación Colectivo de Abogados Suyana. Ahora su rutina arranca a las siete horas y termina a las tres del día siguiente. Durante el paro las organizaciones sociales de Cali han hecho un trabajo coordinado para recibir las denuncias a través de WhatsApp y redes sociales, verificar los casos y brindar apoyo. Son muy pocas personas, en ocasiones no tienen dinero suficiente para transportarse por la ciudad, han quedado expuestos a los ataques de la fuerza pública sin más armadura que un chaleco.

—Es una labor ingrata a veces —dice Vivian—. Por un lado, la fuerza pública no respeta el ejercicio de defensa y promoción de los derechos humanos y, por otro, en algunos momentos la comunidad espera que nos pongamos en medio, como lo hemos hecho, pero en últimas los chalecos no nos hacen inmunes a las balas.

Sobre el 1º de mayo agrega:

—Eran ríos de gente, había una alegría popular. Pero a las siete, ocho de la noche comenzaron los videos en vivo por redes sociales, grabaciones, imágenes donde estaban dándole bala a la gente. No entendíamos cómo se pasó de la tranquilidad a la arremetida armada del Esmad al menos en siete puntos. Eso se repitió al día siguiente y vimos que era un tipo de dinámica: de día una cosa y de noche otra.

Esa noche, desde Bogotá, el presidente Iván Duque ordenó la asistencia militar, una figura en la que se autoriza al Ejército para apoyar a la policía en caso de emergencia. El alcalde Jorge Iván Ospina solicitó que tomara esa medida para Cali.

—La respuesta del gobierno fue violenta —dice Leonardo González—. Primero de la mano de la policía y luego con la asistencia militar en la que se autoriza a los militares a disparar si se sienten agredidos. Es una licencia para matar porque los soldados están acostumbrados al conflicto armado.

Según un informe de Indepaz y Temblores ONG entre el 28 de abril y el 8 de mayo, 47 personas fueron asesinadas en Colombia, 39 por la fuerza pública y 35 en Cali. ¿Por qué? La respuesta tiene raíces profundas. “Estamos ante un acumulado histórico de luchas, resistencias y aguantes colectivos que parecen haber encontrado, por fin, una ocasión para aflorar al unísono”, anota el escritor colombiano Juan Cárdenas en su texto “El pueblo unido de Cali es el terror de los poderosos”, publicado por la revista Jacobin el 6 de mayo.

—Cali ha tenido conflictividades de injusticias, de ausencia del Estado, de inequidad social, pero además una violencia que se ha presentado por años y eso hace que la protesta no nos sorprenda porque el descontento social, la discriminación histórica y la pobreza han sido muy altos—dice Leonardo González.

Aunque el 2 de mayo el presidente Duque anunció el retiro del proyecto de reforma tributaria y, un día después, renunció su ponente, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, el descontento y la rabia continuaron.

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Para el 3 de mayo había cerca de 20 puntos de concentración en la ciudad, también llamados puntos de resistencia y bloqueo, donde se congregan los manifestantes. Ana Erazo, concejala de Cali por el Polo Democrático Alternativo, dice en entrevista con Gatopardo que al comienzo del paro se realizaron bloqueos en las entradas norte y sur de la ciudad, sitios estratégicos para el paso de mercancías.

—Sin embargo, lo que vimos en los días siguientes es que hay puntos en los barrios donde no se tapona la economía, sobre todo en el oriente, en Puerto Resistencia, que es el más grande, pero no el único. La gente bloquea su calle —dice.

El 3 de mayo uno de esos puntos, en el que la integrante de la Comuna 20 participó, fue en la glorieta de Siloé. Así lo recuerda:

—Hubo un plantón pacífico, había personas haciendo aguapanela para repartir con pan, mucha gente, y de un momento a otro llegaron las tanquetas del Esmad a tirar gases lacrimógenos. La gente retrocedió, pero abrieron fuego. Ya no eran gases, sino disparos de fusil. En un colegio que queda al lado, el colegio Juana de Caicedo y Cuero, había militares en el techo disparando.

Entonces cayó la noche. Y con ella los videos en redes sociales: tomas rápidas de no más de 30 segundos que muestran a ciudadanos heridos, en los que se escuchan gritos y disparos en calles semivacías y apenas iluminadas de distintos barrios.

—Esa noche fue horrible, fueron muchos jóvenes heridos —continúa la integrante de la Comuna 20—.  Yo pertenezco a una de las primeras líneas del paro, los que estamos resistiendo las golpizas del Esmad porque no es que nos acaricien y nos digan “váyanse a su casa” […]. Me acuerdo de que al lado mío había un joven con el pie ensangrentado, el Ejército le disparó. Acá hay personas heridas a las que la gente de la comunidad atendió en sus casas o paramédicos que nos están brindando ayuda. Había otros que nos querían auxiliar o traer insumos, pero el Esmad no los dejó entrar. Tenemos a muchos jóvenes desaparecidos. A sus madres les dicen que están en un CAI [Centro de Atención Inmediata de la Policía], se dirigen a ese CAI y ahí les dicen que están en otro.

A falta de cifras suministradas por las entidades oficiales, organizaciones defensoras de derechos humanos y medios independientes han emprendido una labor de registro por cuenta propia. Vivian González de la Corporación Colectivo de Abogados Suyana enumera: 314 personas lesionadas y 74 desaparecidas, sólo en Cali.

De acuerdo con el informe de Indepaz y Temblores ONG, para el 8 de mayo las cifras en Colombia eran: 47 personas asesinadas, 963 detenciones arbitrarias, 12 casos de violencia sexual, 548 desaparecidos, 28 víctimas de heridas en los ojos y 278 agresiones por la policía. Casi todas las víctimas tenían y tienen entre 20 y 30 años.

—Hemos visto un incremento en la confrontación por parte de la fuerza pública. Los primeros días hubo una arremetida del Esmad con armas traumáticas y de fuego. Fue entonces cuando el Estado tomó la decisión de darle tratamiento militar a la protesta mediante la figura de la asistencia. Enseguida llegó el GOES [Grupo de Operaciones Especiales de la policía] y luego los militares y la confrontación se tornó muy compleja, ya ni siquiera había garantías para hacer la labor de derechos humanos—dice Vivian.

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El 4 de mayo fue otra noche horrible, recuerda la concejala Erazo en la entrevista.

Pero, contrario al 3 de mayo, muy poco de lo que pasó en las calles se vio en redes sociales. Por eso, hasta la madrugada, con un toque de queda vigente como medida contra el Covid 19, decenas de comentarios se refirieron a una censura: no era posible subir videos de los hechos.

—Cuando tratábamos de realizar los videos en vivo nos bloqueaban, no nos dejaban grabar. O subíamos los videos y a los 15, 20 minutos ya no estaban. A partir del 4 de mayo comprendimos que a las seis de la tarde se bloquean las redes sociales, WhatsApp se pone lento, no podemos publicar, el internet colapsa—cuenta la integrante de la Comuna 20.

—Lo que expresan líderes del territorio es que efectivamente hubo un bloqueo a la transmisión de Internet, aunque los que estábamos en Cali teníamos conocimiento de que se vivía una situación densa con enfrentamientos entre la gente de los barrios y la policía, el GOES y el Esmad —dice la concejala Erazo.

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Lo que ocurrió el 6 de mayo sí quedó registrado en videos: hacia las 14 horas, en el sector del Ancla, al occidente de Cali, los manifestantes de uno de los puntos de concentración denunciaron la agresión armada de policías vestidos de civil que bajaron de un camión en el que después se hallaron prendas de la institución. El Ejército estaba allí y al parecer habría confundido a los policías con “vándalos” y habría atacado. En su declaración, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Juan Carlos Rodríguez, reconoció que el camión era oficial y afirmó que los agentes iban tras una denuncia por extorsión.

—Mire lo que pasó: el camión entró disparando y había chaquetas de la policía—dice la integrante de la Comuna 20—. Aquí anteayer [5 de mayo] a nosotros nos dio miedo amanecer en la protesta porque hay camionetas totalmente blindadas que están disparando. Había toque de queda, pero la ciudad estaba llena de motos con personas armadas con la cara tapada. ¿Quiénes estaban haciendo los asesinatos en Cali?

Al respecto, agrega la defensora de derechos humanos Vivian González:

—Está el manto de las estructuras paramilitares para infundir terror y ejecutar sin tener que responder de manera penal ni en un proceso disciplinario. La noche del 6 de mayo pudimos constatar que una camioneta pasó disparando por 11 puntos de la ciudad. Y luego, presuntamente, la camioneta paró en una estación de policía. Todo esto comienza a salirse de proporciones. Un día es el Esmad, al otro la policía, al otro el GOES, al otro los militares, al otro paramilitares, entonces uno no sabe qué esperar.

Y Leonardo González de Indepaz añade:

—Hoy Cali tiene bloqueos, escasea la comida, los precios de los alimentos han subido el 200%. Esto es una bomba de tiempo. Hay mucha gente armada, en el país existen alrededor de dos millones de armas ilegales y Cali es una de las ciudades donde más hay.

La integrante de la Comuna 20 tiene algo claro:

—Aunque ya se siente el terror, las personas que estamos arriesgando la vida no vamos a dar un pie atrás porque son muchos los muertos y no se puede quedar así, no se pueden quedar en vano todos esos muertos.

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El viernes 7 de mayo, casi a la madrugada y según registra un video publicado por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Guardia Indígena emprendió una persecución contra una camioneta blanca que estaba disparando en el sector de La Luna, en el centro de Cali. Entre las balas, la Guardia dio alcance a un hombre. Unas horas antes circuló un video en ese mismo sector, en el que una mujer de la misión médica frente a un toldo blanco de la Cruz Roja, dice: “Nos encontramos en La Luna, en la misión médica que está siendo atacada por personas que se transportan en una Toyota Prado blanca que, como hemos reportado, se acerca a las misiones que atienden a disparar. Hace cinco minutos pasaron a realizar disparos, hace diez hicieron lo mismo y hace quince igual. Hay tres heridos, uno de ellos de gravedad”.

La noche del sábado 8 de mayo, a horas del ataque a la Guardia Indígena en la vía a Jamundí, una idea tomó fuerza: convocar asambleas populares, diálogos en cada calle, en cada punto para, de manera organizada y autónoma, incluso del Comité Nacional de Paro, elaborar pliegos de peticiones locales. Aunque las demandas varían, quizás lo primero, antes de entablar cualquier diálogo, sea detener la militarización en Cali. Y que los jóvenes desaparecidos en las protestas regresen. Y que los asesinatos no se queden en la impunidad.

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