La ratificación de Ernestina Godoy Ramos como Fiscal capitalina para un segundo mandato de cuatro años necesita 44 de los 66 votos en el Congreso de la Ciudad de México para ser una realidad. Este es uno de esos momentos en que la política partidista converge con la administración de justicia, algo que debería ser ajeno a las fluctuaciones políticas, especialmente para dar certezas a las víctimas de delitos. En tiempos electorales, tanto los elogios como las críticas suelen verse influenciados por la afiliación partidista de quien los expresa, desviando así el foco de la discusión hacia un terreno más político.

Recordemos que, en las elecciones pasadas de México, la izquierda experimentó  un rechazo en la capital del país, perdiendo zonas estratégicas como las alcaldías Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan. Este contexto electoral estuvo marcado por la pandemia y el incidente en la línea 12 del Metro.

En contraste con el 2018, cuando Morena obtuvo 38 de las 66 curules en el Congreso de la Ciudad de México, actualmente tiene 29, por lo que la bancada se verá forzada a negociar mucho más con sus aliados y con otras fuerzas políticas para conseguir esos 44 votos requeridos.

Para la bancada de Morena en el Congreso, liderada por  Martha Ávila, respaldar a Godoy es prioritario, pero ¿de dónde viene el rechazo de las otras fuerzas políticas? Para Ávila, viene de una revancha por las carpetas de investigación iniciadas contra políticos capitalinos.

“El tema es el cartel inmobiliario. Se le acusa a la fiscal de persecución política, de que se quiere quitar a los candidatos que va a tener el Frente porque en Morena hay una preocupación de que se va a perder la ciudad y que ellos la van a ganar. Es una narrativa que han construido pero que no tiene nada que ver con eso. Nosotros aquí tuvimos al que ya no es diputado del PAN, que era uno de los que estaba involucrado en ese tema del cártel inmobiliario”, dice en entrevista para Semanario Gatopardo.

Ávila hace referencia a Christian Von Roherich, un diputado del PAN, acusado por la fiscalía capitalina de los delitos de asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones y facultades, en una trama que se ha denominado como el Cártel inmobiliario. El caso involucra a varios funcionarios de las administraciones panistas de la alcaldía Benito Juárez.

Von Roherich fue detenido cuando intentaba cruzar ilegalmente a Estados Unidos desde Tamaulipas, huyendo de una orden de arresto. La imagen de la aprehensión en abril de este año sorprendió a propios extraños: de ser un personaje pulcro y adinerado, pasó a ser un hombre con la barba y el pelo descuidados, muy bajo de peso y con la ropa sucia.

Federico Chávez, suplente de Von Roherich, mantiene una posición muy clara sobre la ratificación. “Lo que hemos denunciado es que no podemos elegir a una fiscal que tenga vínculos con ningún partido político, porque la autonomía de la Fiscalía debe prevalecer siempre. Una vez que ya arrancó el proceso, empezamos a recibir a muchas víctimas que han tenido un maltrato por la Fiscalía, carpetas que están inconclusas donde no se ha dado justicia”, dice el legislador.

En este escenario, Christel Rosales, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, revela cifras alarmantes sobre la capacidad y actuación real de la Fiscalía capitalina. Un 39% de las denuncias reciben alguna respuesta del Ministerio Público; de estas respuestas, más del 60% de las veces la denuncia es archivada, y 30% es catalogada como fuera de las competencias de la autoridad.

A pesar de no tener fecha definida, la votación para la ratificación de Ernestina Godoy está en agenda. El tiempo apremia, y Morena no tiene aún los votos suficientes. Por su parte, la fiscal ha dicho que no quiere negociaciones políticas y está dispuesta a pagar el precio de no ser ratificada para que el proceso no genere compromisos secretos con la oposición.

Mientras tanto, los números están ahí: según cifras del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, el homicidio doloso disminuyó 47%, la extorsión 40% y el feminicidio 20%, en el periodo de enero a septiembre de 2023, comparado con el mismo periodo de 2019. Sin embargo, las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda también dicen que la Ciudad de México pasó de tener 832 denuncias de personas desaparecidas y no localizadas en 2019, a mil 625 en este 2023. El futuro de esas denuncias y esas víctimas, también depende de 44 votos.

Abordamos este tema en Semanario Gatopardo, con las voces de Christel Rosales, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa; Martha Ávila, coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México; Federico Chávez, diputado panista, y Alessandra Rojo de la Vega, ex legisladora y activista.

Escúchanos cada martes.