El viernes 15 de noviembre, miles de cocaleros marcharon con rumbo a Cochabamba en apoyo a Evo Morales y en total rechazo al autoproclamado gobierno interino de Jeanine Áñez. Sin embargo, su camino fue frustrado. Un cerco de policías y militares los recibió cerca del puente Huayllani en la localidad de Sacaba. En pocos minutos la violencia se apoderó del lugar. Los disparos de gases lacrimógenos en contra de los campesinos se percibían desde lejos. Ellos, armados con palos y piedras, no tuvieron otra opción que replegarse. Aquel viernes, al menos cinco personas perdieron la vida y los conteos registraron decenas de heridos. La gente suplicaba ayuda, pero ni las lágrimas, ni los gritos pudieron frenar la represión de las fuerzas armadas.
Desde México, Evo Morales, presidente en el exilio, condenó la violencia de las fuerzas armadas y la policía contra el pueblo boliviano y pidió detenerla. Cinco días antes, el 10 de noviembre, Morales había presentado su renuncia a la presidencia, luego de casi 14 años al frente de Bolivia. Su decisión se dio tras la solicitud que le hiciera el comandante de las fuerzas armadas para dejar el gobierno en aras de recobrar la paz, tras la tensión de los últimos comicios presidenciales celebrados el 20 de octubre, en los que, en medio de gran controversia, Morales resultó reelecto para un nuevo periodo.
A través de un mensaje en cadena nacional, el primer presidente indígena de Bolivia, acompañado de su vicepresidente Álvaro García Linera, aseguró que un golpe de Estado se había consumado y responsabilizó de la violencia registrada en el país a los líderes opositores Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho. Tras la represión en Sacaba, Evo acusó a Áñez de dictadora y a Mesa y Camacho de golpistas.
Tres semanas antes, Carlos Mesa, quien fungió como presidente de ese país de 2003 a 2005 y se enfrentó a Morales en las recientes elecciones, junto con el líder cívico Luis Fernando Camacho, acusaron al Presidente de haber incurrido en fraude electoral para asegurar un cuarto mandato al frente de Bolivia. Las acusaciones se dieron con base en una serie de irregularidades que pusieron en duda su victoria frente a Mesa. Luego de una caída del sistema de conteo rápido del Tribunal Supremo Electoral y un sorpresivo ajuste en los porcentajes, con lo cual se eliminó la posibilidad de llevar el proceso a una segunda vuelta, una parte de la sociedad se unió a la oposición y salieron a las calles a denunciar los supuesta manipulación de los resultados electorales por parte del mandatario para permanecer en el poder.
A pesar de la falta de claridad en los resultados, Evo Morales se declaró ganador de las elecciones con el 46.4 por ciento de los votos, en contra del 37.07 por ciento conseguido por Mesa. Luego del anuncio, las protestas en Bolivia estallaron. Pasaban los días y la inconformidad de la gente no cesaba, al contrario, cada vez más grupos de oposición se iban sumando. Fue entonces que Evo empezó a hablar de que los cuestionamientos a los resultados de los comicios iban ligados a un trasfondo “racista” y afirmó que el paro general convocado en diferentes regiones del país era “político” y parte de la maquinaria rumbo a un “golpe de Estado”. Durante años, Evo, el líder indígena que luchó contra el imperialismo y la desigualdad neoliberal, hizo de las denuncias de racismo y discriminación contra los indígenas, una de las constantes en su discurso político.
En un primer instante, las acusaciones de fraude electoral superaron a las que denunciaban el intento de golpe de Estado, una postura a la que se sumó incluso al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Durante su discurso ante el Consejo Permanente de la OEA, Almagro dijo que el verdadero golpe de estado en Bolivia había tenido lugar el 20 de octubre “cuando se cometió el fraude electoral rumbo al triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta”.
Más tarde, el mismo día que los cocaleros que apoyaban a Morales fueron reprimidos, Almagro anunció que la autoproclamada presidenta de Bolivia contaba con el apoyo de la OEA. La postura del secretario ha sido fuertemente criticada.
María Fernanda Somuano, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Iowa y miembro del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, explicó a Gatopardo que lo sucedido con Evo Morales fue, en efecto, un golpe de estado, según la definición original de Olivier Brichet. “Hubo una irrupción inconstitucional a un jefe de gobierno por parte de otro agente estatal. Es decir, Morales no acabó su mandato por un procedimiento institucional, pues no fue una destitución parlamentaria, sino una renuncia forzada por las fuerzas armadas, quienes en principio no tienen esa facultad”, dijo.
Frente al descontento de la población y las exigencias de la oposición por una segunda vuelta, fue el propio Morales quien invitó a la OEA a llevar a cabo una auditoría de los resultados. La organización presentó un informe donde, en efecto, se señalaron algunas irregularidades en el proceso. Sin embargo, éstas no lograron demostrar que Morales no había ganado los comicios. Horas antes de anunciar su renuncia, Morales anunció nuevas elecciones, cuya viabilidad se hizo a un lado por la intervención de las fuerzas armadas. En las calles, la oposición aprovechó el sentir de algunos sectores de la sociedad en rechazo al mandatario.
“Considero que el papel de la OEA tendría que haber sido de conciliación. Debió enfocarse en invitar a los grupos de ambos lados a negociar para resolver el conflicto de la manera menos costosa para el país. Eso habría sido lo correcto, no ponerse del lado de nadie”, aseguró la doctora Somuano. “La OEA tendría que haber reprobado, por un lado, los intentos de Evo por perpetuarse en el poder, pero también y, de manera tajante, la intervención del Ejército”.
Por otro lado, según la periodista boliviana Mónica Briançon, para comprender el malestar de la sociedad es importante considerar el referéndum convocado por Evo Morales en febrero de 2016. “Cuando él preguntó si la población quería que se postulara para un cuarto mandato, los bolivianos le dijeron tajantemente que no”, explicó la columnista del diario Los Tiempos.
Efectivamente, ese año, el “No” ganó con un total de 51 por ciento de los votos. Previo a esa consulta, la Constitución de Bolivia mantenía una restricción de hasta dos mandatos presidenciales, permitiendo la reelección una sola vez. Sin embargo, en 2018 el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) dio luz verde para que Morales y García Linera participaran como candidatos por tercera ocasión, por el partido Movimiento Al Socialismo (MAS).
Briançon aseguró que, sumado a eso, la caída del conteo rápido generó desconfianza en la población boliviana, en su mayoría jóvenes, llevándolos a manifestar su desacuerdo mediante bloqueos en las calles. “La gente quiere que se respete su voto”, dijo la periodista, quien cuestiona las denuncias de racismo que ha denunciado Evo Morales hacia su gobierno, pues considera que en el grueso de la sociedad boliviana, “nadie está en contra de los indígenas”. Briançon pone en duda los videos que se han compartido en redes sociales donde aparecen supuestos militares cortando de su uniforme la wiphala, bandera simboliza las costumbres andinas.
Sin embargo, a medida que la violencia aumenta, las principales víctimas han resultado ser indígenas. Lo sucedido en Sacaba no es un caso aislado, al contrario, la represión en contra de todo aquel que apoye a Morales y repudie el autoproclamado gobierno de Jeanine Áñez va en aumento. Frente a amenazas de muerte, Morales tuvo que salir de Bolivia aún sin que la Asamblea Legislativa Plurinacional del país hubiera aceptado su renuncia. En concordancia con su tradición diplomática, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendió una mano al mandatario y le ofreció asilo político.
Aunque en un inicio, Evo Morales había asegurado a su pueblo que no se iría de Bolivia, las circunstancias lo obligaron a aceptar la oferta de México, donde se estableció desde el pasado 12 de noviembre. Mientras tanto, la senadora Áñez tomó protesta como presidenta interina y celebró “el regreso de la Biblia a Palacio”, en el marco de una polémica jornada en una Asamblea Legislativa prácticamente vacía. No obstante, se autoproclamó presidenta de Bolivia y los mandos militares le colocaron la banda presidencial.
Áñez aseguró que su principal labor como interina es garantizar el llamado a elecciones lo antes posible. “El problema es que esto ya está muy viciado, empezando porque Evo, supuestamente, no ha terminado su periodo”, aseguró la doctora María Fernanda Somuano, quien dijo que sería catastrófico que el nuevo gobierno continuara violando el orden constitucional.
Menos de 72 horas después de su autonombramiento, reconocido por la OEA y países como Estados Unidos, Brasil y el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, Áñez inició serie de cambios que ya han impactado a los bolivianos. Comenzó por la cúpula militar, al nombrar comandante en jefe de las Fuerzas Armadas al general Sergio Carlos Orellana Centellas en reemplazo de Williams Kaliman. Por otro lado, agradeció a los movimientos cívicos, sociales y a la ciudadanía “por haber pensado solo en Bolivia”, sosteniendo en alto la Biblia.
Jeanine Áñez ha manifestado su disposición a llamar a elecciones “pronto”. Sin embargo, lanzó un poderoso mensaje al MAS, al advertirles que ni Morales ni García Linera podrían participar como candidatos.
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