El viernes 29 de julio de 2022, el periodista José Rubén Zamora Marroquín y su esposa se levantaban de la mesa después de un almuerzo de dos horas. Estaban en su casa de la colonia El Carmen, una zona residencial al sur de la Ciudad de Guatemala. Eran las cuatro de la tarde. Los acompañaban su nuera y sus nietos, el niño de doce años y la niña de ocho, que habían llegado al mediodía de visita desde Estados Unidos. La nuera había viajado para ver a su padre, enfermo de cáncer en fase terminal, que vivía en otro sector de la ciudad. Fuera de las crisis económicas de elPeriódico —diario del cual Zamora era presidente—, lo del consuegro parecía lo más difícil que tenían encima.

La nuera llevó a los niños a la habitación para desempacar. Zamora caminó hacia la sala, un espacio amplio con un gran ventanal que daba al jardín, donde hablaba por teléfono con su hijo mayor, José Carlos, que no había podido viajar con su mujer y sus dos hijos a Guatemala. La esposa del periodista se quedó en el comedor con una empleada para llevar los platos a la cocina. De pronto, oyeron golpes secos que llegaban desde el garaje. José Carlos dice que, desde el otro lado del auricular, escuchó cuando su mamá se acercó a su padre y le dijo, “se están entrando a la casa por el techo. Enseguida vieron cómo entraban ocho sujetos vestidos de negro, la cara cubierta con pasamontañas, y empuñando fusiles de asalto. Zamora intuyó que eran policías. Algunos de los hombres abrieron la puerta de ingreso a la casa, por donde entró un tropel de policías uniformados y personal del Ministerio Público (MP, que abarca la fiscalía general y a todas las demás fiscalías), incluyendo a la fiscal que se identificó como Cinthia Monterroso, que llevaba una orden judicial e informó que aquello era un cateo.

En el alboroto, los policías no se percataron de que la nuera filmaba todo con su celular, después de dejar a sus hijos en la habitación y cerrar la puerta. Zamora observó que eso puso nerviosa a la fiscal. “Ella se quería llevar a mi nuera presa por estar filmando”, dice el periodista. “Yo le pedí que se calmara, y le dije: ‘Aquí todos vamos a cooperar y nadie está armado’, pero exigió abrir todas las habitaciones”. En una de ellas estaba el suegro de Zamora, que vivía con ellos. En la otra, los niños, a quienes los policías armados encontraron escondidos en el clóset. La fiscal descubrió, después de quitarle el celular a la madre, que esta había enviado a la nube las imágenes de los hombres armados ingresando a la casa. “Creo que entonces la fiscal sintió que había perdido el control —recuerda Zamora—. Le expliqué que mi nuera y los niños eran ciudadanos americanos y no había necesidad de complicar las cosas. Entonces pidió ver los pasaportes y dijo que solo porque era buena gente no la capturaban”. Las imágenes de los hombres con pasamontañas y fusiles caminando por la casa de su padre serían observadas luego con horror por José Carlos desde Miami, sintiendo un déjà vu. Era imposible no recordar cómo en 2003 había sucedido algo similar que hizo que Zamora enviara a su esposa y sus tres hijos fuera del país.

Seis horas después, la fiscal le informó a Zamora que estaba detenido. No le explicó la razón. Afuera, la calle estaba llena de patrullas policiales y vehículos de la fiscalía con las placas cubiertas. Una veintena de periodistas entrevistaba a dos diputados de la oposición y al procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, que llegaron a ver qué sucedía.

Eran las diez de la noche cuando a Zamora, con una camisa roja a cuadros y el ceño fruncido, lo sacaron de la casa una docena de policías. Tenía las manos esposadas al frente, y dos agentes le sujetaban los brazos, como si hubiera podido escapar. Se detuvieron solo unos minutos en la calle, donde habló con la prensa. “Allanaron la casa; solo se llevaron el celular de mi mujer y el mío —dijo, con la voz temblorosa—. No tengo idea de qué se trata”.

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, intentó explicarlo en un vídeo en la cuenta de Twitter oficial de esa institución: “[Quiero] dejar muy claro que los hechos que se le atribuyen a Zamora Marroquín no tienen ninguna relación con su calidad de periodista”, dijo. Nadie sabía a qué hechos se refería. El MP declaró el caso bajo reserva, aunque su portavoz dijo que era “por un posible caso de lavado de dinero”. Un escueto comunicado de prensa  solo reveló que un operativo montado a partir de una denuncia había permitido incautar una fuerte cantidad de dinero en efectivo al periodista.

Desde Estados Unidos, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información en la Sociedad Interamericana de Prensa, dijo que “la espectacularidad y desproporcionalidad de los operativos de allanamiento” de la casa del periodista y, simultáneamente, de las oficinas de elPeriódico, “aparentaban que el gobierno buscaba intimidar a los periodistas y medios que fiscalizan al poder”. Días después, muchos captaron este mensaje: si esto le pasaba a Zamora, un periodista reconocido, le podía pasar a cualquiera.

Evidencias recogidas en 72 horas

La semana siguiente a la detención, en agosto de 2022, el fiscal Rafael Curruchiche dijo que la captura había ocurrido como consecuencia de una denuncia presentada tres días antes: “Nos pusimos a investigar y a reunir toda la evidencia […] y logramos las órdenes de allanamiento y captura”. Desde 2021, Curruchiche estaba en la lista Engel, que el Departamento de Estado de Estados Unidos integra con los funcionarios más corruptos y antidemocráticos de la región. En la lista también está la fiscal general Consuelo Porras, desde que en julio de 2021 despidió al anterior jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, cuando este investigaba un caso de corrupción asociado al presidente Alejandro Giammattei. Curruchiche ocupó el lugar de Sandoval, dijo que no había evidencias contra el mandatario y el caso no prosperó.

Todo comenzó cuando, el 26 de julio de 2022, Ronald García Navarijo, un contador y exgerente del Banco de los Trabajadores (Bantrab), denunció ante la FECI que en los siguientes días Zamora le entregaría una fuerte cantidad de dinero en efectivo. El periodista no podía depositarlo en el banco, puesto que no era posible revelar su origen. García Navarijo agregó que sospechaba que “el dinero podría provenir de chantajes”. Zamora habría pedido que el efectivo se depositara en la cuenta de una de las empresas de García Navarijo, que debía entregarle un cheque. Zamora, a su vez, lo depositaría en la cuenta del diario y lo registraría como pago por publicidad. García Navarijo aseguró que el periodista lo amenazaba con publicar información comprometedora sobre él si no hacía la transacción, y que confabulaba con el exfiscal Sandoval, quien supuestamente le trasladaba la información que usaría para chantajearlo.

La fiscalía le pidió al denunciante que fingiera aceptar la propuesta. Zamora envió a un empleado con el dinero a las oficinas de García Navarijo, con una factura que registraba el pago por publicidad. Un socio de García Navarijo le dio a cambio el cheque. El denunciante le entregó a la fiscalía el dinero, una fotocopia del cheque y la factura, aunque nunca pudo probar que Zamora lo chantajeaba ni que el dinero era producto de otros chantajes.

La evidencia que la fiscalía reunió contra Zamora en 72 horas a partir de la denuncia sirvió para que el juez Fredy Orellana ordenara capturarlo y allanar su vivienda y las oficinas de elPeriódico, donde solo quedaba personal administrativo (desde que comenzó la pandemia de covid-19, los reporteros trabajan de forma remota). Allí retuvo a ocho trabajadores y secuestró documentos.

La primera audiencia de Zamora como detenido comenzó con una mesa cubierta por un promontorio de billetes. Eran los trescientos mil quetzales —la moneda local en Guatemala—, el equivalente a cuarenta mil dólares, que la fiscalía anunció que había incautado al periodista. En su declaración, Zamora admitió que había enviado ese dinero a García Navarijo. Sin embargo, aclaró que a él se lo habían entregado “dos empresarios que querían apoyar a elPeriódico”, pero no querían aparecer públicamente vinculados al diario por la presión que el gobierno ejercía sobre las empresas anunciantes. El juez decidió enviar a Zamora a prisión preventiva por existir “peligro de fuga”, y autorizó a la FECI investigarlo por lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias en los siguientes meses. Para diciembre de 2022, el juez anunció que enviaría a Zamora a juicio, que programó para el 2 de mayo de 2023.

Una carrera de 33 años

Zamora, de 66 años, es ingeniero y hasta su captura había sido un ávido corredor. También es el periodista guatemalteco más conocido dentro y fuera del país. En Guatemala es uno de los referentes del periodismo punta de lanza con un blanco específico: la corrupción gubernamental a gran escala.

Saltó a la esfera pública en 1990, como presidente del diario Siglo Veintiuno, que se volvió el más crítico del gobierno de turno. Muchos todavía recuerdan la edición de mayo de 1993, después del autogolpe del entonces presidente Jorge Serrano Elías, en la que cambiaron el nombre del diario a Siglo Catorce: en las páginas de noticias nacionales, espacios en negro sustituyeron a las fotografías y el lugar del texto estaba en blanco. Un censor del gobierno pretendía revisar el contenido y, en vez de publicar información censurada, Zamora y el equipo decidieron salir en blanco. El reconocimiento internacional no tardó. En 1995 recibió el Premio Maria Moors Cabot, además del International Press Freedom Award, del Comité para la Protección de Periodistas, en Estados Unidos.

Para mediados de 1996, Zamora se preparaba para abandonar ese medio, por desacuerdos con los accionistas y el consejo editorial, cuando quedó claro que el encono por las investigaciones no era solo  contra el diario, sino contra él. Ya se había nombrado como nuevo presidente de Siglo Veintiuno al empresario Lionel Toriello, y Zamora salía por última vez de la redacción cuando alguien lanzó debajo de su vehículo una granada que no explotó. Se realizó una improvisada conferencia de prensa en un restaurante cercano al periódico, durante la cual Toriello abrazaba a un Zamora tieso y con la mirada perdida. “Para que vean que somos lo mismo”, le dijo sonriente, en un intento torpe, quizá, de demostrar que Zamora no estaba solo. Pero el periodista se zafó de sus manos y se fue.

Aquel ataque fue un trampolín. Al año siguiente, 1997, Zamora fundó elPeriódico, que se convirtió en uno de los diarios más incisivos del país. Como presidente de ese medio, Zamora recibió en el año 2000 el premio World Press Freedom Hero, del Instituto de Prensa Internacional con sede en Viena, en el cincuenta aniversario de la institución, “por su valor y contribución significativa a la libertad de prensa y de expresión”.

elPeriódico llegó a su fin

Después de casi veintisiete años, la última edición del diario —para entonces, solo digital— salió el 15 de mayo de 2023. Su última tirada impresa se publicó el 30 de noviembre de 2022, después del despido de 80% del personal —la mayoría no pudo recibir indemnización— y meses de sueldos atrasados. Para 2023, estaba en quiebra. Llevaba años con problemas financieros, aunque Zamora lograba conseguir los fondos para mantenerlo a flote, pero su captura fue el tiro de gracia.

“Mi papá era nuestro vendedor estrella”, dijo Ramón Zamora al periódico El Faro, de El Salvador, en noviembre de 2022, cuando explicaba el golpe financiero que significó no contar con las ventas de publicidad que hacía su padre. Todavía recibían ingresos, pero se habían reducido drásticamente porque los anunciantes tenían miedo de ser asociados con el diario. Si el objetivo original de la captura pudo haber sido el fin de elPeriódico y acallar a Zamora, lograron lo primero, aunque lo segundo no: Zamora siguió escribiendo columnas desde la cárcel para sus cuentas de redes sociales.

El 14 de junio de 2023, el día en que el tribunal anunció la sentencia, Zamora llevaba una carpeta con el logotipo de elPeriódico. Había al menos una veintena de fotógrafos, ante los cuales elevó la carpeta por un instante. “Esto es lo único que quedó de elPeriódico”, bromeó, con una sonrisa que se desvaneció rápidamente. Adentro llevaba un manuscrito de diecinueve páginas que los jueces le impidieron leer e incorporar al expediente, un meticuloso recuento del proceso y de cómo todos sus derechos habían sido vulnerados, incluyendo el de manifestarse por última vez en esa audiencia.

Veinte años de ataques

elPeriódico pasó la mayor parte de su existencia bajo ataque. La intimidación más intensa comenzó en 2002, durante el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004), cuando la influencia y el control militar eran palpables.

El diario publicaba numerosas investigaciones sobre la corrupción del gobierno y una sección semanal de chismes políticos que se llamaba “El Peladero”, dedicada a los protagonistas de negocios realizados por debajo de la mesa y escrita con sorna. Por ejemplo, en septiembre de 2019, esa sección publicó que “Los operadores del polvo blanco, que no es harina, siguen desatados en el Congreso y ahora quieren llegar a la Junta Monetaria”. Se refería a los diputados asociados a traficantes de cocaína, después de que un candidato presidencial, cuyo partido tenía representación en el Congreso, fuera detenido ese año en Miami por narcotráfico. Algunos periodistas ya eran vigilados y amenazados cuando, el 12 de noviembre de 2002, elPeriódico publicó “La mafia y el Ejército”, un texto firmado por Zamora, que revelaba —entre muchas otras cosas— los vínculos entre el crimen organizado y las fuerzas armadas y cómo el presidente Portillo había prestado (en años anteriores a su administración) sus servicios como analista político a La Cofradía, una especie de hermandad de exoficiales de inteligencia militar surgida en los ochenta, con amplia influencia en generaciones posteriores de miembros del Ejército, y que se asoció a diversos tipos de actividades ilícitas. En los meses que siguieron, hubo anunciantes amenazados y auditorías al diario de autoridades tributarias.

El lunes 23 de junio de 2003, toda la familia estaba congregada en la habitación de Zamora: su esposa y sus hijos José Carlos, de veinticinco años; Rodrigo, de dieciocho, y Ramón, de trece. Eran las ocho y media de la mañana. Platicaban de cualquier cosa cuando Ramón fue a la cocina para buscar algo de comer. “Lo vi regresar sosteniendo un plato con huevo en una mano y con una pistola apuntándole a la cabeza”, dice Zamora. Le apuntaba un sujeto vestido de particular, con un chaleco negro con las siglas “MP” en amarillo, pasamontañas y una gorra con las mismas siglas. Otros diecisiete sujetos vestidos igual entraron a la habitación.

Zamora no está seguro de cómo entraron a la casa, pero parecían conocer el interior de antemano. Un grupo fue a la cocina y jaló a Ramón y a Petronila, una mujer que ha trabajado para la familia por años, y los llevaron a la habitación. La esposa de Zamora corrió hacia un clóset donde guardaba algunas joyas heredadas de su abuela. “¡Si quieren las joyas, se las pueden quedar!”, gritó, pero cuando abrió el clóset descubrió que ya se las habían llevado.

“Se fueron a un armario, jalaron varias corbatas y nos amarraron a todos de pies y manos, a todos les vendaron los ojos y la boca, menos a Ramón y a mí, para que viera lo que me iban a hacer y para que yo lo viera llorar —recuerda Zamora—. Nos acostaron a todos sobre el suelo de granito, bocabajo, y uno de los tipos pateó en las costillas a Ramón. Entonces Josecito [José Carlos] se levantó para defender a su hermano, y le dieron un puñetazo en el ojo. Se lo dejaron todo hinchado”.

Después, jalaron a Zamora a un lado y le dijeron: “Ahora sí te vas a morir”. Le apuntaron con una pistola en la cabeza y con un fusil al pecho. Eran armas sin municiones, pero eso no lo sabía el periodista, quien, cada vez que jalaban el gatillo, pensaba que contenía el aliento por última vez. En algún momento se quitaron los gorros pasamontañas, y Zamora reconoció que varios de ellos eran policías. Los retuvieron por tres horas y, antes de irse, uno de ellos le dijo: “Esto es para que dejés de molestar a los de arriba”.

Al día siguiente llegó el presidente Portillo a su casa. Según Zamora, irónicamente —puesto que era el protagonista de la investigación publicada— le confió que el ataque había salido del Ministerio de la Defensa y el MP. Veinticuatro horas más tarde, su esposa e hijos salieron hacia Florida. Sus dos hijos mayores ya no regresaron a Guatemala. Su esposa y Ramón lo hicieron casi un año después. Esto no pasó desapercibido afuera del país, en particular en Estados Unidos, donde ese año recibió el Knight International Journalism Award.

Los siguientes doce años fueron un círculo vicioso de publicaciones de corrupción en el Ejecutivo, en el Ejército y otras ramas de gobierno, seguidas del retiro de publicidad estatal, presiones a los anunciantes, un secuestro del que Zamora reporta haber sido víctima por espacio de horas y al menos catorce ciberataques en 2013, que bloquearon la edición en línea temporalmente y destruyeron el archivo digital del diario previo a ese año. Era frecuente la vigilancia de policías y militares cuando Zamora salía a correr en su vecindario. Además, los periodistas de elPeriódico ya no tenían acceso a actividades del gobierno o eran agredidos por agentes del Estado.

En 2013 comenzaron las denuncias judiciales contra Zamora, que sumaron al menos 198 por delitos que iban desde sedición hasta violencia contra las mujeres, presentadas por funcionarias públicas o mujeres que eran figuras políticas. Por ejemplo, la vicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) lo denunció en 2014 por violencia contra la mujer.

Ramón, el hijo menor del periodista, dijo que, en 2016, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la entonces fiscal general, Thelma Aldana, le dijeron a su padre que había un plan para asesinarlo y este permaneció siete meses afuera del país. Después de su retorno, ya en 2018, Sandra Torres —secretaria general del partido Unidad Nacional de la Esperanza— intentó que un juez prohibiera al diario publicar contenidos acerca de ella, señalando que le causaban un daño psicológico. Un año después, como candidata presidencial, Torres acusó a seis editores de elPeriódico por violencia contra la mujer por sus publicaciones.

Zamora trataba cautelosamente a la fiscal general Consuelo Porras hasta que, en 2021, ella despidió a Juan Francisco Sandoval y el mismo día de su despido salió al exilio (es uno de los veintiocho fiscales y jueces que dejaron el país desde 2018, criminalizados por Porras, que llegó al cargo ese año). Cuando el periodista se sumó a las críticas, otra vez aumentaron los ataques cibernéticos contra el diario, los intentos de censura y la persecución penal.

El MP también reactivó un caso contra Zamora, relacionado con anuncios pagos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social publicados en elPeriódico, en el cual la Contraloría General de Cuentas no había encontrado ninguna anomalía. “Quisieron armar un caso para capturarme”, dijo el periodista. Sucedió en 2021, mismo año en que recibió el Premio al Periodismo Rey de España al “Medio Destacado de Iberoamérica”.

En abril de 2022, Zamora volvió a la carga en Twitter respecto a la falta de idoneidad de Porras como fiscal general, en vísperas de que el presidente Alejandro Giammattei la reeligiera en el cargo por otros cuatro años. Tres meses después, Zamora era capturado.

Giammattei había tomado posesión en 2020 con el partido Vamos. Desde entonces hasta 2022, el país cayó del puesto 116 al 127 (de 180) en cuanto a situación de libertad de prensa, según Reporteros Sin Fronteras. Además, el nivel de pobreza se mantuvo en 60%, con una tasa de desempleo de 5.4%, aunque 35% de la economía es informal. En el gobierno de Giammattei, que continúa en el mando, Guatemala también pasó del lugar 142 al 150 (el 180 es el nivel más alto) en el Índice de Percepción de Corrupción, que elabora Transparencia Internacional.

Un proceso ilegal

Gustavo Ovalle, abogado de Flora Silva, exgerente financiera del diario, quien también fue procesada por lavado de dinero, dijo que la forma en que Ronald García Navarijo denunció a Zamora fue planificada e ilegal. García Navarijo llegó a las diez de la noche a la FECI y declaró durante tres horas ante la fiscal Cinthia Monterroso, designada “a dedo”, cuando la designación debe ser por sorteo.

La denuncia ocurrió un mes después de que, según Zamora, García Navarijo lo visitara en su casa para decirle que la FECI lo presionaba para “quemar a personajes molestos para el Ministerio Público y el régimen de turno” a cambio de descongelar una cuenta de su propiedad con 33 millones de quetzales (4.4 millones de dólares) y de entregarle 15% a Rafael Curruchiche, jefe de la FECI. Zamora dice que le recomendó a García Navarijo no ceder ante lo que supuestamente le proponían. Curruchiche negó que le hubiera cobrado un porcentaje del dinero a García Navarijo.

En el primer proceso abierto contra el periodista (por lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias), los abogados de la defensa, Christian Ulate para Zamora, y Ovalle para Silva, sospechaban que García Navarijo había coordinado con el MP cuándo y cómo denunciar al periodista. Luego, García Navarijo grabó otras conversaciones telefónicas con Zamora, entre el día de la denuncia y el de la captura, y los abogados de la defensa señalaron que el MP debió intervenir los teléfonos del denunciante y del periodista, y no ser el denunciante quien grabara conversaciones con su teléfono. Esas grabaciones fueron utilizadas por la fiscalía para justificar la captura.

Ulate, el defensor de Zamora, argumentaba que la acusación por lavado de dinero no tenía sustento porque el dinero había salido de una agencia bancaria. Había testigos que vieron el dinero sujetado con cintas bancarias, y al menos un vídeo lo documentaba. “Para que exista lavado de dinero, el dinero debe tener un origen ilícito —decía Ulate—. No se lava dinero que estaba en un banco”. Sin embargo, la FECI no preservó las cintas bancarias como evidencia ni solicitó un peritaje con el número de serie de los billetes.

Los querellantes en el caso, Raúl Falla, representante de García Navarijo, y Ricardo Méndez-Ruiz, presidente y miembro de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), argumentaban que el dinero podría haber salido de un banco, pero eso no impedía que fuera producto de chantajes. Para entonces, la FCT había denunciado por diversos delitos a varios de los fiscales y jueces que enfrentan procesos en Guatemala y que aseguran que se trata de señalamientos infundados.

Ulate y Ovalle, defensores de Zamora y Silva, fueron blanco de acoso cibernético en Twitter, un bullying intensivo desde diferentes cuentas anónimas en las que se burlaban de sus argumentos. Las publicaciones aparecían con imágenes de ellos durante las audiencias, que solo podrían haber sido tomadas desde ángulos donde estaban sentados los querellantes y la fiscal.

Otro abogado de Zamora, Juan Francisco Solórzano Foppa, intentó que el juez aceptara un contrato de compraventa de un cuadro como muestra de parte del origen del dinero. El contrato fue elaborado en octubre de 2022, y tanto el juez como la FECI dijeron que era falso. La defensa de Zamora intentó en vano incorporar como prueba la declaración del comprador y pedir que la fiscalía analizara sus movimientos bancarios. El resto del dinero (ocho mil dólares) salió de una cuenta de elPeriódico y de fondos propios de Zamora. Sin embargo, ningún movimiento bancario fue investigado, y el expediente quedó sin evidencias del origen del dinero.

Los procesos se acumulan

Desde el principio del proceso, la FECI comenzó a abrir otros casos contra Zamora, con el intento de prolongar su tiempo en prisión. En agosto de 2022, la fiscalía tenía en su poder una grabación que Ronald García Navarijo hizo en la casa de Zamora un año antes, cuando se reunió con los abogados Romeo Montoya y Mario Castañeda (los primeros abogados defensores de Zamora), Zamora y Flora Silva (gerente financiera del diario) para discutir cómo registrar en la contabilidad del periódico un préstamo que el periodista recibió años atrás de una empresa asociada con el Bantrab.

Según Zamora, el fiscal Juan Francisco Sandoval ya había esclarecido este asunto en 2018, pero García Navarijo les pidió reunirse, argumentando que Rafael Curruchiche (sucesor de Sandoval) podría reabrir el caso. Su propósito, en realidad, era producir una grabación que luego la fiscal Cinthia Monterroso utilizó para acusar a Zamora, a los abogados y a Silva de conspirar para obstaculizar la justicia. Este es el segundo proceso contra el periodista, que sería anunciado hasta 2023. El anuncio del proceso contra sus abogados defensores le obligó a buscar uno nuevo. El siguiente defensor, Christian Ulate, duró cinco semanas. Según Ramón Zamora, hijo del periodista, el abogado, costarricense, dijo que lo siguieron y acosaron desde que tomó el caso, y lo amenazaron con retirarle su licencia para practicar abogacía en Guatemala. Ramón asegura que otros abogados de la defensa pública fueron blanco de acoso cibernético y declinaron defender al periodista. Los abogados Solórzano Foppa y su socio Justino Brito fueron acusados de obstaculización de la acción penal por presentar evidencia fabricada, según la FECI. Por ese caso también fue investigado Ramón, que luego salió del país.

En 2023, los primeros abogados defensores del periodista, Montoya y Castañeda, se entregaron a la justicia. Solórzano Foppa y Brito fueron capturados y encarcelados, y la fiscalía los persuadió de aceptar cargos a cambio de no recibir una sentencia de cárcel. El séptimo abogado, Ricardo Szejner, acabó en el hospital con taquicardia después de cinco audiencias. La octava, Patricia Guillermo, abandonó la defensa por decisión de Zamora, quien dijo que ya no podía pagar sus honorarios. La novena, de la defensa pública, Fidencia Orozco, no logró defenderlo ni en una sola audiencia, pues la FCT argumentó que la habían designado “a dedo” a pedido del periodista cuando debió ser por sorteo, y le enviaron a otro abogado de la defensa pública, José Iván Reyes Guzmán. En promedio, tuvo un abogado diferente por cada uno de los diez meses transcurridos entre su captura y su sentencia, demasiados para un expediente que ronda las ochocientas páginas, lo cual impidió a la defensa prepararse de forma adecuada.

El 28 de febrero, cuando Zamora ya llevaba siete meses detenido, la FECI abrió oficialmente el segundo proceso en su contra, del cual derivó una investigación de nueve columnistas y periodistas a quienes la fiscalía acusó de conspirar con el todavía presidente de elPeriódico para obstruir la justicia. La fiscalía sostenía que confabulaban para intimidar al testigo principal (García Navarijo) y a los fiscales, y logró la autorización judicial para investigar también a cualquier medio o periodista que publicara contenido que intimidara al testigo, los fiscales y el juez. Tres meses después, el 2 de mayo, comenzó el juicio por el primer proceso.

El 14 de junio de 2023, después de un juicio de doce audiencias, Zamora fue absuelto por tráfico de influencias y chantaje. El tribunal determinó que ninguna de las grabaciones y capturas de pantalla de chats que proporcionó García Navarijo comprobaban los delitos. Pero dictaminó que, por no haber pruebas del origen, el dinero era ilícito y condenó al periodista a seis años de cárcel. Ningún miembro de su familia estaba presente. Su esposa había salido del país después de que el periodista recibiera información extraoficial de que la fiscalía pediría su captura. La FECI, que pedía cuarenta años de cárcel para el periodista, apelará la sentencia.

José Rubén Zamora, un caso único

La captura de periodistas que denunciaban casos de corrupción o abusos policiales no era inusual cuando Zamora fue detenido. De un promedio anual de 104 denuncias ante el MP por agresiones contra periodistas, solo 2% ha llegado a juicio. Los ataques aumentaron de trescientos a 450 entre 2021 y 2022, según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala. Las capturas han sido más recurrentes en las provincias, y con periodistas menos conocidos, criminalizados por su trabajo periodístico o falsamente acusados de diversos delitos. Los periodistas capturados permanecieron en la cárcel entre veinticuatro horas y cinco semanas: algunos ligados a procesos o absueltos, pero con sus agresores libres. Otros veintidós periodistas han salido del país en el último año por criminalización, acoso, intimidación y amenazas.

Zamora, que cumple 67 años el 19 de agosto, el segundo cumpleaños que pasa en la cárcel, es el periodista que lleva capturado más tiempo y el único condenado en juicio. Su encarcelamiento en una prisión en la Brigada Militar Mariscal Zavala, al norte de la ciudad, ha resultado ser una especie de exilio. Cuando lo llevaron allí, la segunda noche después de su captura —la primera la pasó en una carceleta en el sótano de la Torre de Tribunales—, lo llevaron a una de las celdas de aislamiento para internos separados del resto de la población carcelaria. Cada celda tiene una puerta de metal y una hilera de ventanitas pegadas al techo por donde se cuela un poco de luz. En la suya había una litera con un colchón mugriento. “Yo llevaba una toalla que extendí encima, y me acurruqué como pude, intentando no tocar el colchón con la cara”, relató. Días después tendría severas alergias por picaduras de niguas, chinches y otros insectos con los que estaba infestado el colchón. La cama era el único mueble en un espacio de 3.6 metros cuadrados, en el que hay también un retrete, un lavamanos y una regadera con agua gélida y maloliente. En esa misma cárcel, en otro sector, están detenidos por diversos casos de corrupción un expresidente y varios exministros. Ninguno se ha quejado de las condiciones. Esta es la cárcel para los presos VIP, pero la categoría elude a Zamora, que pasa el día leyendo y, cuando le permiten salir, camina durante una hora en un espacio de 12.5 metros, lo que, calcula, son seis kilómetros. “Yo acá estoy muerto en vida”, dice el periodista, que en los primeros diez meses de encarcelamiento perdió unos dieciséis kilos. “Pero prefiero morirme aquí que aceptar cargos por algo que no hice, como ellos quieren”.

Al final de la audiencia de sentencia en junio pasado, una periodista le preguntó a Rafael Curruchiche por qué perseguía a periodistas —se refería también a los nueve periodistas y columnistas que la FECI pidió investigar—. El fiscal solo habló de Zamora: “Esta sentencia es histórica por todas las personas a las que se les destruyó en su nombre, en su honor y prestigio. Creo que también para ellos esto es un resarcimiento”, dijo, refiriéndose a publicaciones de elPeriódico en un contrasentido, porque el periodista no fue juzgado por las publicaciones. Otro periodista le preguntó si entonces el proceso había sido una venganza. El fiscal insistió en que procesaron a Zamora como empresario, aunque era presidente de un medio de comunicación en el que “se insultaba en su honor, en su prestigio, a fiscales, jueces, a magistrados y a diversas personas de la sociedad civil”. Un tercer periodista dijo: “Pero eso no era parte de lo que estaba en juicio”. Curruchiche balbuceó un poco y terminó diciendo, a manera de explicación, que Ronald García Navarijo declaró que Zamora lo había chantajeado. Pero Zamora ya estaba absuelto de ese delito.

El periodista apelará la sentencia de seis años que le dictaron por lavado de dinero. Además, debe asistir a las audiencias de los demás casos en su contra, como el de conspiración para obstruir la justicia (en agosto un juez anunciará si lo envía a juicio) y un tercer proceso por falsificación, en el que está acusado de llenar formularios aduanales entre 2015 y 2017 con una firma que no es la suya —un caso infundado, asegura—. En el mes de mayo, declaraba a la prensa que llevaría su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Espero poder ir a una corte internacional donde encuentre justicia”, dijo. Por ahora, esa parece ser su única ruta.

Esta historia se produjo con el apoyo de Open Society Foundations